Salen libres supuestos escoltas de “El Mini Lic”; se dicen mineros (Nota y video)
La jueza María Elena Cardona Ramos sostiene que la detención en una casa de Xochimilco se hizo sin orden de cateo ni flagrancia y que la versión policiaca es “inverosímil”.

La Procuraduría General de la República (PGR) sufrió un nuevo revés judicial con la liberación de cinco de las seis personas que fueron acusadas de fungir como escoltas de Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, ahijado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que junto a su padre Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, buscaba controlar el Cártel de Sinaloa.

Los cinco imputados abandonaron el Reclusorio Sur la madrugada del jueves por órdenes de la Jueza de Control, María Elena Cardona Ramos, que argumentó que su captura se realizó sin orden de cateo, sin que existiera flagrancia y mediante una intrusión ilegal en el domicilio de los supuestos escoltas, quienes negaron conocer a cualquiera de los Dámaso, padre e hijo,

Además, los hoy liberados negaron su pertenencia a una organización criminal y dijeron dedicarse a la minería, por lo que rechazaron ser propietarios o poseedores de las armas y drogas que la PGR les atribuyó en los reportes policiacos y en un boletín de prensa que se dio a conocer el pasado 7 de mayo.

La Jueza María Elena Cardona rechazó vincular a proceso a Jorge Tovar Calleros, Ramón Arellanes Almazán, Juan Enríquez Rodríguez Acosta, así como a los hermanos Jesús Alejandro y Trinidad Francisco García Parra, por considerar que el informe policiaco sobre la captura de estas cinco personas, ocurrida el pasado 4 de mayo, carecía de verosimilitud y razonabilidad.

“Lo cierto es que no existe verosimilitud en la forma y en los hechos que se describen en en el Informe Policial Homologado (IPH) de los agentes aprehensores. Para privar de su libertad a una persona se exige que los indicios o datos de prueba sean razonables, pero hay incongruencias, inconsistencias y no se puede considerar que haya razonabilidad en lo expuesto por los fiscales de la PGR”, resolvió la juzgadora federal.

La impartidora de justicia también ordenó a la PGR que se inicie una carpeta de investigación para que se investiguen presuntos actos de tortura física y psicológica, así como los tratos degradantes, que narraron ante la jueza cuatro de cinco los detenidos, los cuales aseguraron que fueron torturados mediante asfixia con bolsas, dislocación de huesos y golpes en las costillas

Se trata del segundo revés que sufren los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en menos de una semana, ya que el pasado 5 de mayo, la misma Jueza de Control anuló tres de los cuatro cargos que los fiscales de PGR habían presentado en contra de un presunto operador financiero de Dámaso López Núñez, por la falta de peritajes y la demora en la puesta a disposición.

En el caso de los cinco presuntos escoltas, ya liberados, y del supuesto operador financiero de los Dámaso, Víctor Geovanny, ya vinculado a proceso, la PGR no presentó evidencias ni tampoco acusaciones formales en contra de estas personas por los delitos de delincuencia organizada o lavado de dinero.

Defensa: forzaron la entrada; PGR: la puerta estaba abierta

El pasado 7 de mayo la PGR emitió un boletín en el que informó que fueron detenidos 6 presuntos escoltas de Dámaso López Serrano, “el Mini Lic”, los cuales supuestamente conformaban el primer círculo de seguridad del ahijado de “El Chapo”.

Uno de ellos, identificado como Benigno Gastelum, fue capturado en Tláhuac, mientras que los otros cinco fueron detenidos en calle Almenas 85, colonia Jardínes del Sur, delegación Xochimilco. En el caso de esta última persona, la PGR no ha informado sobre cuál es su situación jurídica.

Por lo que se refiere a las otras cinco personas, en la audiencia inicial se expusieron versiones encontradas del operativo que llevó a su captura.

La PGR aseguró que en un acción de rutina, elementos de la Policía Federal Ministerial detectaron a un hombre armado que los encaró y les advirtió que “se los iba a llevar la chingada” si iban por él.

En el informe también se asentó que un segundo hombre salió del domicilio ubicado en Almenas 85, pero que al verse superados en número por los agentes, regresaron al domicilio dejando la puerta abierta.

Argumentando la flagrancia, los elementos de la PGR ingresaron al inmueble donde supuestamente encontraron drogas y armas de fuego, incluyendo un lanzagranadas.

Sin embargo, los cinco detenidos rechazaron esta versión y narraron que alrededor de las tres de la tarde, mientras comían y lavaban ropa, escucharon un fuerte estruendo en la puerta de su domicilio, a lo que siguió el ingreso de numerosas personas armadas y encapuchadas que los sometieron.

Acusaron que fueron golpeados, amenazados de muerte y torturados mediante asfixia para obligarlos a señalar la ubicación de un “licenciado” al que no conocían, por lo que la jueza de Control, María Elena Cardona, ordenó que se abriera una carpeta de investigación sobre este asunto.

Otra prueba decisiva para la juzgadora federal fue una inspección ocular realizada por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que reconoció la existencia de daños en la puerta de acceso al inmueble.

Los testimonios de los imputados, el informe de los daños y las inconsistencias en el Informe Policial Homologado sobre personas armadas que se esconden en un domicilio dejando la puerta abierta, llevaron a la Jueza Cardona Ramos a la conclusión de que los hechos narrados por los agentes eran inverosímiles.

Además, la impartidora de justicia consideró que no había flagrancia porque no hubo agresión real ni inminente, debido a que los detenidos buscaban esconderse y ni siquiera intentaron disparar, según la versión asentada por los propios agentes aprehensores.

Por lo anterior, resolvió no vincular a proceso a los imputados y dejarlos en libertad, pero dejando la puerta abierta a la SEIDO para que continúe la investigación y, de ser necesario, vuelva a judicializar la causa penal en contra de los supuestos escoltas.



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