opinión
La guerra santa contra la diversidad
Plan B por Lydia Cacho
Foto: Rashide Frías/ Cuartoscuro

Durante veinte años he investigado, estudiado y documentado casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual contra niñas y niños (menores de 18 años) de pederastia y pornografía infantil.

Las cifras no mienten. El 96% de los casos de abuso infantil es cometido por personas heterosexuales: madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, profesores, sacerdotes, obispos, vicarios, políticos, pastores. No hay un sólo dato científico que demuestre que los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas sean abusadores; nadie ha podido demostrar que las personas que aman a otras de su mismo sexo vayan por allí promoviendo un cambio de preferencia sexuales. Los mitos se basan en la fobia y el deseo de desacreditar moralmente a los otros por pensar y sentir de forma diferente a la tradicional cristiana.

Contrario a lo que sucede con el mundo gay (que no pretende imponer su forma de vida a nadie, sino simplemente ser reconocidos/as como personas dignas), una corriente ultraconservadora ha salido a las calles a intentar someter a toda la población a su propia ideología: la guerra santa contra la diversidad.

Cito la encíclica del Papa Benedicto XV: “La experiencia ha mostrado muy bien que cuando se desvanece la religión, la autoridad humana se tambalea…Cuando los gobernantes del pueblo desdeñan la autoridad de Dios, la gente deprecia, a su vez, la autoridad de los hombres. Queda, es cierto, el recurso habitual de la supresión de la rebelión por la fuerza ¿pero con qué sentido? La fuerza somete a los cuerpos de hombres, pero no sus almas”.

Todo parece indicar que frente a los cambios sociales que amplían las libertades y reivindican los derechos con mayor pluralidad, cientos de miles de personas religiosas quieren, como lo propuso el Papa, someter el alma y la vida sentimental de toda la población a las creencias bíblicas, como cuando Ernesto Campos vocero del frente Nacional de la Familia dijo a la prensa de Sinaloa: “Que ellos le llamen como ellos quieran, pero no familia, porque la familia para mí es un hombre, una mujer y sus hijos, porque es lo establecido en la Biblia y en la política también está establecido”.

Insultar y descalificar a quienes han salido a las calles a defender sus principios religiosos es una verdadera pérdida de tiempo y otra forma de intolerancia. Más interesante es comprender que hay millones de personas en México que aprovechan estos momentos históricos, como la legislación sobre la diversidad familiar y los matrimonios igualitarios civiles, para manifestar su resistencia y su miedo a perder la certeza que les da su visión del mundo sobre la heterosexualidad patriarcal.

Detrás de este movimiento subyacen muchos miedos, fobias y resistencias. Las entrevistas con manifestantes pro-vida en todo el país tienen una constante: la misoginia patriarcal tradicional, el hombre, macho, masculino, proveedor como eje y líder de la familia, la mujer como fiel madre-esposa, educadora al servicio de los otros. Subyace un miedo ancestral frente al reconocimiento de que millones de personas han decidido no etiquetar su vida amorosa-familiar de forma convencional, son honestas consigo mismas y con sus parejas y familias; están cambiando el mapa original de las formas amorosas humanas y despiertan resistencias sociales que van desde la descalificación hasta la virulencia mortal. Para muchos esta diferencia ideológica parece insalvable en términos de opinión personal, de allí que sea el Estado el verdadero responsable de establecer la protección de los derechos humanos y la diversidad. Este colectivo puede, ingenuamente, apropiarse de la palabra familia como sinónimo de heterosexualidad patriarcal, lo que no puede, aunque lo intente, es imponer su ideología religiosa a 122,3 millones de habitantes.

A diferencia de éste movimiento conservador, quienes nos pronunciamos por la diversidad familiar y la igualdad de derechos comprendemos que hay familias heterosexuales (la mía lo ha sido siempre) y que eso está bien, pero no todas deben serlo por decreto de terceros.

Si algo entendió Benito Juárez fue que la iglesia había sido responsable durante siglos de facilitar legitimidad al estado y mantener a la ciudadanía acotada a partir de la teología y una serie de rituales que propiciaban la subordinación, la docilidad y la lealtad para el estado paternalista; por eso el estado laico es la piedra angular de nuestra democracia que implica someternos a la ley y no a la obediencia mitológica selectiva.

Los colectivos Pro-Vida y otros conservadores tienen pleno derecho a jugar sus reglas dentro de su familia, a lo que no tienen derecho es a imponer sus creencias y mitos religiosos a la mayoría a partir de su miedo e ignorancia sobre la vida de las y los otros. Hay detrás de este movimiento un impulso autoritario, una obsesión por someter a los otros a los designios teológicos que ellos han asumido como verdaderos; para ellos la diversidad humana es el enemigo a vencer, por eso es una guerra perdida.

Lydia Cacho

Periodista, feminista y activista de derechos humanos de las mujeres.

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