opinión
“Las complejidades de Iguala: una reflexión no apta para impacientes (II)”, artículo de Miguel Pulido
Alegatos por Miguel Pulido
Foto: José Hernández/ Cuartoscuro

Escribí ayer en este mismo espacio (Alegatos), que considero que el caso Iguala hay que tomarlo muy en serio. Decidí tomar dos textos de Ricardo Alemán como referencia para dialogar con quienes opinan diferente, pues me interesa abordar aspectos que, a mi parecer, han sido omitidos en el análisis o abordados de forma imprecisa.

Destaqué dos puntos concretos: que la violencia que sucedió en Iguala empezó mucho antes (y es más profunda); y que dada la magnitud de la red criminal que ahí operaba (¿opera?) tenemos, o un narco estado o uno completamente incompetente. A partir de ahí sigo con los siguientes 3 argumentos.

3.- Hay demasiadas responsabilidades políticas (impunes)

Pocas tragedias distribuyen tantas responsabilidades e ilustran con tal contundencia lo que sucede en buena parte de nuestra vida pública. A pesar de ello, la clase política se empeña en tratar con mezquindad el asunto, sin tener la estatura para aceptar (o la capacidad para entender) que estamos frente a problemas estructurales e insertos en el sistema.

Permítame tomar sólo algunos elementos para respaldar este punto. En términos políticos, el caso Iguala embarra en primer término al PRD, quien postuló tanto a José Luis Abarca a la alcaldía como a Ángel Aguirre a la gubernatura. Frente a un cúmulo de revelaciones sobre su oscuro proceder, 72 horas después de los ataques a los estudiantes, Abarca intentó fugarse dejando una estela de acusaciones entre la izquierda sobre el origen de su candidatura.

Pero no hubo renuncias, como si nadie en la dirigencia de ese partido hubiera tomado decisiones. A lo más, tuvimos la insistencia de algunos (como Fernando Belauzarán) en señalar lo que era público: la cercanía de López Obrador con Lázaro Mazón y una relación de este último con Abarca. En lo formal, lo único que existen son las conclusiones de un insípido y desabrido informe de una comisión especial del PRD que afirma fueron miembros de la corriente Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega, quienes invitaron a José Luis Abarca a ser candidato externo a la alcaldía de Iguala.

No es muy distinto el caso de Aguirre. A 10 días de los hechos, cuando la crisis comenzó a mostrar su real descomposición, el entonces coordinador del PAN en el Senado, José Luis Preciado, dijo que Aguirre “debería presentar su renuncia hasta por dignidad”. Días después, el 14 de octubre de 2014, su bancada solicitó formalmente la desaparición de poderes en Guerrero, por la incapacidad de Aguirre para gobernar.

Cosas de la política mexicana, apenas unos años atrás, el 25 de enero de 2011, Marcos Parra Gómez -candidato del PAN a gobernador- declinó a favor de Aguirre. Entonces los panistas dijeron “querer ser factor de triunfo”. Y lo fueron. Con el tiempo las afirmaciones de orgullo por haber declinado a favor del aspirante perredista de manera “valiente y oportuna” (como las del ex dirigente César Nava) fueron sustituidas por el deslinde en forma de acusación.

Los escándalos del caso no sólo dan cuenta de las consecuencias del pragmatismo electorero y los niveles de control que ha alcanzado el crimen organizado, también se observa la negación a entender de lo que sucede en el país. Otro ejemplo: el 28 de septiembre de 2014 el Presidente Peña Nieto dijo públicamente que el gobierno de Guerrero debía asumir su responsabilidad. Se negó –entonces- a ejercer la facultad de atraer las investigaciones, alegando que no iban a mal acostumbrar a los estados a que el gobierno Federal les hiciera el trabajo. A saber con qué tipo de información o de criterio lo decidió, pero lo cierto es que a lo que el Presidente se negó, por razones políticas, no fue a “salvar a un estado” sino a hacer lo que por ley le tocaba a su gobierno.

En su pobreza ética y su bajeza política, entre partidos se acusan de lo peor. Aterra reconocer que en parte todos dicen la verdad y en algo mienten. En Iguala la espiral de responsabilidades es amplia y variada, y asciende con vértigo. Pero prácticamente todas siguen impunes.

4.- La crisis que trasciende el caso: no hay capacidad para investigar.

Estamos frente a la investigación penal más observada de la historia de México y tiene serias grietas. Desde el inicio, todo estuvo mal. Le tomó 10 días al gobierno de Peña Nieto enterarse que no sólo podía investigar los hechos, sino que –habiendo sido cometidos por la delincuencia organizada- prácticamente todo lo ahí sucedido era de su exclusiva jurisdicción.

Desmantelamos la capacidad de investigación criminal y hoy pagamos las consecuencias. Queremos navegar esta crisis sin peritos, sin capacidad forense, sin intervenir oportunamente, improvisando fiscales y con el secreto a voces de la infiltración. Frente a estos problemas estructurales, la participación de un Grupo de Expertos Independientes de la OEA ha sido de suma importancia.

Pero en toda crisis no falta quien haga boxeo de sombra. Cuestionar el fundamento del apoyo de un organismo multilateral exhibe una ignorancia extrema, no sólo porque su posibilidad deriva legalmente de la pertenencia de nuestro país a la OEA, sino porque es desconocer lo que sucede en el mundo contemporáneo. Las asistencias técnicas de carácter bilateral o multilateral son el signo de nuestros tiempos.

Por otra parte, las credenciales profesionales del Grupo de Expertos Independientes contrastan con la improvisación propia de los nombramientos políticos en México. Usted puede conocer los casos en los que han colaborado los integrantes del Grupo, pues son del dominio público. Es más, cualquiera de los expertos tiene en su haber personal más experiencia profesional en el ámbito de las investigaciones y reconocimiento internacional que lo que puedan sumar conjuntamente las trayectorias públicas de Jesús Murillo Karam o de Arely Gómez en la conducción de investigaciones de alto impacto. Murillo y Gómez fueron nombrados por razones políticas, los expertos por su capacidad técnica.

En un asunto tan delicado, la paranoia vende. Se dice, mentirosamente, que el Grupo destruiría la verdad legal lo que convertiría a los malos en buenos. Pero no existe tal verdad legal. El ex procurador Murillo Karam presentó su teoría del caso y el fundamento de su acusación. En castellano puro, hizo públicas sus conclusiones. No hay más. Las investigaciones criminales, por definición, no llegan a una verdad científica e irrefutable. Usan, eso sí, elementos científicos para formar una convicción en quienes deciden legalmente sobre qué y cómo sucedió. Pero ningún juez ha decidido nada todavía.

Pretender desacreditar al Grupo de Expertos es escupir hacia arriba. No porque sean infalibles o porque se tenga que estar de acuerdo con ellos en todo. Porque son serios y su función de contraste ha permitido un conocimiento más fino del caso y su contexto.

5.- El horror más grande: es un caso emblemático, no uno aislado

Es cierto que lo sucedido en Iguala tiene sus particularidades. La masividad y violencia del ataque son desgarradoras y han logrado movilizar al país de forma inédita. Pero esos brutales hechos no están fuera de un contexto. La violencia criminal (y la violencia en general) comienza a ser el distintivo del país.

México tiene 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo y es 15 veces más probable morir asesinado en ellas (en Acapulco, por ejemplo) que prácticamente en cualquier ciudad de Chile o Uruguay. Según UNICEF, tenemos una tasa de 26.5 homicidios de niños entre 15 y 17 años por cada 100,000 habitantes. El dato es aún más escalofriante: 6 de cada 10 fueron asesinados por armas de fuego y presumiblemente activadas por otros niños.

Esta violencia no es un fenómeno azaroso, de acuerdo al International Institute for Strategic Studies, el 70% de la violencia en México  se distribuye en 10 estados situados a lo largo de las principales rutas de tráfico de drogas a Estados Unidos. Así que la violencia en el ámbito municipal no es nueva, si acaso es un maldito punto ciego. En menos de 8 años han sido asesinados 45 presidentes municipales (12 en los últimos 2). En las pasadas campañas electorales fueron asesinados 3 candidatos a presidencias municipales en menos de 2 meses. Y sabe qué, adivinó Usted: sin que estos crímenes hayan sido esclarecidos.

Tampoco carece de antecedentes el ataque por parte de policías municipales a personas y su cooptación por la delincuencia organizada. La PGR ha desclasificado documentos en donde reconoce la participación de policías municipales en el secuestro y ejecución de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Otro ejemplo: en octubre de 2014, en Caderyta, Nuevo León 40 personas fueron detenidas, entre ellas 28 policías, 14 agentes de tránsito, un juez calificador, personal de barandilla y hasta el propio director de Policía. Se presume participaban en tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos.

Lo que sucedió en Iguala merece una investigación y que no haya impunidad. Comprender sus dimensiones requiere aceptar y entender cómo se relaciona con Casino Royal, Salvacar, San Fernando, Cadereyta y, tristemente, muchas otras tragedias más.

Vamos, lo que está en juego trasciende el linchamiento a cualquier político. Al final todos se van a ir y por más bueno que sea alguno, este desastre no se arreglará fácil. La crisis nos la estamos tragando nosotros. Y, al parecer, esa es una reflexión no apta para impacientes.

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

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    septiembre 10, 2015 8:45 pm
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