Video revela tortura a detenido en la Procuraduría del Estado de México
Un video enviado a este Sitio a través de Mexicoleaks muestra a Silverio Rodríguez Martínez siendo asfixiado y sometido por presuntos agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estados de México, uno de los cuales se habría incorporado, posteriormente, como agente en la PGR. Aristegui Noticias solicitó a la PGR confirmar la identidad de dicho agente. Aunque dicha confirmación hasta el momento no ha ocurrido oficialmente, la PGR informó a este medio que el agente Pedro Velazco Estrada fue separado de su cargo ayer por"... sospechas en la comisión del delito".
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Sebastián Barragán y Rafael Cabrera / Unidad investigaciones especiales

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) torturaron a un hombre acusado de los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo cuya detención se anunció en abril de 2014.

Un video enviado a Aristegui Noticias mediante Mexicoleaks, la plataforma segura para compartir información entre ciudadanos y periodistas, muestra al detenido siendo asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza y sometido por varios agentes judiciales mexiquenses.

La persona anónima que envió el video señaló la identidad de un elemento de la PGJEM del área de inteligencia, Pedro Velazco Estrada, quien desde agosto de 2015 fue contratado por la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado jueves en la noche, la PGR informó a este medio que no podía corroborar la identidad del funcionario debido a que no tenía registros gráficos de él y a que necesitaba un peritaje para hacerlo. Sin embargo, la noche de este viernes informó que lo había separado de su cargo ante la sospecha de que estuviera involucrado en este crimen.

Velazco Estrada fue director de Operaciones Especiales de la Procuraduría mexiquense entre 2009 y 2015. En agosto de 2015 fue registrado como director de área de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR), según se aprecia en su declaración patrimonial.

La víctima de tortura es Silverio Rodríguez Martínez, quien fue presentado por la Procuraduría mexiquense como miembro de una banda de al menos 12 sujetos que delinquía en los municipios de Jilotepec y Chapa de Mota, el 9 de abril de 2014.

La captura del presunto delincuente fue anunciada por el entonces procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, en conferencia de prensa en la ciudad de Toluca.

El procurador presentó una foto del presunto delincuente escoltado por dos policías ministeriales. En la imagen llevaba una camisa azul de manga corta abrochada sólo de un botón a la altura del pecho.

En el video que recibió Aristegui Noticias se aprecia al mismo hombre sentado y esposado con las manos en la espalda en una pequeña oficina; viste la misma camisa e igualmente abotonada. Frente a él se aprecia un escritorio y lo rodean al menos seis funcionarios de la procuraduría mexiquense.

Uno de los servidores públicos, alto y fornido, lleva una chamarra negra con las siglas “PGJEM” en la espalda.

Este funcionario golpea al detenido en la cabeza y, tras un corte en el video, le coloca una bolsa de plástico en la cabeza, la aprieta en el cuello y tira hacia abajo.

La operación se repite al menos una vez más, como se ve en el video enviado.

Mientras el hombre se asfixia los otros seis funcionarios de la procuraduría se acercan a la silla del detenido para someterlo.

En el video se ve que dos elementos de la PGJEM llevan cámaras de video y audio, las cuales acercan al detenido mientras realizan los actos de tortura.

Las imágenes mostradas en la conferencia de la Procuraduría no permiten saber si el detenido fue torturado antes o después de la conferencia de prensa.

La Procuraduría del Estado de México quedó en entregar una versión sobre estos hechos desde la mañana del jueves, pero hasta ahora no ha entregado ninguna respuesta.

Tortura generalizada

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, afirmó que todos los indicios confirman que la tortura es una práctica generalizada que realizan todas las policías del país para investigar delitos o mientras realizan tareas de seguridad pública.

El abogado coincide con el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, quien señaló que México es un país donde se presenta la tortura generalizada bajo un esquema de impunidad.

Un documento de la CMDPDH afirma que la tortura se presenta cuando un servidor público, ya sea por la acción u omisión, causa dolor físico o moral a un ciudadano, sin importar cuál sea la finalidad de este acto.

José Antonio Guevara dijo que este tipo de actos se utilizan para lograr confesiones autoincriminatorias, para señalar a otros presuntos delincuentes, sacar información de “inteligencia” o simplemente para castigar a los detenidos.

Entre 2007 y 2014 se iniciaron 4 mil 133 quejas por tortura ante organismos de derechos humanos en los estados de la República, pero se estima que en 92.3 por ciento de los casos no se presentó la denuncia ante Ministerio Público, sobre todo por la pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad, dice el documento de la CMDPDH.

Por otro lado, a nivel federal se registraron 4 mil 55 denuncias de diciembre de 2006 a octubre de 2014.

Guevara dijo que la tortura también es una práctica sistematizada, pues han detectado los mismos comportamientos de autoridades para incriminar a detenidos e incluso para garantizar la impunidad de los funcionarios.

El coordinador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Javier Enríquez Sam,  sostuvo que las autoridades no deben caer en actos delincuenciales mientras investigan delitos, porque eso únicamente sirve para escalar la violencia.

Sostuvo que los casos de tortura aumentaron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque no necesariamente por la lucha contra el crimen organizado sino en prácticamente todas las actuaciones de policías y ministerios públicos.

Afirmó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros  Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes que se discute en el Congreso no adopta las mejores prácticas internacionales, toda vez que algunos casos podrían reclasificarse como malos tratos, lo que disminuiría el castigo a los culpables y desviar la atención sobre este fenómeno.



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