opinión
Joaquín Vargas vs Carmen Aristegui en 10 puntos
El mundo al revés por Ernesto Villanueva
Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro

El 7 de noviembre el señor Joaquín Vargas hizo público, en un desplegado, la resolución del juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Odilón Centeno Rendón, que condena a Carmen Aristegui por “excederse en su libertad de expresión”. De entrada, hay que decir que esta sentencia no es inapelable y será seguramente recurrida ante la autoridad jurisdiccional competente del Poder Judicial de la Federación. Ya he escrito en Proceso sobre el tema en meses pasados. Lo hago de nuevo tras leer la sentencia del juez Centeno Rendón por su claro interés público. Veamos.

1.- El contenido de la sentencia resultado del expediente 455/20166 hace una correcta interpretación por cuanto se refiere a la vía recurrida; es decir, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y a la Propia Imagen en el Distrito Federal, la cual tuve el honor de redactar en buena medida y coordinar su contenido para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2006, la que, hasta ahora, recoge las mejores prácticas en la materia.

2.- El juez Centeno da cabida a diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis y ejecutorias) incluso algunas que ya no están vigentes como las relativas al daño moral previsto antes del 2006 en el código civil del Distrito Federal para normar su criterio. De entrada se advierte que del universo de tesis y ejecutorias de la Suprema Corte, el juez Centeno haya sido selectivo en las resoluciones invocadas como actos de autoridad moral.

3.- Lo anterior, empero, no impide reconocer que el juez Centeno cita el sistema dual de protección en materia de libertad de expresión, que establece diferencias según se trate de un particular o se refiera a una persona que tiene proyección pública. Al respecto la SCJN ha sostenido que: “La proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general; esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la información. En esa medida, las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública”. (Amparo directo 23/2013. Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. 21 de agosto de 2013.)

4.- Más adelante el contenido de la sentencia empieza a hacer agua. Confunde la gimnasia con la magnesia. Aclaremos. El texto que redactó Carmen que sirvió de prólogo para la obra La Casa Blanca de Peña Nieto no fue, en modo alguno, una pieza informativa ni menos un reportaje. Se trata de una reflexión, de una opinión o juicio de valor. Por este sólo hecho no puede someterse al parámetro binario: cierto o falso. Únicamente las informaciones están sujetas a ser verdaderas o más bien, veraces, que no son sinónimos. La veracidad se alcanza con un deber de diligencia del periodista, aunque no refleje la verdad objetiva.

5.- El juez Centeno sometió al test de veracidad a Carmen como si se tratase de información y no de una opinión. La SCJN ha distinguido con claridad este asunto: “Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acogido la distinción entre “hechos” y “opiniones”, en el sentido de que el objeto del derecho a la libertad de expresión son los pensamientos, las ideas y opiniones, lo cual incluye, obviamente, apreciaciones y juicios de valor; y el derecho a la información se refiere a la difusión de aquellos hechos considerados noticiables, aclarando que ya que sólo los hechos son susceptibles de prueba, únicamente al derecho a la información le es aplicable la posibilidad de verificar la veracidad de ésta, de manera que la actualización del estándar de la malicia efectiva, en lo que se refiere a la falsedad, únicamente puede tener lugar en la difusión de hechos y no de opiniones, ideas o juicios de valor.”(Amparo directo en revisión 3111/2013. Felipe González González. 14 de mayo de 2014)

6.- Evidentemente fue un absurdo que el juez Centeno sometiera a Carmen a la prueba de veracidad por sus opiniones en el multicitado prólogo, por la simple y sencilla razón de que están legal y jurisprudencialmente exentos de ser calificados de verdaderos o falsos por su propia naturaleza subjetiva.

7.- La falta de conocimiento para diferenciar información de opinión por parte del juez Centeno en su resolución explica que haya emitido una sentencia endeble, la que, con toda seguridad, será reencauzada en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

8.- Para no ir tan lejos el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Civil ya citada blinda las expresiones de Carmen, el cual a la letra dice: “No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones insultantes por sí mismas, innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión”. La redacción de este párrafo lo que protege es que no se llegue al insulto para comunicar ideas por la riqueza del español como idioma.

9.- Más todavía,  en los alcances de las palabras o frases injuriosas por sí mismas, la SCJN ha señalado que: “Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las expresiones que están excluidas de protección constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que sean: (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado.” (Amparo directo en revisión 2806/2012. Enrique Núñez Quiroz. 6 de marzo de 2013) Se trata, pues, del correcto uso del español, de la forma, en se formula o se expresa un comentario u opinión. En ningún caso Carmen usa un lenguaje incorrecto para expresar sus ideas ni en el prólogo citado ni en ningún otro caso hasta donde he tenido conocimiento.

10.- Al final del día, Carmen será absuelta. No soy adivino, pero algo conozco de este tema donde hay: a) una periodista que formula una opinión o reflexión sobre otra; b) el demandante que es una persona de proyección pública quien tiene el deber de tolerar un mayor escrutinio y comentarios que un particular y c) En ningún momento Carmen ha utilizado una forma soez para expresarse. Por las razones anteriores, en el Poder Judicial de la Federación las cosas habrán de ser analizadas con mayor rigor en los términos de la Constitución y la ley, lo que ahora no se ha hecho.

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Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Investigador por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su obra más reciente es "Parásitos del poder: cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes de la República". Ediciones Proceso, 2015.



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  1. Calidad_de_Vida_DF-7¿Quién miente aquí?
    noviembre 7, 2016 9:54 am
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