Demandas contra Aristegui y Aguayo, expuestas en el ‘NYT’; llama a EPN a intervenir
"Una ráfaga reciente de engañosas demandas contra periodistas... están teniendo efectos escalofriantes sobre reportajes de investigación y crítica".
NYTok

El diario New York Times publica este lunes su editorial ‘Demandar periodistas en México’, en la que aborda el fenómeno reciente de demandas por difamación que presentan funcionarios públicos contra periodistas.

El texto comienza hablando sobre la ley anti corrupción que se pasó este verano y que surgió “en respuesta a la indignación pública sobre una avalancha de escándalos de corrupción gubernamental, (que) obliga a funcionarios públicos a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas. El que esta ayude a terminar con la cultura de amiguismo y trapicheo de México dependerá de que los periodistas cuenten con la facultad de investigar y reportar a la clase gobernante“.

“Una ráfaga reciente de engañosas demandas contra periodistas – y una inquietante decisión de la corte en mayo de levantar capitales monetarios sobre daños por difamaciones – están teniendo efectos escalofriantes sobre reportajes de investigación y crítica. De todos los retos que históricamente han obstaculizado a la prensa mexicana, incluyendo violencia y un hábito de auto censura para tranquilizar a los anunciantes, la exposición injustificada a la que se enfrentan los periodistas hoy en día es relativamente fácil de resolver”.

El texto propone que “legisladores mexicanos podrían pasar una ley que hiciera más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas presentaran demandas por calumnia. El presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido el blanco de alegatos que involucran acuerdos de bienes raíces de los que su familia se ha beneficiado, sería inteligente de promover una ley así. Ayudaría considerablemente a recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado muchas razones para cuestionar su integridad y su juicio”.

La periodista más reconocida que recientemente fue demandada es Carmen Aristegui, una comunicadora que en 2014 encabezó a un equipo que desplegó el primer gran  reportaje sobre una supuesta deshonestidad por parte del Señor Peña Nieto. Aristegui y sus colegas documentaron meticulosamente una disposición mediante la cual una empresa de construcción, a la que le habían sido otorgados lucrativos contratos gubernamentales, construyó una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera”.

La editorial del New York Times explica que “el medio de comunicación que los empleaba en ese momento, MVS, que depende fuertemente de publicidad gubernamental, se rehusó a publicar la historia, de acuerdo con la señora Aristegui. Los periodistas la publicaron de forma independiente y después se refirieron a la saga y a los efectos colaterales que esta produjo en un libro que salió el año pasado. En julio, el dueño de MVS, Joaquín Vargas, demandó a Aristegui, alegando “daños morales”. Esa demanda es una de las diez presentadas recientemente contra periodistas que están siendo rastreadas por la Organización de los Estados Americanos”.

“‘Esto ha levantado una alarma’, afirmó en entrevista Edison Lanza, el relator especial por la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos. “Parece probable que algunos funcionarios públicos se estén aprovechando de esto”.

El diario estadounidense señala que uno de los demandantes es Humberto Moreira, “el ex gobernador del estado de Coahuila, quien en julio presentó demandas en contra de dos periodistas por artículos que se referían a alegatos de corrupción que lo han perseguido durante mucho tiempo. Uno de esos periodistas, Sergio Aguayo, ha dicho que él sospecha que el caso se está usando para detenerlo en su investigación de una masacre del 2011 en Coahuila”. El gobernador lo está demandando por 10 millones de pesos.

“El señor Peña Nieto, quien nunca ha explicado enteramente el acuerdo de bienes raíces, emitió una disculpa en julio pasado. “Si queremos recobrar la confianza de los ciudadanos, tenemos que ser auto críticos, empezando por el presidente de la nación”, señaló. Ese sentimiento sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo para prevenir que personas poderosas utilicen demandas para intimidar a la prensa”, concluye el texto.





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