opinión
“En el desamparo”, artículo de Jacobo Dayán
Caronte por Jacobo Dayán
(Foto: Cuartoscuro)

El pasado 9 de octubre se presentó un informe que fue generado a través de un modelo innovador que comenzó a partir de una crítica que fue recibida. Jaime Rochín, entonces presidente de la Comisión ejecutiva de atención a víctimas (CEAV), me buscó después de un artículo publicado en este portal (Aristegui noticias) en el que hablaba de la urgencia de incorporar a las víctimas a la agenda nacional. Las políticas públicas que deberían garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición están lejos de ser exitosas.

El sustento se encuentra en Ley General de Víctimas que establece que buscando que las víctimas, sus familias y la sociedad ejerzan plenamente el derecho a la verdad, el Estado puede “generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente”. La CEAV debe “formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas”.

La academia era necesaria en este modelo. De inmediato se pensó en el Seminario sobre violencia y paz de El Colegio de México. Sergio Aguayo asumió la coordinación del proyecto.

La selección de casos se basó en encontrar un par que compartieran contexto, San Fernando y Allende tienen similitudes en cuanto a los perpetradores, el tiempo y la región, pero han tenido respuestas diferenciadas por parte del Estado, la sociedad y los medios. San Fernando fue conocido de inmediato, Allende después de años. Las respuestas por parte de los gobiernos y las comisiones de DH de Coahuila y Tamaulipas han sido muy distintas. Incluso PGR y CNDH han enfrentado ambos casos de manera distinta. Uno de los objetivos es el conocer y explicar este actuar diferenciado. El resto es abonar al esclarecimiento histórico, analizar el actuar de las distintas instancias del Estado y formular recomendaciones encaminadas a la reparación integral.

El primer reto era generar confianza. Un modelo de cooperación entre una instancia del Estado con la academia no era del todo aceptado. Poco a poco se venció esta desconfianza que por múltiples y muy justificados motivos existe en la sociedad mexicana. Se pudo obtener información proveniente de víctimas, expedientes de la CNDH y del estado de Coahuila, organizaciones de la sociedad civil, documentos oficiales, cables diplomáticos, estudios académicos y reportajes nacionales y extranjeros. La PGR decidió no colaborar, el estado de Tamaulipas tampoco lo hizo.

Después de revisar todos estos materiales la constante es el desamparo. Desamparo de víctimas, familiares y sociedad.

En el desamparo por la fallida estrategia de seguridad y la nula autocrítica por parte del Estado y fuerzas políticas. En el desamparo por la complicidad de distintos agentes del Estado y la omisión de muchísimos otros.

Entre las conclusiones que podemos obtener a partir de la información consultada está:

Diversas autoridades conocían de la violencia en estas regiones y no actuaron, al ocurrir los hechos permanecieron en silencio.

En el desamparo los migrantes que atraviesan el país. En el desamparo la sociedad que vive en regiones, cada vez más amplias, de control por parte del crimen organizado que junto con agentes del Estado violentan hasta llegar al límite de crear zonas de exterminio.

En el desamparo ya que la PGR no atrae casos como el de Allende o no los resuelve como el de San Fernando. En el desamparo al negar el acceso a la información. Las recomendaciones del GIEI sobre investigaciones a violaciones graves a los Derechos Humanos las fuimos comprobando una a una. Las procuradurías solo buscan presuntos responsables a partir de declaraciones, no pretenden entender el contexto. Las investigaciones avanzan conforme las revelaciones periodísticas y la presión política lo hacen. No se siguen las pistas que arroja el expediente. Pasan meses o años para que la investigación camine, se hagan inspecciones y peritajes, se interrogue a testigos, se cuestionen afirmaciones de las autoridades. En el desamparo ya que las investigaciones no se apegan a estándares internacionales, vamos ni a los nacionales. Investigaciones sustentadas en reportajes periodísticos y testimonios.

En el desamparo en la forma en que operan las procuradurías al fragmentar expedientes, en generar narrativas de caso aislado en lo temporal y territorial. En el desamparo al tipificar delitos de desaparición forzada como si fuera secuestro.

En el desamparo ya que las acciones estatales para reparar y garantizar la no repetición son en gran medida cosméticas. La CEEAV de Coahuila opera como gestora de programas sociales, la Comisión de DH de Coahuila solo ha procesado un caso. En Tamaulipas nada.

En el desamparo por la entrega de cuerpos de manera equivocada o tierra como entrega “simbólica”.

En el desamparo por la presunción, sin pruebas más allá de declaraciones, de la muerte de los desaparecidos.

En el desamparo ya que la CEAV genera procesos de revictimización. No ha asumido su independencia, no cuenta con expedientes completos, su interpretación ha dejado de lado el sustento moral y legal que le dio origen: reconocer y garantizar la dignidad y los derechos de las víctimas, de la sociedad en su conjunto y de las causas de la victimización.

En el desamparo por la tardanza en emitir recomendaciones por parte de la CNDH. Por la falta de cooperación de procuradurías para entregarle información. Por no catalogar los hechos como violaciones graves. Por omitir violaciones a los derechos a la vida y la seguridad y centrarse en violaciones al acceso a la justicia y garantías de no repetición que son aceptadas como cumplidas realizando cursos o girando instrucciones. Falta de seguimiento a recomendaciones.

En el desamparo las organizaciones que acompañan a víctimas que permanentemente se enfrentan a los aparatos estatales que dificultan o impiden su labor.

En el desamparo ante la fuerte estigmatización por parte de la sociedad a las víctimas.

En el desamparo las víctimas de desplazamiento forzado.

En el desamparo ya que la SCJN sigue retrasando las decisiones sobre acceso a la información y amparos relativos a estos casos.

En el desamparo ya que el INAI no asume su responsabilidad de garantizar el acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general.

En el desamparo las víctimas extranjeras ya que la SRE y la CEAV no han generado mecanismos de cooperación para asistencia a estas víctimas.

En el desamparo por la ruptura y falta de confianza entre sociedad civil e instituciones del Estado.

En el desamparo ya que estas masacres no son aisladas. El informe Atrocidades innegables de Open Society ayuda a su comprensión y alcance.

En el desamparo por la falta de prensa libre y plural. Las agresiones a periodistas en estos estados lo muestran. En el desamparo por falta de información que debe ser pública.

En el desamparo ante el horror.

Hasta ahora la única constante son los huecos, los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad que intenta ser alimentada desde la prensa, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o entregados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento forzado, víctimas abandonadas por Estado y sociedad, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos, organizaciones de la sociedad civil relegadas, medios de comunicación en su mayoría ausentes, presencia internacional diferenciada. En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo.

Modelos de cooperación entre instituciones del Estado como CEAV-CNDH-INAI junto con academia que se centren en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición son un buen camino que hay que explorar, que urge iniciar. La grave crisis de derechos humanos que vive el país requiere de soluciones que integren a los actores que decidan asumir su responsabilidad.

Se puede consultar el informe en:
http://eneldesamparo.colmex.mx/

Jacobo Dayán
@dayan_jacobo

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

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