opinión*
Ayotzinapa, escuchas ilegales y fracaso del gobierno de Peña
por Araceli Damián
Foto: Hilda Ríos/ Cuartoscuro

Por Araceli Damián

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracasado en todas las áreas que le corresponde atender al Estado mexicano, y se distingue por el desastre que ha provocado en materia de derechos humanos, debido a que el propio gobierno se ha convertido en un violador más de los derechos humanos. De ello quedó constancia la semana pasada, en la audiencia a la que asistieron representantes del gobierno federal para rendir cuentas sobre la impunidad en materia de justicia; sobre la situación de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual (LGBTTTI), y sobre el Mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Perú.

En estos temas, el gobierno de Peña ha sido negligente e ineficaz. Cuando inició el actual gobierno, la sociedad mexicana estaba ávida de que se frenara la violencia provocada por la fallida “guerra” contra el narcotráfico, que emprendió el ilegítimo presidente panista Felipe Calderón. Peña y su gabinete de seguridad continuaron con la misma “estrategia”, desconociendo que una parte fundamental de la prevención del delito es acabar con la impunidad y la corrupción. Como consecuencia, los delitos de alto impacto en el país se han mantenido en niveles similares o aún más altos que en el sexenio pasado.

Por ejemplo, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para diciembre de 2016 las personas desaparecidas ascendían a 32,236.

En su informe (1), la CNDH cita cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para mostrar el aumento en el número de éstas desde 2007, cuando inicia la “guerra fallida”. En ese año hubo 662 casos y, en 2012, último año de la gestión de Calderón, desaparecieron 3,343 personas. Es preocupante constatar que, en todo el sexenio de Peña, el número de desaparecidos por año ha sido superior a esta última cifra (en 2013, 3,878; en 2014, 4,196; en 2015, 3,768, y hasta octubre de 2016, 3,805). Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa son parte de estas lamentables cifras.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención en la audiencia del Mecanismo especial de la CIDH para el caso Ayotzinapa fue que existen fuertes evidencia de que, en 2016, el gobierno mexicano espió ilegal e indebidamente a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como al secretario ejecutivo de la CIDH, mediante el programa Pegasus, tecnología utilizada por el gobierno federal para espiar los teléfonos celulares de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, como ha sido denunciado desde el año pasado, por quienes recibieron los ataques y como quedó constancia en un punto de acuerdo que presenté en la Cámara de Diputados y que fue desechado por la Comisión de Justicia, encabezada por priísta Álvaro Ibarra Hinojosa (2).

El programa Pegasus fue adquirido, según diversos medios, por el ex procurador Jesús Murillo Karam y puesto en funcionamiento por su sucesora, Arely Gómez. El programa infecta los teléfonos y, quienes realizan el ataque, tienen acceso a la información y datos almacenados, a las llamadas telefónicas, al micrófono y a la cámara. De comprobarse que el gobierno mexicano efectuó las escuchas, se verá involucrado en un delito de carácter internacional, ya que los miembros del GIEI estuvieron en México en calidad de diplomáticos.

La sociedad mexicana reconoce el valioso trabajo que realizó el GIEI. Lograron echar abajo la “mentira histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría Tomás Zerón, a pesar de que sufrieron de difamación, restricción en el acceso a la información y material de investigación del caso y se les impidió entrevistar a los miembros del 27 batallón de Ejército presentes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Era mayúsculo el temor que el gobierno mexicano sentía sobre el posible alcance de su trabajo y, por ello, no permitió que continuaran en el país investigando, pero ahora sabemos además que sus conversaciones fueron muy probablemente espiadas.

Ante la exigencia de la Comisionada de la CIDH, Esmeralda Troitiño, para que el gobierno mexicano respondiera sobre ¿qué autoridades del Estado estuvieron involucradas [en el espionaje]?, el fiscal Ricardo Sánchez, responsable de la atención de los delitos contra la libertad de expresión y la privacidad, en la Procuraduría General de la República (PGR) sólo logro responder que existe una denuncia contra quienes resulten responsables. Lo cual fue, a todas luces insuficiente, porque es muy probable que sea la propia PGR, los propios responsables de la investigación sobre Ayotzinapa, quienes estén involucrados.

Ángela Buitrago, ex miembro del GIEI, quien al parecer fue víctima del delito de escuchas ilegales, en una entrevista realizada por Carmen Aristegui el pasado viernes en este mismo medio, consideró que, para acabar con los delitos y el crimen en general, es necesario hacer una investigación seria en contra de quienes violaron las garantías individuales a la privacidad y al derecho a la expresión, como sucedió en Colombia hace algunos años. Lamentablemente, Peña Nieto es incapaz de emprender una tarea de esta naturaleza, pues él mismo ha sido un transgresor de la legalidad, desde mucho antes de llegar a la presidencia.

En 2018 necesitamos un cambio de régimen, un gobierno que entienda, como lo advirtió Buitrago, que “si la justicia funciona y la impunidad se acaba, también se controlan socialmente los mecanismos de criminalidad”.

1.- “Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”. Según este informe el número reportado es ligeramente superior al del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que para octubre de 2016 reportó a 29,903  personas “no localizadas”, la diferencia estriba en parte, según la CNDH en que tienen metodologías distintas para la estimación de este fenómeno. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf

2.- http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160927-IX.html#Proposicion35

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.


*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.
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