Corte perfila avalar la constitucionalidad de la secrecía prevista en Ley 3 de 3 ‘acotada’
Ministros coinciden en que no existe justificación para revelar datos personales de funcionarios; la transparencia no cancela su derecho a la privacidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para dar su aval a la ley reglamentaria que prevé mantener en secrecía las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés de los servidores públicos, con el argumento de que los funcionarios públicos tienen derecho a resguardar sus datos personales y a proteger su privacidad.

Al analizar la constitucionalidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que fue impugnada por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el Pleno de la Corte se pronunció por declarar la constitucionalidad de la llamada Ley 3 de 3 acotada, la cual contempla la elaboración de diversos formatos para transparentar de forma parcial dichas declaraciones.

El ministro encargado del proyecto, José Ramón Cossío, presentó ante sus colegas una propuesta que contempla validar la constitucionalidad de los artículos 29, 34 y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pese a que dicha norma ha sido cuestionada por organizaciones civiles que la consideran contraria al Sistema Nacional Anticorrupción.

“Hay que tener en cuenta que no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo”, explicó.

Cossío Díaz agregó que las restricciones contempladas en el artículo 29 de la citada ley no son inconstitucionales por sí mismas, argumentando que, si bien la privacidad de los funcionarios disminuye por cuestiones de interés público, no desaparece su derecho a proteger sus datos personales ni elimina su vida privada, sino que permite un escrutinio mayor para tratar de garantizar su integridad.

En este marco, el ministro Cossío consideró que los formatos para transparentar de forma parcial las declaraciones patrimoniales, fiscales y conflictos de interés de todos los servidores públicos, tendrán que definirse conforme a lo que marca el artículo 6 constitucional sobre la protección de los datos personales y las leyes reglamentarias en transparencia, por lo que también rechazó que esta facultad del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sea discrecional.

“Esto significa en términos materiales no hacer pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del servidor, como lo indica la fracción V del artículo 113 y la que se refiere a los datos personales que queden fuera de la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción; esto es, que no sea necesario para la determinación del patrimonio del servidor público y su modificación en el tiempo en relación con el ingreso que percibe al desempeñar su función”, sentenció.

La postura del ministro José Ramón Cossío ha sido respaldada por un bloque mayoritario, pero los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Luna Ramos consideraron que la redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es imprecisa y equivale a un cheque en blanco para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Tanto Gutiérrez Ortiz Mena como Luna Ramos pidieron declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero no por la falta de transparencia que argumentaron los legisladores federales que impugnaron la ley, sino por el razonamiento de que se deja en estado de indefensión a los servidores públicos.

“Considero que de aceptarse la propuesta del proyecto, se podría dejar en indefensión a los servidores públicos y a las personas en general, pues al esconderse la verdadera naturaleza normativa de las facultades del Comité de Coordinación, para hacerlas pasar como facultades mecánicas de ejecución sin implicar discreción, se podría blindar de control jurídico a estos formatos por no controlar fuente jurídica”, reviró Gutiérrez.

La postura de los ministros de la Suprema Corte no es tan sorpresiva: ellos mismos se han opuesto a que versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, fiscales y conflictos de interés se hagan del conocimiento público.

La discusión sobre este tema continuará este martes en el Pleno del Máximo Tribunal.

Puedes seguir la primera parte de este debate aquí:



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