Demanda Unicef hacer ajustes a la iniciativa de ley sobre niños y adolescentes
Hay aspectos de la iniciativa presidencial que “son contrarios a la Convención de los Derechos del Niño”; ofrecen senadores incorporar observaciones de organismos internacionales.
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Foto: Senado

En torno a la iniciativa preferente de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, representantes de diversos organismos de la ONU señalaron en el Senado la necesidad de clarificar aspectos trascendentes como la labor que realizará el DIF, el presupuesto que se le asignará para cumplir la doble función de atención a los menores y como protectora de sus derechos, para lo cual es necesario que posea facultades vinculantes con otras autoridades, como la Procuraduría de la Infancia propuesta en la misma iniciativa.

Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, pidió  hacer ajustes a la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo en el capitulo de niños migrantes no acompañados y los albergues, porque la forma como se regulan en la iniciativa “son contrarios a la Convención de los Derechos del Niño”.

La representante de Unicef subrayó que “preocupa que no se haya considerado un presupuesto para esta reforma, pero además, destacó, “hemos analizado que el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo tiene asignado el 1 por ciento del total de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Por su parte, el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Valencia, dijo que “esta ley se puede enriquecer incorporando todos los tratados internacionales de derechos humanos”.

En el dictamen de la iniciativa preferente se incluirán las observaciones y recomendaciones de organismos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Así lo determinaron las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, de Educación, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, durante el segundo día de audiencias públicas sobre la iniciativa.

Participaron los representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Isabel Crowley; del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Alfonso Sandoval Arriaga; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Esteban Hernández Valencia; ONU-MUJERES, María de la Paz López Barajas, así como la especialista de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), Eva Reyes Ibáñez.

Los representantes coincidieron en que se debe definir claramente la responsabilidad del Estado con los derechos de la infancia, para de esta forma eliminar el carácter asistencialista en la atención a menores.Subrayaron la necesidad de que se atiendan las 117 recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho a México, especialmente en lo referente a los derechos de los infantes indígenas y migrantes, así como se revisen las dirigidas a países de Latinoamérica en materia de defensa de las garantías de la infancia.

Al incluirse estos aspectos, aseguraron, el Congreso mexicano dará una importante aportación para blindar la presencia de México en la tribuna del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Hilda Esthela Flores Escalera, del PRI, destacó la importancia de las observaciones de los organismos de la ONU para lograr una ley que garantice, en los hechos, la protección de los derechos de la infancia y adolescencia y coloque a México a la vanguardia en la materia a nivel internacional.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, reconoció la necesidad de que en el dictamen se logre un diseño institucional transversal, que permita proporcionar al DIF los instrumentos técnicos, humanos y presupuestales para cumplir a cabalidad las nuevas facultades que se le asignarán, así como proveer de los recursos suficientes a la nueva procuraduría de atención a la infancia.

En lo anterior coincidió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez quien se pronunció también porque se elimine el matiz asistencialista en la nueva norma, pues sólo de esta manera se logrará que el Estado observe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y no como meros objetos de garantías. Se requiere igualmente, agregó, que se atiendan las recomendaciones de la Corte Interamericana, dada la magnitud del problema de la violación derechos en nuestro país.

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, se pronunció porque se atiendan las recomendaciones para concretar instrumentos legislativos que permitan dar voz a los menores y se atiendan cabalmente sus necesidades de alimentación, educación, justicia y salud.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Educación, Martha Elena García Gómez, del PAN, subrayó la necesidad de que la nueva legislación cambie el paradigma del asistencialismo, para de esta forma hacer visibles a los infantes, en especial a los que son altamente vulnerables como los indígenas y migrantes.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el senador Daniel Amador Gaxiola, del PRI, se pronunció porque se atiendan todas las observancias de los organismos de la ONU, para que no se quede corta la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

(Con información del Senado y La Jornada).



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