Jueza niega la aprehensión de Arturo Escobar; Fepade puede apelar
La jueza Rosa María Cervantes Mejía rechazó conceder la orden de captura contra Escobar y otros implicados, al estimar que la FEPADE les imputó un tipo penal que no es el adecuado para la conducta denunciada.
Jueza niega la aprehensión de Arturo Escobar; Fepade puede apelar
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Saúl López).

Una jueza federal negó la orden de aprehensión contra el ex subsecretario de Gobernación y ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, acusado de la distribución ilegal de tarjetas Premia Platino en la pasada elección federal, informó Reforma.online.

Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, rechazó conceder el mandato de captura contra Escobar y otros implicados, al estimar que la FEPADE imputó a los acusados un tipo penal que no es el adecuado para la conducta presuntamente denunciada.

Según la jueza, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) imputó el delito de destinar o recibir aportaciones de dinero en favor de un candidato, precandidato o partido, no obstante que el hecho presuntamente delictivo por parte del ex líder fue firmar un contrato con la empresa Proyectos Juveniles.

El fallo fue dictado poco antes de la medianoche del martes y notificado en las primeras horas de este miércoles a la Fiscalía, dijeron fuentes allegadas al Poder Judicial de la Federación.

Pese al revés, la Fiscalía aún tiene la posibilidad de apelar la negativa de aprehensión ante un tribunal unitario, el cual tendría la última palabra al respecto.

Otra posibilidad es que la FEPADE solicite la devolución del expediente, perfeccione sus inconsistencias y vuelva a consignarlo con el propósito de obtener las aprehensiones.

Escobar está acusado en su calidad de dirigente del PVEM por la entrega ilegal de 10 mil tarjetas Premia Platino durante la pasada campaña electoral.

El ilícito cometido está previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona de 5 a 15 años de prisión a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello.

Según el expediente, la FEPADE solicitó órdenes de captura contra María Guadalupe Robles Ponce, apoderada legal de Proyectos Juveniles; Ramiro Quintero Ramos, representante legal de Multiservicios de Excelencia, y Pablo Oliver Robles, representante legal de Cards & Systems Solutions.





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