“La justicia es el mejor antídoto contra la violencia”: Ministro Aguilar (Discurso completo)
El Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, presentó este viernes su primer informe de labores donde afirmó que la protección total de los derechos humanos es, ahora más que nunca, “el único horizonte”.
"La justicia es el mejor antídoto contra la violencia”: Ministro Aguilar (Discurso completo)
(Foto: Notimex)

PALABRAS DEL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, PRESIDENTE DE LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (CJF), AL RENDIR SU PRIMERINFORME DE LABORES, ANTE LOS PLENOS DEL ALTO TRIBUNAL, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

México, D.F., a 11 de diciembre de 2015

Honorables Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal;

Señora Magistrada y señores Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

Señoras y señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito;

Distinguidos invitados especiales;

Señoras y señores:

Cumpliendo con lo que dispone el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en mi calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, rindo hoy el Informe de Labores correspondiente al primer año de mi gestión.

Agradezco cumplidamente la presencia del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Don Enrique Peña Nieto, y de los representantes del Honorable Congreso de la Unión: Senador Don Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y del Diputado Don José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Su presencia en esta Sesión Solemne da cuenta del equilibrio republicano conforme al cual debe ejercerse el Supremo Poder de la Federación. Agradezco también la amable asistencia de nuestros invitados especiales.

Antes de comenzar propiamente con mi informe de labores, quiero de nueva cuenta agradecer de manera especial a los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haberme conferido la alta responsabilidad de presidir y representar a este Alto Tribunal para el cuatrienio 2015-2018. Mi gratitud también, para con mis compañeras y compañeros Consejeros de la Judicatura Federal; muchas gracias por su presencia y por el apoyo que se ha logrado para el desarrollo de las labores del Consejo.

Agradezco y me satisface la presencia de la señora magistrada y los señores magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que constituye una de las tres entidades que conforman este poder del Estado Mexicano, el Poder Judicial de la Federación.

También, desde luego, mi gratitud y mi más amplio reconocimiento a los 1,311 titulares de órganos jurisdiccionales, esto es 860 magistrados de circuito y 451 jueces de distrito que desempeñan sus labores en los 32 Circuitos Judiciales Federales distribuidos en todo el territorio de la República, reconocimiento que hago, desde luego, extensivo a los 42,660 servidores públicos que colaboran en el Poder Judicial de la Federación.

Al tomar posesión como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el 2 de enero de 2015, reiteré que este órgano supremo de la nación tiene como objetivo principal, como propósito continuo, el respeto de los derechos humanos, por eso, como lo señalé en el Plan de Desarrollo Institucional, que sometí a la consideración del honorable Pleno, la protección total de los derechos humanos se constituye, ahora más que nunca, como el único horizonte hacia el que debe dirigirse ineludiblemente toda actuación de la autoridad, en todos los niveles y en todas sus competencias. Mi compromiso es, desde luego con el Poder Judicial de la Federación, pero también y de manera fundamental con la Nación Mexicana, con el pueblo de México que a quien dirijo siempre mi pensamiento y mis acciones.

Es labor sustancial del Poder Judicial de la Federación consolidar las políticas necesarias para que todos los ciudadanos disfruten del pleno goce del derecho a una justicia efectiva, expedita, completa e imparcial por parte de todos los juzgadores, que se caractericen por la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia, libres de toda influencia corruptora.

Derechos humanos.

En mi compromiso por el impulso a la protección de los derechos humanos señalé que ello debe permear no sólo como conducta interna, sino como relación externa, en la que se favorezca la presencia del Poder Judicial de la Federación como ejemplo y conductor del respeto a la persona humana en todos sus aspectos. En consecuencia, aduje, el impulso al respeto de los derechos humanos debe ser la razón primera de la actuación de la función jurisdiccional al mismo tiempo que la caracterización de una tendencia interna y externa en el respeto propio y la exigencia ajena para garantizar la protección de los derechos de la persona humana.

Para ello, en materia de derechos humanos, durante este primer año he favorecido la toma de acciones que ratifican nuestro indeclinable compromiso con su promoción, respeto, protección y garantía.

Como parte instrumental de dichas acciones emití los Acuerdos Generales de Administración 01/2015 y 03/2015, para crear la  Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, adscrita directamente a la Presidencia de este Alto Tribunal, atribuyéndole la responsabilidad, particular y especializada, de impulsar las políticas de protección de los derechos humanos y de perspectiva de género.

Facilitamos y promovimos una política de acercamiento, colaboración y trabajo conjunto con varios organismos defensores de los derechos humanos. Por ello, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Suprema Corte, de manera conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ONU-Mujeres; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, organizamos la Semana de Acceso a la Justicia para las Mujeres.

Fue en ocasión de ese evento que, como una manifestación del compromiso personal y de mi gestión con esos objetivos me sumé a la campaña solidaria para la igualdad de género denominada HeForShe, ratificando con ello mi convicción de que la plena igualdad sólo será posible si los hombres nos comprometemos a respetar los derechos de las mujeres y las niñas, y a promover su vigencia en todos los espacios eliminando la violencia.

El 27 de marzo de 2015, la Suprema Corte, conjuntamente con destacadas organizaciones y defensores de los derechos humanos de personas con discapacidad, organizamos el Seminario “Hacia un Sistema de Educación Inclusiva en México”, el cual se realizó en relación con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.

Tuvimos diversos acercamientos con funcionarios y representantes de organizaciones internacionales vigilantes del respeto a los derechos humanos. Así apenas comenzado el año, en febrero, suscribí un Acuerdo Marco de Cooperación con la Organización de Estados Americanos, representada por su Secretario General don José Miguel Insulza para favorecer la cooperación y el entendimiento para impulsar la protección de los Derechos Humanos; más adelante, en septiembre me reuní con el reciente nombrado Secretario General de ese organismo internacional don Luis Leonardo Almagro Lemes, además, el 4 de octubre de este mismo año tuve la oportunidad de intercambiar experiencias e informar logros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeid Ra’ad al Hussein,.

Por otra parte, como herramienta destacada para impartidores de justicia y para el público en general, el 29 de octubre de 2015 fue presentado el Buscador Jurídico en Materia de Derechos Humanos del Sistema Universal, cuya finalidad es facilitar la localización de disposiciones convencionales y tratados internacionales de derechos humanos, así como la jurisprudencia nacional e internacional en la materia de protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, en nombre de la Suprema Corte suscribí un convenio con la Universidad Pompeu Fabra de España para la creación de la “Cátedra de Derechos Humanos Suprema Corte de Justicia de la Nación”, como un reconocimiento que esa institución educativa de prestigio internacional otorga a la labor jurisdiccional del Alto Tribunal en la promoción y protección de los derechos fundamentales. La primera edición de la Cátedra comenzó en noviembre pasado en Barcelona, España.

IGUALDAD DE GÉNERO.

Con el objeto de imprimir un renovado impulso a las tareas que se desarrollan en materia de igualdad, a partir del mes de enero designé a la señora Ministra doña Margarita Beatriz Luna Ramos para encabezar, como Presidenta, el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, integrado por este Alto Tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dentro del Poder Judicial de la Federación la tarea a realizar se orienta al desarrollo de acciones y medidas que hagan efectiva la igualdad de género haciendo reales las oportunidades para las mujeres de este Alto Tribunal, en su vida laboral y personal.

En esta línea, he considerado continuar fomentando como política fáctica y normativa, entre otras medidas, las licencias de paternidad. Reconociendo que la realidad social impone limitaciones a las mujeres para su desarrollo, el llamado techo de cristal, estamos dando pasos asertivos para lograr la implementación de un sistema de posgrado y especialización in situ.

Se han conjuntado los esfuerzos de juzgadoras y juzgadores federales y locales, para hacer factible el análisis, diseño y aplicación de mecanismos para juzgar con perspectiva de género.

Con este propósito, en 2015, el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género participó en las reuniones del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

En noviembre pasado, el Comité Interinstitucional convocó y organizó el Primer Encuentro Internacional, Juzgando con Perspectiva de Género, al que asistieron más de 300 juzgadoras y juzgadores federales y locales, así como impartidores de justicia y académicos de 11 países.

El reconocimiento de quienes trabajan cotidiana y esforzadamente por lograr la igualdad de género, nos llevó a proponer ante el Comité Interinstitucional el diseño de las Bases para el otorgamiento de la Medalla “María Cristina Salmorán de Tamayo”, para distinguir a aquellas mujeres con destacada trayectoria jurisdiccional, y que se entregará por primera vez el próximo año de 2016, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Nos encaminamos así a un Poder Judicial de la Federación en el que, no sólo se reconozca la labor de las mujeres en un plano de absoluta igualdad, sino que, por sobre todo, se les impulse hacía oportunidades reales de desarrollo profesional y personal, facilitando su acceso mediante el reconocimiento de la realidad social que las limita y que no podemos, no debemos ignorar.

Personas con Discapacidad y Condición de Vulnerabilidad.

Por otra parte, he considerado que es de prioritaria responsabilidad que el Poder Judicial de la Federación se ocupe de investigar y establecer condiciones jurídicas y materiales que impidan la existencia de tales desventajas, de por sí discriminatorias y atentatorias de la dignidad humana. Por ello, con el fin de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, estamos instrumentando dos grandes planes normativos y de trabajo denominados, respectivamente:

Plan Rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad del Poder Judicial de la Federación, y Acciones de Accesibilidad en el Edificio de Avenida Revolución número 1508. Mediante estos programas, se pretende que la totalidad de los inmuebles del Poder Judicial de la Federación dispongan de los espacios físicos y demás elementos que respondan a los requerimientos internacionales para las personas con cualquier clase de discapacidad.

Reconociendo que el interés superior del menor obliga a tomar todas las medidas necesarias para su protección y desarrollo adecuado, dentro de un marco de protección irrestricta a sus derechos, he ordenado que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lleve al cabo tanto el Proyecto de Inclusión para Niñas y Niños con Discapacidad, como el Proyecto de Mejoras Sustantivas en el CENDI Artículo 123 y la Estancia Infantil, para lo cual nos hemos asesorado de expertos y conocedores del tema. De esta manera, el CENDI y la Estancia Infantil de la Suprema Corte, se convertirán en el modelo de excelencia y de referencia para la inclusión para niños y niñas con discapacidad en todas las guarderías del Poder Judicial de la Federación.

Implementación de la Reforma Penal.

Ha sido mi convicción que el respeto a los derechos humanos debe hacerse para conseguir resultados reales y concretos, no pronunciamientos o discursos, porque estoy persuadido de que “los ministros, jueces y magistrados federales debemos estar conscientes y dispuestos a atender el llamado legítimo de quienes acuden a pedir justicia”.

Estamos hoy a tan sólo 191 días para que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución General, deba completarse la implementación de la reforma penal en todo el país. En lo que concierne al papel del Poder Judicial de la Federación, desde la emisión del decreto de reformas constitucionales, en junio de 2008, el Consejo de la Judicatura Federal sentó las bases para emprender las acciones necesarias para que el Nuevo Sistema se lleve al cabo y se haga realidad en condiciones óptimas y dentro del plazo que el Constituyente Permanente estableció: el 18 de junio de 2016.

Este año ha sido crucial en ese rubro, con diversas actividades relacionadas con infraestructura física y tecnológica, capacitación y selección de personal, reorganización institucional, seguimiento, consolidación y difusión, entre otras áreas esenciales en este proceso.

Nos dimos a la tarea de revisar y modificar las propuestas originales del Plan Maestro establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para hacer realmente viable el alcanzar la meta de cubrir en todas las entidades de la república el nuevo sistema oral acusatorio con base en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

No sólo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal encaminó muchos esfuerzos por lograr el cumplimiento del compromiso constitucional, sino que establecimos un grupo de trabajo, encabezado por el suscrito, para llevar a cabo, semanalmente, las valoraciones y decisiones cotidianas de la implementación de la reforma y encauzar así al Pleno del Consejo de la Judicatura las cuestiones que ameriten su intervención. En este grupo participan el señor Ministro Alberto Pérez Dayán y el señor Consejero Alfonso Pérez Daza, muchas gracias por su apoyo.

Con esta dinámica entusiasta y con el apoyo de múltiples actores del propio Consejo de la Judicatura Federal, se logró que ya en 15 estados esté en operación y funcionando cotidianamente el Nuevo Sistema, esto es en los estados de: Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.

Y lograremos, porque ya estamos realizando los trabajos para ello, que el próximo 29 de febrero estén en funcionamiento salas de juicio oral en 9 entidades más, o sea en el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, Colima, Tabasco, Quintana Roo y Morelos.

La operación ordinaria del Nuevo Sistema en el ámbito federal hace necesaria la conjunción de esfuerzos coordinados, no sólo dentro de nuestra institución, sino también con el Congreso de la Unión, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, con los que se ha trabajado solidaria y denodadamente, por lo que ratifico mi reconocimiento, tanto a los distinguidos integrantes del H. Congreso de la Unión, como a los titulares de la Procuraduría General de la República, y de la Secretaría de Gobernación, aquí presentes.

Las salas de Justicia Oral Acusatoria son metas que más allá de su existencia normativa, son realidades materiales y concretas, inmuebles e instalaciones especiales que permitan satisfacer las necesidades de este nuevo sistema penal. Como la infraestructura física es factor condicionante de los avances, desde el comienzo del año, en el que asumí la responsabilidad de presidir el Pleno del Consejo, en éste se han tomado múltiples medidas que aseguran la implementación total en los tiempos previstos.

Para el mes de junio próximo en todo el país contaremos hasta con 86 Salas de Juicios Orales, al menos una en cada entidad de la República. Para hacerlo posible hemos reconocido la importancia de cumplir con el mandato constitucional en tiempo y aceptando que su implementación e incluso las instalaciones mismas significan un asunto de seguridad nacional, especialmente si se considera que en estos centros se recibirá y juzgará a personas acusadas por la comisión de delitos de gran entidad como son los de Delincuencia Organizada y Narcotráfico entre otros. Por ello hemos diseñado y realizado trabajos llevados a cabo bajo un estricto criterio de optimización de los recursos públicos, en el breve espacio temporal que se enmarca por la publicación apenas en marzo pasado del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando las medidas necesarias que conforme al artículo 134 constitucional se requieran en tiempos apremiantes.

Es obvio que el nuevo sistema de justicia penal no se logra sólo con inmuebles y tecnología, es fundamental contar con el elemento humano necesario y calificado para llevarlo al cabo. Bajo la misma estrategia de ajuste y ejecución de medidas urgentes inmediatas y efectivas, cabe destacar que al inicio del año se disponía sólo de 5 jueces especializados en el nuevo sistema, mientras que al día de hoy ya se cuenta con 220, suficientes para cubrir el requerimiento estimado de 205 para en junio de 2016. En este rubro, que representa el emblema de la nueva justicia penal, ya se encuentra garantizada, a totalidad, la cantidad necesaria de juzgadores.

En la misma sincronía entre la planeación minuciosa y la ejecución eficaz, para el funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal, el pasado 22 de octubre presenté el Modelo de Gestión Operativo de los Centros de Justicia Penal Federal. Este documento pretende, por una parte, simplificar y homologar las actividades de mayor relevancia en la operación de los centros y, por otra, servir de guía para los futuros jueces administradores y servidores públicos en las subsecuentes etapas de implementación.

De esta manera, en el intervalo que va desde el 24 de noviembre de 2014, en que entraron en operación los juicios orales federales en las dos primeras entidades federativas, hasta el pasado 30 de noviembre, cuando ya tenemos en operación efectiva salas en 15 entidades, habían ingresado 1,395 asuntos para su atención en el nuevo sistema, de los cuales 930 son causas penales.

Por otra parte, en cuanto a la relación de los juicios orales con los mecanismos de control constitucional, específicamente con el juicio de amparo, instrumento por excelencia de protección de los derechos fundamentales, debe destacarse que se ha ejecutado una importante y continua labor de capacitación, coordinación y diálogo con juzgadoras y juzgadores federales, a modo de que exista la debida comprensión, comunicación y retroalimentación para que estén claras las directrices que armonicen y hagan compatibles los distintos recursos e instancias con las que los juicios orales están en diálogo procesal.

Lo anterior, se ha visto reforzado con la celebración de un Congreso Nacional que tuvo por objeto analizar el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo.

También se ha trabajado en el ámbito de la jurisprudencia, tanto desde el punto de vista de la divulgación de los novedosos criterios que se han ido generando, a través de un motor de búsqueda especializado y disponible en Internet en la página del Consejo de la Judicatura Federal, como desde el punto de vista de la unificación de tales criterios mediante la resolución de contradicciones de tesis.

Está a cargo de todos los operadores acompañar a la reforma en su espíritu: constituir una justicia real, objetiva, sustentada en actuaciones que dejen de lado fórmulas de tinterillos y formulismos sacramentales para desterrar los recovecos en sus decisiones y penetrar en la solución material del conflicto penal, de tal manera que la verdad sea esclarecida, la absolución se declare siempre a favor del inocente, y de cara a la sociedad la sanción punitiva a quien realmente la merezca sea una realidad cotidiana, al igual que garantizar la reparación del daño cuando sea debida.

Transparencia y acceso a la información.

En materia de transparencia y acceso a la información, habrá de recordar que la reforma constitucional de febrero de 2014 modificó el modelo de acceso a la información a partir de la implementación de un sistema integral que garantizará, homogéneamente, el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales en México. Posteriormente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada en mayo de 2015, afianzó esa lógica constitucional al homologar procedimientos, instituir una autoridad nacional, crear el Sistema Nacional de Transparencia y, en términos generales, confeccionar y evaluar una política transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Fue a propósito de la promulgación de la nueva Ley General, al asistir a un evento sobre el tema y por invitación de la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, doña Ximena Puente de la Mora que ratifiqué el compromiso de colaborar con los otros Poderes de la Unión y con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para que, en el ámbito de nuestras competencias, se diera cumplimiento expedito al derecho inmanente de toda persona de acceder a la información, con la transparencia, rendición de cuentas e integridad, que la sociedad espera y exige  de todas nuestras instituciones.

En primera instancia, la redefinición normativa de las distintas instancias encargadas de proteger el derecho a la información en el interior de este Alto Tribunal. Dichos instancias son: la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial,  El Comité de Transparencia, y el Comité Especializado, el cual está integrado por tres Ministros y que conforme a la legislación constitucional y reglamentaria, tendrá bajo su competencia la resolución de los recursos de revisión de los asuntos de transparencia de naturaleza jurisdiccional.

Además, doy cuenta de la expedición de los lineamientos generales de transición en materia de trámite de solicitudes de acceso a la información, adminiculadas con la actuación del Comité de Transparencia, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros legales con una óptica del establecimiento de procedimientos expeditos.

Durante el periodo que se reporta, la Suprema Corte recibió 54,130 solicitudes de información, de las cuales se resolvieron 53,349, esto es el 99%, y de ellas en un 99.83% (53,257) se otorgó acceso pleno a la información. Cabe destacar que, de las 53,349 solicitudes resueltas, solo en 4 casos el peticionario manifestó inconformidad respecto de la respuesta recibida, lo que supone un alto porcentaje de conformidad con la información entregada o con la respuesta en la que se expresaron el motivo y fundamento por los cuales no fue posible concederla.

Con el objeto de fomentar la cultura de la transparencia y promover el ejercicio del derecho a la información, se organizó de forma conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015. El Nuevo Modelo de acceso a la Información y justicia Abierta, el cual se realizó del 11 al 13 de noviembre en la Ciudad de México.

El tiempo de respuesta en los procedimientos sumarios es inmediato, es decir,  el mismo día en que las personas presentan la solicitud, se otorga el acceso a la información. En los procedimientos ordinarios que se tramitan en la Unidad General, el tiempo de respuesta promedio es de 10.4 días hábiles.

La actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a la vista de todos, como ningún otro tribunal constitucional en el mundo las decisiones se toman de cara a la sociedad no hay zonas oscuritas ni razones ocultas, todas la consideraciones y argumentos que se contienen en las sentencias son del conocimiento del público en general y de los justiciables en particular. Ahí están para para ser estudiadas y por qué no, para ser criticadas, todo análisis es siempre bien recibido por este Tribunal, ello nos ayuda a reflexionar sobre nuestras determinaciones y a cumplir con nuestro deber de juzgadores.

Como parte de nuestra apertura me permito señalar que entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015, el Canal Judicial ha transmitido en vivo 135 sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo 14 sesiones solemnes. Además, se han transmitido en vivo 53 sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A nueve años de su creación, el Canal Judicial está preparado técnica y estructuralmente para cumplir con el objetivo de transparentar y difundir las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la nación, y de contribuir a la promoción de la cultura de la legalidad entre la población.

Está en marcha y se han dado ya pasos concretos de renovación y mejoramiento del Canal Judicial, no sólo desde su estructura orgánica y del personal que en él labora con la llegada de doña Magdalena Acosta Urquidi, sino de revisión de la programación que ya ha producido 202 programas de “cultura jurídica” que abordan variados temas del Derecho en seis programas distintos, semanales como México en la Memoria del Mundo, El Colegio Nacional y Juicios de México y otros , que se realizan en colaboración con asociaciones profesionales e instituciones educativas, con lo cual se garantiza la calidad y pertinencia de los contenidos.

Además, en colaboración con la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Canal ha realizado la tercera temporada de la serie “Tus Derechos”, sobre Derechos Humanos en la que participan expertos de la Corte, académicos e invitados de otros organismos.  Está en curso la renovación de la imagen de esta barra de programación y, en breve, se instrumentarán medidas para permitir mayor interactividad con la audiencia, de manera que pueda hacer consultas específicas sobre los temas tratados.

Una parte fundamental de la producción del Canal Judicial son los tres noticieros de “Acceso Directo” que se transmiten diariamente, uno de estos noticieros se narra con traducción a Lengua de Señas Mexicana

En aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, mi compromiso está por una transparencia a toda costa. En las páginas WEB tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como del Consejo de la Judicatura Federal, se pueden encontrar todos los datos relativos al personal, número de hombres y mujeres, salarios y prestaciones, detalles de las contrataciones y en general también la información jurisdiccional que no sólo informa sino establece los parámetros necesarios para una adecuada protección de los derechos de la sociedad.

El acceso a la información y la transparencia son elementos esenciales de la democracia y el Poder Judicial de la Federación está comprometido ineludiblemente con ello.

La sociedad exige el conocimiento puntual de los actos de autoridad, así como el destino y uso de los recursos y la conducta de los servidores públicos.

Reitero mi compromiso institucional con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para trabajar en coordinación y alcanzar los fines de la ley, así como mi agradecimiento por la apertura y trabajo coordinado que ha favorecido su Comisionada Presidenta doña Ximena Puente de la Mora.

Actividad jurisdiccional.

Me permito ahora hacer referencia a algunos datos significativos de la labor jurisdiccional que no sólo implican el continuo esfuerzo del elemento humano del Poder Judicial de la Federación, sino del empeño de todos ellos por cumplir con la alta misión social de impartir justicia.

Durante el año estadístico 2015, que comprende del 15 de noviembre de 2014 al 15 de noviembre de 2015, ingresaron al sistema de justicia federal constituido por Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 1,023,874 asuntos. Sin duda esta cifra significa un reto enorme para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, quienes alentados con la idea de que se trabaja en favor de la protección de los derechos humanos, han logrado resolver gran parte de esa carga, un 97.8% lo que representa haber concluido más de 1,002,000 con lo que quedaron poco más 297,000 asuntos que están en trámite conforme a los códigos procesales, para recibir pruebas, alegatos, contestaciones e informes de las partes, lo cual de ninguna manera significa la existencia de un rezago.

La capacidad instalada del Poder Judicial de la Federación, al 15 de noviembre de 2015, es de: 253 tribunales colegiados; 97 tribunales unitarios y 420 juzgados de distrito en 32 circuitos jurisdiccionales; lo anterior representa un incremento del 3.2%, 1.1% y 9.5%, respectivamente, con respecto al año anterior. Crecimiento de órganos que se establece mediante estudios cuidadosos de necesidades por región, por circuito, por entidad y por materia para tratar de enfrentar con eficiencia, prontitud y exhaustividad los asuntos sometidos a la jurisdicción. Desgraciadamente no siempre es posible lograr la instalación y puesta en marcha de todos los órganos jurisdiccionales necesarios, por los múltiples factores que ello implica, tenemos pendientes de instalar 45 órganos más.

La Suprema corte de Justicia de la Nación también se encuentra sometida a altas cargas de trabajo, las que se han enfrentado también con entusiasmo y responsabilidad, este Alto Tribunal trabaja prácticamente durante todo el año, y aunque se tienen dos periodos de receso ello no significa que cese la actividad jurisdiccional, para eso la ley dispone que exista una Comisión de Ministros que se hagan cargo de los asuntos en dichos periodos.

Es importante en este punto reflexionar sobre la necesidad de dotar a las decisiones de este Tribunal Constitucional de México, no sólo las de fondo sino aún las procesales, de la definitividad que son inherentes a su calidad de Máximo Tribunal del país. Como sucede en prácticamente todos los tribunales de igual jerarquía en el mundo, la decisión sobre asuntos que se consideran no deben ser del conocimiento de este tribunal debe ser definitiva e inatacable, tomando en consideración que, con excepción de las Acciones de Inconstitucionalidad y las Controversias Constitucionales o las decisiones de atracción, los asuntos respecto de los que se solicita el conocimiento de la Suprema Corte ya han sido resueltas y revisadas por diversos órganos jurisdiccionales locales y federales, satisfaciendo con ello el derecho a un recurso efectivo.

Al 30 de noviembre de 2014, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante el año estadístico 2015 ingresaron a la Corte 15,974 asuntos, los que sumados a los pendientes de resolver anteriores  se conformó una carga de trabajo de 19,058 asuntos. En este periodo estadístico, entre los asuntos resueltos por el Pleno, las Salas, las determinaciones de los Ministros instructores y los autos de trámite emitidos por la Presidencia, se resolvieron 15,353 de esos asuntos, lo que significa que resolvió prácticamente el 95% por ciento del número de asuntos recibidos.

Entre los muy diversos asuntos resueltos por el Pleno, hubo varios que, por su relevancia, por su significado en la defensa de los derechos de las personas y, especialmente, por ser claro ejemplo de la protección que este Alto Tribunal brinda al derecho humano de acceso a una tutela judicial efectiva, ameritan mención en este mensaje y sólo como un somera narración de las múltiples decisiones tomadas.

Así, en la contradicción de tesis 360/2013 resuelta en marzo de este año, el Tribunal Pleno interpretó el artículo 1º constitucional en el sentido de que el principio de interpretación más favorable a la persona es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto. .

En otro caso, en el Amparo en Revisión 295/2014 , el Tribunal Pleno, partiendo de la premisa de que la libertad de trabajo no es absoluta, concluyó que la limitación de establecer como condición de permanencia en el servicio profesional docente  la obtención de resultados favorables en las evaluaciones que practiquen las autoridades educativas, con la finalidad de asegurar fundamentalmente la calidad en el servicio para garantizar el interés superior del menor, no vulnera el derecho humano a la libertad de trabajo. Este criterio sentó precedente en relación con la constitucionalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que a la postre fue determinante para resolver posteriormente diversas controversias constitucionales relacionadas con este tema.

Otro asunto cuya resolución adquirió relevancia destacada fue el Varios 1396/2011 dado que en él el Pleno fijó determinadas directrices que deben atenderse para establecer y concretar las obligaciones del Poder Judicial de la Federación en materia de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratándose de restricciones constitucionales. En este criterio se define, en gran medida, el tema referente a la delimitación de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de cumplimiento de sentencias internacionales, con lo cual se genera certeza sobre cuál es su participación en materia de acatamiento de las obligaciones del Estado Mexicano derivadas de resoluciones emitidas por el Corte Interamericana.

En ese mismo expediente Varios 1396/2011, el Pleno abordó el tópico relativo al alcance del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva tratándose de personas indígenas. Sobre ese aspecto, el Tribunal Pleno reconoció que, tratándose de personas indígenas vinculadas a un proceso, el estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado no es igual al aplicable en cualquier proceso judicial, en virtud de que sus especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes asegurando en todo caso la provisión de un intérprete y dar certeza al contenido de la interpretación.

Con esta decisión, se estableció el deber a cargo del Estado Mexicano de dar el apoyo necesario a las personas indígenas, atendiendo a sus circunstancias de especial vulnerabilidad. Es de destacarse que en este asunto también se fijaron las garantías procesales que deben existir en todo procedimiento judicial en que esté involucrado el menor, lo cual genera la obligación para el Estado Mexicano de proteger el interés superior de los menores en un procedimiento.

En la Acción de Inconstitucionalidad 83/2015 el Pleno reconoció que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a ser consultados, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Con esta decisión se logra el respeto a los principios de legalidad y los de participación y consulta reconocidos constitucionalmente a favor de las comunidades indígenas, además de que este tipo de criterios sostenidos por el Pleno son demostrativos del interés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que sus fallos puedan tener el alcance de remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

Es de destacar lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 95/2014, en que se declaró la inconstitucionalidad de un precepto del código Penal del Estado de Tamaulipas que preveía un tipo penal que sancionaba a cualquier persona que portara varillas, clavos u otros materiales que pudieran impedir el paso de vehículos, ello por considerar que es violatorio de los principios de seguridad jurídica y legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, al dejar muchas indefiniciones en el tipo penal con posible arbitrariedad de la autoridad. .

No es posible dejar de mencionar en esta brevísima síntesis , por su relevancia en la vida social y funcional de la nación, los criterios emitidos por el Tribunal Pleno en las Acciones de Inconstitucionalidad en las que se debatió la validez de diversas normas electorales de otros tantos Estados de la República en cuyas resoluciones se establecieron criterios importantes y definitorios sobre la sub y sobre representación, los requisitos relativos a la selección y registro de los candidatos independientes, en el que se reconoce la libertad de configuración que estableció el constituyente a favor de las legislaturas de los estados en el que no determinó porcentaje alguno para el registro; el relativo a las facultades de las autoridades electorales locales, a los delitos electorales, al financiamiento de partidos políticos y candidatos independientes, reconociendo que no pueden asimilarse a las reglas para los partidos políticos, la regulación de la fiscalización competencia original del INE pero delegable, a la transferencia de votos en coaliciones de partidos, a la libertad de expresión protege también a aquellas informaciones o ideas que chocan, inquietan u ofenden al Estado; todos estos temas y otros de semejante naturaleza que se podrán consultar en el Semanario Judicial de la Federación.

Por otra parte, entre los asuntos que fueron resueltos por las dos Salas de la Suprema Corte y de los que, en su oportunidad, han dado cuenta los señores Ministros Presidentes en sus respectivos informes de labores, se encuentran también varios de enorme importancia y trascendencia, en los que ha sido precisado el contenido y alcance de los derechos de las personas, así como el de varias figuras jurídicas.

Mi reconocimiento a la dedicada, inteligente e incansable labor realizada por las señoras y los señores Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto el llevado al cabo en el Pleno como en las Salas. Y quiero destacar de manera especial y significada el trabajo de excelencia que desempeñan todos los días y literalmente a todas horas las Secretarias y los Secretarios de Estudio y Cuenta, al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios de Acuerdos de las Salas de este Alto Tribunal. Pero también a todos los trabajadores, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el de administración, de esta Suprema Corte sin los cuales sería verdaderamente imposible que los juzgadores realizáramos nuestra labor sustantiva.

Gestión administrativa y condiciones de acceso a la justicia federal.

Con el propósito de dar atención al objetivo definido en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2015, orientado a la consolidación de una administración basada en la eficacia, la transparencia y la eficiencia con énfasis en la búsqueda y adopción de mejores prácticas que contribuyan a ese tipo de gestión he tomado diversas acciones.

En ese punto debo agradecer el consejo y participación decidida de los Ministros Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que me acompañan en el Comité de Gobierno y Administración.

Entre las acciones llevadas a cabo durante el presente año, doy cuenta de que, mediante la emisión de los Acuerdos Generales de Administración 01/2015 y 03/2015, se definió la estructura orgánica básica de este Alto Tribunal, en la que se buscó incorporar aquellos órganos para la ejecución de las tareas relacionadas con los derechos humanos, la transparencia e imagen institucional, así como lograr una nueva ordenación de las áreas existentes para una mayor especialización, atendiendo a sus ámbitos de responsabilidad.

Entre las condiciones para el acceso a la justicia federal, en el proceso de mejora continua del Sistema de Informática Jurídica (SIJ) y, en apoyo a los órganos jurisdiccionales, se incorporaron nuevas funcionalidades a los distintos módulos informáticos que dan apoyo instrumental al trabajo jurisdiccional: el Módulo de Trámite y Registro de Acuerdos; Módulo de Promociones; el Módulo de Recepción de Documentos Electrónicos; el Módulo de Asuntos y el Módulo de Notificaciones.

En continuidad con las acciones que se llevan a cabo relacionadas con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a partir del inicio del 2015, se emitieron un total de 446 certificados, de los cuales, 153 fueron entregados a los servidores públicos de la Suprema Corte y 293 a justiciables.

De manera destacada, informo que el Poder Judicial de la Federación pone a disposición de la sociedad mexicana el Portal de Servicios en Línea en la dirección www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx a través del cual y a partir del cuatro de enero de 2016, y en seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amparo se inicia el trámite electrónico del juicio de amparo en todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de la República, con lo que se podrán presentar demandas y promociones electrónicas, consultar expedientes y practicar notificaciones de las resoluciones judiciales a través de esa vía, además de que está vinculado al sistema de juicio orales.

La adecuada gestión de los recursos financieros, humanos y materiales con los que cuentan tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal seguirá estando orientada, de manera prioritaria y sustancial, a facilitar las condiciones de acceso a la justicia para toda la sociedad, en un ambiente de transparencia, rectitud, buen uso sin tolerar corrupción alguna.

Carrera judicial, vigilancia y disciplina.

Como ha sido mencionado ya, comenzaron sus funciones quince Centros de Justicia Penal Federal. Asimismo, doy cuenta de que también empezaron las funciones de siete nuevos Tribunales Colegiados, un Tribunal Unitario y 13 juzgados de distrito, todo ello con el propósito no sólo de hacer posible una justicia pronta sino también facilitar el acceso a los  justiciables.

Con el propósito de contar con juzgadores suficientes y debidamente seleccionados, se llevaron a cabo 26 concursos internos de oposición para la designación de Juzgadores Federales, de los cuales resultaron vencedores 98 Magistrados de Circuito y 215 Jueces de Distrito. Lo novedoso de estos concursos es que por primera vez se realizaron hasta seis simultáneamente en diversas ciudades del país, desde el norte hasta el sureste, de este modo se facilita el acceso a los aspirantes y a las mujeres en particular que no tienen que abandonar sus regiones para venir necesariamente a la ciudad de México.

En materia de vigilancia, fue suscrita la Adición a las Bases de Colaboración para el intercambio de información, con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También fueron aprobados el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura que regula la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, y el Protocolo del Consejo de la Judicatura Federal relativo al acceso, permanencia y salida de menores de edad de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.

En materia de disciplina, debe mencionarse que con motivo de las quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios de oficio, en este año, fueron sancionados por la Comisión de Disciplina y por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 55 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, siendo 23 de ellos Magistrados y Jueces, y 32 personal subalterno.

Las sanciones impuestas a los Titulares conforme a las normas aplicables, van desde apercibimientos privados, amonestaciones privadas, suspensión por seis meses, inhabilitación por diez años, y tres casos de destitución. En el caso del personal subalterno, también se impusieron sanciones semejantes.

El 1º de junio de 2015 se implementó el Sistema de Justicia en Línea para el trámite de quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios y desde su puesta en marcha, han sido tramitados 590 asuntos. Próximamente, se lanzará un sitio electrónico de consulta pública, a través del cual la ciudadanía podrá informarse, con mayor detalle del que ahora puede hacerlo, de las decisiones que en materia disciplinaria adopta el Consejo.

Sobre este tema, quiero reiterar, enfáticamente, en que, dado nuestro objetivo de propiciar, en el seno del Consejo, acciones colegiadas con los Consejeros para generar confianza de la ciudadanía y con ello la legitimidad de las decisiones que se adopten, castigaremos con energía toda conducta que sea contraria a los valores éticos, legales y judiciales a los que deben sujetarse los jueces y magistrados federales, así como todo integrante de este Poder del Estado. Que quede claro: en el Poder Judicial de la Federación, no hay ni habrá espacio alguno para la corrupción.

YA PARA TERMINAR:

Relaciones internacionales e interinstitucionales.

Durante este año, la Suprema Corte ha mantenido y ampliado las relaciones internacionales con otros poderes judiciales, Cortes Supremas y organismos regionales, con la finalidad de enriquecer el diálogo y las experiencias que contribuyan a una mejor administración e impartición de justicia tanto en México como en otros países.

Además de las visitas y convenios suscritos con la Organización de Estados Americanos y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ya mencioné, el 24 de abril recibí en su visita de cortesía a los jueces Josep Casadevall y Paul Mahoney, de la Corte Europea de Derechos Humanos; y el 11 de mayo a Humberto Sierra Porto y a Alberto Pérez Pérez, Presidente y Juez, respectivamente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quienes fortalecimos los lazos de cooperación en el respeto y la protección de los derechos humanos.

En junio de este año, participé, en el XXI Encuentro de Presidentes y Magistrados de Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina, organizado conjuntamente por la Fundación Konrad Adenauer y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado en San José, Costa Rica. El liderazgo de México en este foro se reflejó en el ánimo de los participantes y organizadores que aceptaron la invitación de la Suprema Corte para celebrar en 2016, el XXII Encuentro en la Ciudad de México, y continuar con la deliberación sobre los problemas que enfrentan los Tribunales Constitucionales y los usuarios de la justicia.

La Suprema Corte participó en 2015 en los trabajos de la XVIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, principal foro judicial en la región que reúne a los presidentes de las Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura de los 23 países miembros.

El 1º de octubre, en el marco de la Visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su carácter de investigadora, recibí en visita oficial a una comisión encabezada por Rose Marie Belle Antoine, Presidenta de ese organismo regional, a quien aseguré que la defensa y protección de los derechos es y seguirá siendo una prioridad para el Poder Judicial de la Federación

Los encuentros sostenidos con nuestros distinguidos visitantes, así como la participación en los eventos internacionales de referencia, ratifica el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación por mantener un diálogo interinstitucional que redunde en beneficio de la impartición de justicia en el país, así como en la defensa de los derechos de las personas.

Y tal como lo plantee en el Plan de Desarrollo Institucional, me he involucrado e impulsado las funciones y finalidades de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), y del Fondo Jurica, para lograr la mayor eficiencia en la impartición de justicia a nivel nacional. Por ello, a propósito de la Décima Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, llevada a cabo el pasado mes de octubre, fuimos testigos, con beneplácito, de la presentación del Portal de Servicios en Línea e Interoperabilidad, así como la Declaración hacia la Integridad Judicial del Sistema Nacional de Impartidores de Justicia en México.

Señoras y señores aquí presentes. Ciudadanía en general:

La meta primordial de mi administración es garantizar al máximo a todos los habitantes de esta gran Nación el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia federal, a través de recursos jurisdiccionales efectivos y ágiles enmarcados en la más intensa y exigente política de respeto a los derechos humanos de todos, sin distinción.

Lo hago como miembro e integrante del Poder Judicial y como participante, en calidad de Presidente de este honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En consecuencia, todas las acciones llevadas a cabo y las que sean realizadas durante la presente administración, estarán orientadas, de manera prioritaria, a la garantía del derecho humano a una tutela judicial efectiva.

El acceso a la justicia implica, desde luego, que las personas tengan la posibilidad de una adecuada tutela de sus derechos; y entraña también la existencia de facilidades para que todas las personas, sin costo ni desembolso, gratuitamente y sin discriminación, por condición social, racial, edad, etnia ni ninguna otra,  puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales que, a su vez, garanticen una justicia pronta, completa e imparcial.

La situación actual del país requiere de instituciones de justicia sólidas y confiables que den certeza a la población. Por ello, desde el alto compromiso de la Presidencia siempre procuraré que el Poder Judicial de la Federación redoble sus esfuerzos para seguir siendo ejemplo de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Nadie puede ni debe influir en las decisiones de los impartidores de justicia, quienes debemos tomar como único referente a la Constitución y defender los derechos que en ella se reconocen. Cada quien tiene su forma de percibir e interpretar la situación del país; sin embargo, los jueces solo debemos atenernos a lo que la Norma Suprema, que nos exige y nos impone ciertas condiciones, más allá incluso de nuestras propias convicciones. Porque lo he dicho y lo reitero convencido, si un juez de cualquier nivel o competencia no es independiente es sólo un mandadero, un escribano de alguien, pero de ninguna manera  es un juez.

Entiéndase bien, esta Suprema Corte de Justicia, los juzgadores federales, no tienen mayor inspiración que el bienestar de los ciudadanos, quienes deben tener claro que nosotros, sus jueces, siempre estaremos del lado de la legalidad, nunca de aquellos que por el mero hecho de asumirse en algún grado de poder creen tener la razón.

La calidad de la democracia se mide por el grado de independencia de sus jueces. Sólo puede haber justicia cuando existe pleno acceso a ella: sin simulaciones, sin barreras. Y desde esta tribuna, expreso a los ciudadanos que pueden confiar en sus jueces constitucionales, porque no actúan para congraciarse con nadie, sino para hacer cumplir la Constitución pese a que algunas veces disguste a unos o desagrade a otros.

La justicia no es un accesorio de la convivencia; no es una labor burocrática; la impartición de justicia es un elemento fundamental de la convivencia social y del Estado Democrático de Derecho. Porque la justicia es el mejor antídoto contra la violencia, porque es la que se guía por la norma, porque es la que se guía por la prudencia, porque es la que se guía por el estudio y la serenidad. Nadie puede sentirse un juzgador satisfecho si no está satisfecho ante sí mismo, si su conciencia no le permite saber que está cumpliendo con su deber y que está haciendo lo que el pueblo de México espera de él.

La Constitución, nuestra casi centenaria Carta Magna, sigue brillando como el faro que debe regir la convivencia social y que debe orientar todos los actos de gobierno; nada puede estar por encima de ella; nada puede estar por encima de los derechos que reconoce; nada puede interponerse entre las personas y sus libertades. Porque defender la Constitución es preservar el Estado de derecho. Porque defender la Constitución da fuerza a nuestra nación. Porque defender la Constitución es defender la dignidad humana y esa es nuestra labor. Esa es nuestra responsabilidad.

Eficacia, excelencia, honorabilidad, integridad, justicia oportuna y gratuita, independencia, esas son nuestras metas, es nuestra cita con la historia; ese es nuestro compromiso sustancial e indeclinable con toda la sociedad. Como Supremo Poder de la Federación, como ciudadanos, como autoridades, como gobernados, pero sobre todo, como mexicanos, hagámoslo todos los días juntos; hagámoslo a cada momento realidad. Por México.

Muchas gracias.



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