La Ley de Víctimas, cronología de una reforma en la congeladora
La Ley de Protección a Víctimas ya había sido aprobada por las dós Cámaras, sin embargo, el Poder Ejecutivo la regresó por considerar que tiene elementos contraproducentes
Emilio Álvarez Icaza acompañado de Javier Sicilia. (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

El 6 de abril de 2011, el secretario de Gobierno de Morelos, Óscar Hernández Benítez, presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley en materia de prevención del delito, misma que fue consensuada tras el multicrimen del 28 de marzo de 2011 en el que hallaron muerto a Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia.

El asesinato de su hijo sirvió como impulso para que el poeta convocara a un movimiento ciudadano para exigir al gobierno federal justicia y protección.

Sus discursos llamaban a las autoridades a trabajar por los ciudadanos, así surgió la petición formulada por el escritor al Congreso y al Presidente de la República, Felipe Calderón, a la creación de una ley de protección de víctimas del delito.

El 26 de diciembre de 2011, el Congreso de la Unión congeló entre otras iniciativas, la propuesta alternativa de Ley de Seguridad Nacional propuesta por Alejandro Encinas y Teresa Incháustegui, como resultado de las observaciones hechas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia.

El 13 de enero de 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó al Senado el proyecto de Ley general de Atención y Protección de Derechos de las Víctimas, integrada de 81 artículos, también llamada ‘Ley Sicilia’. Por acuerdo del PAN, PRI y PRD en el Senado esta ley se consideró prioridad para el periodo ordinario de sesiones siguiente a la presentación de la misma.

Para el 19 de marzo, el presidente Felipe Calderón llamó al Poder Legislativo para resolver las reformas en materia de seguridad y justicia, tras señalar que el Poder Judicial debe proveer justicia a víctimas de delitos como el secuestro.

El 3 de abril, a menos de un mes de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, el rezago en comisiones del Congreso incluía, entre otras, la Ley de Protección a Víctimas, misma que PRI, PAN y PRD pactaron avanzar al regreso del periodo vacacional de Semana Santa.

El 23 de abril la Junta de Coordinación Política del Senado acordó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aprobar el dictamen de la Ley General de Víctimas para el 24 del mismo mes en comisiones, para subirlo al Pleno en primera lectura. Al mismo tiempo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la reforma al artículo 73 constitucional para reforzar la ley general.

Así el 24 de abril, el Senado de la República dio primera lectura a la Ley para ser sometida el 25 a votación del Pleno legislativo para su aprobación definitiva, con esto se consideró cumplimentado el compromiso asumido por la Cámara Alta ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El 25 de abril, el Senado aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas, en presencia de representantes del movimiento ciudadano encabezado por Sicilia, pasando la minuta a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.

Para su última sesión ordinaria, la 61 Legislatura agendó la aprobación de leyes trascendentes para el país como la Ley de Víctimas y el 30 de abril por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas, por lo que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor lo más pronto posible, la minuta fue avalada sin cambios.

Posteriormente el 31 de mayo, la Cámara de Diputados reconoció que aprobó la ley con errores e inconsistencias, sin embargo, en reunión de la mesa directiva se aprobó por mayoría que la ley siguiera su curso, es decir que el Poder Ejecutivo decidiera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, o bien, realice observaciones o no la promulgue.

El miércoles 20 de junio, la Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente que estaba analizando el contenido de la Ley General de Víctimas para continuar con el proceso legislativo. Esto luego de que el 6 de junio, el pleno solicitó a la Segob un informa sobre el estado de la publicación de la ley.

El 24 de junio, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, exhortó al Ejecutivo Federal a publicar la Ley General de Víctimas del Delito.

Sin embargo, el 4 de julio, el Ejecutivo Federal devolvió a la Cámara de Diputados la Ley General de Víctimas por considerar que existen debilidades por no delimitar claramente el papel que cada autoridad debe tener en el tema, formulando una serie de propuestas al Poder Legislativo “para efectos de mejorar, fortalecer, de enriquecer este proyecto Legislativo”, declaró el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández.

En respuesta a ello, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exigieron al presidente Felipe Calderón que cumpla con su palabra y publique la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación.

Por su parte, la Comisión de Justicia informó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicitó al área jurídica de la Cámara de Diputados hacer un análisis puntual de las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal a la ley.

Mientras que Alejandro Poiré defendió las observaciones que el Poder del Ejecutivo hizo a la Ley General de Víctimas, a través de un comunicado afirmando que la ley tiene problemas que la podrían hacer contraproducente.

Actualmente los Senadores de PAN, PRI y PRD, admitieron que legislaron “al vapor” y “bajo presión” por el calendario electoral. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer (PAN), reconoció que la observación del Ejecutivo es que realmente “no hay base para sacar la ley”, pues se requiere una reforma constitucional para ampliar las facultades del Congreso sobre la aprobación de leyes generales.



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