Con Calderón se rompió entendimiento y subordinación de criminales: Luis Astorga en CNN
"La clase política que tenemos en México, no tiene visión de Estado", lamentó el investigador.
(Foto: Karina Maciel)

El libro ¿Qué querían que hiciera? “trata de abarcar el sexenio de Felipe Calderón en un aspecto fundamental: el vínculo entre el campo de la política y el campo del tráfico de drogas… Es una investigación que viene del último cuarto del siglo XIX”, explicó su autor e investigador, Luis Astorga.

En entrevista para Aristegui CNN, explicó que “lo que planteo es cómo se ha dado la relación entre el campo de la política y el campo del tráfico de drogas en México, cómo el tipo de sistema político que prevaleció durante poco más de setenta años con la hegemonía de un sólo partido, implicaba un tipo de relación con el tráfico de drogas y cómo en la transición, en la alternancia en el poder, hay toda una reconfiguración en el campo político pero también hay una reconfiguración del campo delincuencial”.

La alternancia, recordó, se dio primero en los municipios durante los años 80, “después la primera gubernatura en el 89, posteriormente en varias gubernaturas, hasta llegar a la alternancia en la presidencia en 2000. Vamos viendo el resquebrajamiento del sistema de partido de Estado, pero también de los mecanismos políticos-policíacos“.

En el sistema anteror, “los traficantes tenían tres opciones si no acataban las reglas del juego: una era salir del negocio, la segunda era irse a la cárcel y la tercera era morirse a manos de las instituciones policiales que servían de mediación entre los dos campos”.

“En el esquema de la alternancia lo que implicó esta reconfiguración del poder político fue una mayor autonomía de las organizaciones de traficantes en relación al poder político. Porque gobiernos municipales, estatales, pasaron a manos de distintos partidos políticos. En México las instituciones policiales dependen de autoridades municipales, estatales, y tenemos también a la Policía Federal. Hay una redistribución de responsabilidades”, expuso.

“Hay una política de seguridad diseñada en el gobierno federal, pero que se encuentra con problemas y cortos circuitos en los gobiernos locales de distinto signo político e incluso del mismo signo político. Porque en este proceso de la alternancia, tanto los gobernadores, como criminales y las organizaciones policiales van  adquiriendo mayor autonomía respecto al gobierno central”, indicó.

“Hay que tener claro que en la época de hegemonía del PRI, lo que había era no un simple entendimiento, había una subordinación estructural del campo criminal al de la política”, subrayó.

Y “en el esquema de la alternancia, el sistema político tiene tres opciones: o no hace nada, o tiene ciertos tipos de arreglos con las organizaciones criminales, o deciden unirse, platicar, negociar toda la clase política y diseñar una política de seguridad de Estado. Tenemos una combinación de varias, dependiendo de las regiones. Las dos primeras, lo que hacen es reproducir un sistema autoritario”, apuntó Astorga.

“Si uno piensa si el ex presidente Calderón tenía control de su propio gabinete de seguridad, pues uno no se explica si efectivamente tenía ese control. Porque las pugnas entre la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, etcétera, fue lo que se ventiló a través de los cables de WikiLeaks“, detalló,

“Lo que mostraba es que a falta de una coordinación a través de la Secretaría de Gobernación, el presidente debería haber tomado cartas en el asunto, pero daba la impresión de que ni siquiera el presidente controlaba su gabinete de seguridad, si realmente no lo controlaba entonces cómo era posible un gobierno federal con esas diferencias fuertes en su propio gabinete pudiera darle protección a una sola organización por encima de las demás”, cuestionó.

A cualquier política “hay que juzgarla por sus resultados no por lo que dice el discurso, el discurso puede ser maravilloso, incluso hasta literario, poético, pero si juzgamos por los resultados, homicidios, desapariciones forzadas, denuncias y comprobación de violación a derechos humanos, el balance fue desastroso“, remarcó.

“En otro sentido, no fue un problema inventado, todavía no llegamos a un momento como sí se llegó en Italia y Colombia, donde la mayor parte de la población reconozca que el problema de la delincuencia organizada constituyen un peligro real”, señaló.

En “teoría” Calderón sí tenía otras alternativas -además de sacar al Ejército de sus cuarteles-, pero “en la práctica tendríamos que ver cómo estaba conformado el sistema político en el país”.

“Hasta ahora no conozco ni he oído a ningún gobernador que diga que los operativos militares le fueron impuestos por el gobierno federal”, sostuvo.



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