“La matanza del 10 de junio no se olvida”: Raúl Jiménez
El autor escribe sobre una "fétida atmósfera de impunidad que alentó la comisión de otros abominables crímenes de Estado, como las torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de la guerra sucia; las atrocidades cometidas en Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Atenco, Apatzingán, Ecuandureo, Tanhuato, Calera y Tlatlaya, y la trágica desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa".
Foto: Saúl López/ Cuartoscuro

Se reproduce un fragmento del artículo publicado este jueves en La Jornada:

Por Raúl Jiménez Vázquez*

El uso de la violencia por parte del Estado ha sido una constante a lo largo del tiempo. En 1927 tuvo lugar en Huitzilac, Morelos, la ejecución del general Serrano y otros opositores de Álvaro Obregón. En 1946 se llevó a cabo la agresión a los sinarquistas de León, Guanajuato.

En el periodo 1950-1967 se llevaron a cabo otros actos de brutalidad gubernamental: I) el acoso militar a la caravana de mineros de Nueva Rosita, Cloete y Palau, 1951; II) el ametrallamiento de simpatizantes de la candidatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán, 1952; III) el asalto militar al internado del Politécnico, 1956; IV) la represión contra el movimiento magisterial, 1956; V) la represión contra el movimiento ferrocarrilero, 1958; VI) la matanza de militantes del Movimiento Cívico Guerrerense, 1960; VII) el ataque contra el doctor Salvador Nava y otros integrantes del Movimiento Cívico Potosino, 1961; VIII) el asesinato del líder zapatista Rubén Jaramillo y su familia, 1962; IX) el aplastamiento del movimiento de los médicos, 1965; X) la ocupación militar de la Universidad Nicolaita, 1966; XI) la ocupación militar de la universidad de Sonora, 1967; XII) la masacre de copreros en Acapulco, 1967; XIII) la matanza de Atoyac, 1967.

Posteriormente, el terrorismo de Estado experimentó una vertiginosa escalada con la cruel masacre del 2 de octubre de 1968, tipificada como genocidio en la sentencia definitiva dictada por el Poder Judicial de la Federación, y la matanza de estudiantes perpetrada el 10 de junio de 1971 por el grupo paramilitar de Los Halcones. En ambos casos se trató de genuinos crímenes de Estado, en virtud de que al interior del aparato gubernamental se concibieron, planearon, instrumentaron y encubrieron estos inefables ataques a la dignidad humana.

El halconazo es el que corrobora más nítidamente esa aseveración. En la sentencia definitiva emitida el 26 de julio del 2005 por el quinto tribunal unitario en materia penal del primer circuito textualmente se consignó: “El grupo de Los Halcones dependía del Estado y recibía órdenes de tenientes del Ejército, siendo su jefe común Manuel Díaz Escobar Figueroa, subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal”.

(…)

*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD



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