Corte avala concepto de “agresión real” incluido en Ley Atenco
Ministros que perdieron votación advierten sobre uso irracional de la fuerza en actuación policiaca, debido a ambigüedades en la normatividad.
(Foto: Archivo / Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el concepto de “agresión real” contenido en la llamada Ley Atenco que regula la actuación de los cuerpos policiacos en el Estado de México, condicionando su aplicación a que la norma se interprete con pleno respeto a los derechos humanos y garantizando la máxima protección de las personas.

Por mayoría de seis votos contra cinco, el Pleno de Corte resolvió que el artículo 3, fracción tercera de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México “no genera inseguridad jurídica”, por lo que seguirá vigente la frase que define “agresión real” como una conducta desplegada físicamente por una persona, la cual pone en peligro bienes jurídicos de un tercero o afectado.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis Mario Aguilar Morales, votaron por reconocer la constitucionalidad de la norma, con el argumento de que una “agresión real” debe sujetarse a otros preceptos constitucionales que obligan al respeto de los derechos humanos.

En este marco, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, rechazó que este párrafo de la Ley Atenco sea vago e impreciso como argumentaban las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos y su homóloga del Estado de México.

Aguilar Morales consideró que no se puede cambiar la interpretación de la norma citada, debido a que la propia Ley Atenco delimita las circunstancias de modo, lugar, tiempo y forma para hacer uso de la fuerza pública en sus artículos 6, 7, 8, 11 y 12.

“Estos artículos establecen cómo será el uso de la fuerza pública, cuáles son las circunstancias que permiten a los elementos policiacos hacer uso de la fuerza, en qué casos podrán hacerse uso de armas letales, cuáles son las obligaciones de los elementos de las instituciones de seguridad pública antes de usar la fuerza y durante el uso de la fuerza; de tal modo que, para mí, es innecesario que el proyecto determine todas esas circunstancias”, advirtió.

La ministra Luna Ramos advirtió que los cuestionamientos para dar más precisión al concepto de agresión “real” podrían provocar que la misma fuera inaplicable, puesto que la norma impugnada no se refiere solamente a marchas y manifestaciones, sino también a situaciones de combate a la delincuencia y al crimen organizado.

El resolutivo advierte que el concepto de “agresión real” incluido en la Ley Atenco deberá evaluarse en cada caso concreto, bajo la responsabilidad y aplicación estricta de cada policía o elemento de seguridad pública, valorando solamente hechos y sin considerar ningún tipo de situación subjetiva.

Concepto de “agresión real” provocaría uso irracional de la fuerza

Los ministros que votaron por la inconstitucionalidad de esta fracción de la Ley Atenco fueron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, José Fernando Franco González Salas, José Ramón Cossío Díaz y Eduardo Medina Mora, los cuales coincidieron en que la ambigüedad de la norma impugnada podría provocar excesos en la actuación de los cuerpos policiacos.

El ministro Zaldívar advirtió que la falta de precisión en el concepto de “agresión real” puede provocar el uso de la fuerza de manera irracional, debido a que no existe ninguna definición sobre el tipo de “acciones físicas o corporales” que ponen en peligro la seguridad física de terceros.

“La definición, a diferencia de lo que se ha dicho aquí hace un momento, me parece que es susceptible de abarcar una gran cantidad de conductas en las que el uso de la fuerza no sería necesario ni racional y si bien no sería posible hacer un catálogo abstracto de conductas, es necesario, al menos, precisar la exigencia de movimientos corporales y el tipo de bienes jurídicos, cuya protección justifica el uso de la fuerza”, puntualizó.

Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña consideró que este tipo de definiciones, son demasiado amplias para autorizar el uso de la fuerza pública en un estado democrático y constitucional, puesto que se puede llegar al extremo de invocar esta norma para proteger el derecho al honor como un bien jurídico tutelado de terceras personas.

“Creo que la naturaleza y la importancia de esta ley debe ser clara, no sólo como reglas de actuación de los mismos cuerpos de seguridad pública sino para los destinatarios a los que, supuestamente, se les hace saber que van a utilizar armas de este tipo, aunque no siempre letales, va a ser legítimo, puesto en peligro de cualquier bien jurídico. Por eso, como para mí la norma no es clara ni se desprende lo de bien jurídico en toda la ley, votaré en contra de la ley”, afirmó

El bloque mayoritario que avaló la Ley Atenco en este aparado reconoció que si bien existen diferentes tipos de interpretaciones para una ley, no se puede exigir a un legislador una definición ideal de “agresión real” porque cualquier interpretación aislada de una norma podría derivar en su inconstitucionalidad.

“En otras palabras, cualquier definición vista así y aisladamente, va a resultar inconstitucional, porque depende del análisis que se haga de agresión real, insisto, en un operativo, en una manifestación, que un asalto en una sucursal bancaria. Por eso, estoy de acuerdo con el proyecto en la interpretación sistemática que hacen”, explicó el ministro Javier Laynez.

El próximo jueves continuará la discusión de la llamada Ley Atenco, debido a que fue impugnada en casi una decena de sus artículos.



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