Florida busca penalizar ciudades santuario que incumplan orden de Trump
Dos legisladores republicanos presentaron proyectos para imponer una serie de restricciones para prohibir la "política de santuarios".

La amenaza del presidente estadunidense Donald Trump de cortar fondos federales a gobiernos que apoyan a “ciudades santuarios” tuvo eco en la Legislatura de Florida, donde se presentó una iniciativa para penalizar a quienes incumplan con la directriz federal.

Dos legisladores republicanos presentaron los proyectos de ley SB-786/ HB 697 que imponen una serie de restricciones para prohibir la “política de santuarios” y crear multas y sanciones para las dependencias estatales, gobiernos locales y departamentos de policía.

Las iniciativas fueron presentadas por el senador Aaron Bean y el representante Larry Metz, y son similares a las presentadas en 2016 por los mismos legisladores que avanzaron en la Cámara, pero no fueron consideradas por el Senado.

En esta ocasión los dos legisladores tienen la esperanza de que sus iniciativas avanzarán a la luz de la reciente amenza de Trump sobre el anuncio de su política migratoria y de un Congreso estatal más balanceado.

Se prevé, sin embargo, la oposición de los legisladores demócratas y de organizaciones civiles.

Metz argumenta que la ley federal de hecho ya requiere que los gobiernos estatales y locales cooperen con la directriz federal de Trump en migración, pero hace notar que no existen sanciones para los estados y localidades que no cooperan.

“No podemos escoger cuáles leyes obedecer y cuáles no”, dijo Bean en declaraciones al periódico Herald Times.

Entre otras cosas, las iniciativas piden a los gobiernos estatales, locales y agencias del orden apoyar plenamente la ley federal de inmigración y prohibir cualquier esfuerzo para limitar su apoyo.

Exigir a los funcionarios y trabajadores denunciar violaciones conocidas o probables” de la ley o ser removido de su cargo.

Imponer una multa de hasta de cinco mil dólares diarios a partir del 1 de octubre a cualquier entidad gubernamental que se determine que sigue una política de “santuario”.

También permitir que el gobernador retire del cargo a cualquier funcionario que viole estas prohibiciones y que se pueda demandar a las agencias gubernamentales si un indocumentado comete un asesinato y se comprueba que la dependencia mantiene una política santuario. (NTMX)



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