Derroche “inmoral” de partidos en campañas: Arquidiócesis; “no se metan en lo nuestro”: Zambrano
"No hay razón para permitir que los partidos políticos sigan derrochando inmoralmente los recursos de un país sumergido en la pobreza", sostiene el editorial "Desde la Fe".
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Foto: Antonio Cruz/ Cuartoscuro

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, calificó como “un absoluto exceso” que el semanario Desde la Fe, que publica la Arquidiócesis Primada de México, haya considerado como “inmoral” los recursos públicos que reciben los partidos políticos.

“Lo que es legal no es inmoral, yo le diría con todo respeto a la Arquidiócesis Primada de México que recuerde el principio básico de respeto entre el ámbito de lo privado, de lo religioso y el quehacer público, el quehacer que nos corresponde a quienes tenemos una responsabilidad ante la sociedad”, indicó.

El domingo, el semanario dedicó su editorial -“Otra vez a votar”- a las campañas y los partidos. En el texto consideró que “no hay razón para permitir que los partidos políticos sigan derrochando inmoralmente los recursos de un país sumergido en la pobreza” y agregó que es urgente considerar un recorte presupuestal para estos institutos.

Entrevistado por reporteros de la Cámara, Zambrano señaló que “al César lo que es del César y a dios lo que es de dios. Yo no me ando metiendo en juzgar a nadie porque profesa tal o cual religión, si es buena o mala o que no profesa ninguna …que no se metan en lo nuestro tampoco”.

Sostuvo que el tema de los recursos públicos para los partidos políticos está en la ley y la ley es para respetarse. “Si quieren que eso se modifique, pues que por las vías que tengan a su alcance, institucionales, hagan llegar sus propuestas”, sugirió.

Comentó que los partidos políticos están obligados a que todos los recursos de sus prerrogativas que no se utilicen sean regresados, año con año, al Instituto Nacional Electoral (INE) y esta instancia determina si se reintegran al erario público.

A pregunta expresa, Zambrano Grijalva dijo que la iglesia está en su derecho a opinar lo que quiera, “pero de ahí a calificar de inmoral los recursos públicos que reciben los partidos para el financiamiento de sus actividades, me parece un absoluto exceso”.

Precisó que en México y otros países del mundo se ha incorporado en los últimos años que los partidos reciban recursos públicos para evitar que entren en la lógica de privatización y que sean los recursos privados, de individuos o empresas, los que determinen su comportamiento político o que incluso puedan decidir la vida del país.

Se reproduce a continuación la polémica editorial:

Nuevamente los mexicanos irán a las urnas. Trece estados y la Ciudad de México votarán para elegir doce gobernadores, 388 diputados de mayoría y representación proporcional, 965 ayuntamientos y 60 diputados a la Asamblea redactora de la Constitución de la capital del país. El padrón convocado representa el 45.40 por ciento de los mexicanos en edad para votar, y llama la atención el porcentaje de pobreza alojada en las entidades sufragantes: 23 millones de pobres (casi el 42 por ciento del país) y 5 millones de personas en pobreza extrema (el 43 por ciento de quienes sufren estas condiciones en el territorio nacional).
Evidentemente, estos porcentajes se contraponen a los gastos, dispendio de recursos y prerrogativas exorbitantes a partidos políticos y los resultados del sistema dedicado a los procesos electorales. La valoración de la reforma electoral, bajo la cual estuvieron regulados los comicios de 2015, apenas arroja sus resultados, y el INE, institución nacional rectora, sufre el centralismo exagerado al atender elecciones federales, locales, controversias, fiscalización de recursos y validación de la democracia participativa, como es la evaluación de las miles de firmas de iniciativas ciudadanas o consultas populares para que, al final, sean rechazadas por el órgano electoral, como sucedió con las consultas sobre la reforma energética, donde se invirtieron millones de pesos y recursos humanos. 
Con el debilitamiento de los Institutos locales electorales, acotados en sus atribuciones, el INE carga además con la maltrecha, confusa, forzada y artificial reforma política de la Ciudad de México, esforzándose para llegar a los ciudadanos de la capital y elegir una Asamblea Constituyente que no naufrague el 5 de junio. En el mejor de los casos, y en el ánimo del elector, la extinción del Distrito Federal sólo quedó en una marca y raras siglas color rosa que adornan transportes públicos y papeles oficiales, sin incidir en la conciencia ciudadana sobre el significado de los comicios para la nueva Constitución que, aún antes de nacer, está en la palestra de los cuestionamientos cuando la izquierda fragmentada obedece a las ideologías destructoras de la dignidad de la persona, en lugar de dar cabida a cada uno de los derechos consagrados por la Constitución General de la República, entre ellos el de la vida.
En cuanto a los candidatos, el electorado está ante los dilemas generados por la clase política desgastada y cuestionada. En medio de la corrupción y opacidad, todo se paraliza en las negociaciones legislativas, y los acuerdos se generan a raíz de los resultados en las urnas. Los partidos recurren a viejos candidatos, funcionarios señalados, cartuchos quemados, juniors y dinastías familiares, sea en solitario o al amparo de coaliciones kafkianas; las ideas políticas convincentes son pura ilusión que se aferran a campañas huecas que persiguen el poder sin proponer. Los costos multimillonarios del sistema democrático permiten el acceso a los tiempos públicos, en radio y televisión, a partidos políticos y candidatos independientes sin creatividad propagandística, bombardeando al elector con basura política comercial, que raya en lo soez y prosaico. 
Definitivamente, no hay razón para permitir que los partidos políticos sigan derrochando inmoralmente los recursos de un país sumergido en la pobreza. Por ello, resulta inaplazable contemplar con seriedad la posibilidad de un recorte presupuestal a estos institutos políticos, sobre todo cuando el gobierno federal ha hecho un enorme recorte al gasto público. ¡Hoy no hay excusas!
Sin embargo, la participación ciudadana es la mejor carta en la transformación y exigencia cabal a los políticos. El Papa Francisco dijo de nuestra nación: “México es un gran país…” Y merecemos políticos grandes por su oficio, no por la voracidad desmedida de riqueza y poder. Políticos que ofrezcan “a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales…”.

(Con información de Desde la Fe y Notilegis)



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