Amagaron a ex fiscal electoral con persecución judicial y uso partidista de PGR: PAN
Santiago Nieto debió sentirse atemorizado por las amenazas del Partido Verde, señalan senadores del Grupo Anticorrupción del PAN.

Los últimos titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) han actuado por consigna y con fines partidistas rumbo a las elecciones presidenciales del 2018 y prueba de ello es la amenaza de persecución judicial que senadores del Partido Verde lanzaron contra el ex Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto.

La afirmación corresponde al Grupo Anticorrupción del PAN en el Senado de la República, cuyos integrantes comenzaron este año a dar seguimiento a los casos de corrupción que se han revelado en distintas dependencias del gobierno federal, incluyendo el caso Odebrecht que involucra al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

La senadora del PAN, Marcela Torres, consideró que la razón principal de que el ex titular de Fepade, Santiago Nieto, se desistiera de objetar su destitución por parte del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, fue la advertencia de que iba a ser objeto de una persecución judicial.

“Senadores del Partido Verde dijeron que lo iban a acusar de acoso sexual y otros señalamientos, lo que venía era un gran ataque en su contra como hemos visto en el caso de Ricardo Anaya que le es incómodo, que son falsos y que tienen de su lado a un grupo de la defensa. Vemos una manipulación mediática en favor de este grupo que no quiera soltar el poder, es esta manipulación de ley de plata o plomo que vemos”, sentenció.

Torres Peimbert agregó que otra muestra del uso partidista es el proceso judicial que la PGR inició contra Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien fue liberado después de pasar nueve meses en la cárcel luego de que la propia Procuraduría reconociera que no tenía pruebas para atribuirle algún delito.

“Tenemos al hijo de un ex gobernador que estuvo nueve meses encarcelado acusado de un delito que nunca existió y que después de ese tiempo fue liberado con un “usted disculpe, no hay delito que perseguir’. Claro que el Fiscal Nieto debió sentirse muy atemorizado, puesto que la procuración de justicia nunca había estado tan partidizada”, sostuvo.

Durante una reunión con medios de comunicación, el senador Ernesto Ruffo dijo que en reuniones informales de trabajo con el ex titular de Fepade, Santiago Nieto, el ex funcionario de PGR comentó que había probabilidades de que el dinero de Odebrecht hubiese llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

“Lo que Nieto dijo es que los dineros de Odebrecht y que pasaron por Lozoya porque era un asunto en Pemex, había probabilidad de que estos habrían ayudado a la campaña de Peña Nieto (en 2012). Fue un comentario en general, decía que había probabilidad y él era el Fiscal, no estaba diciendo tengo los datos precisos”, explicó.

Por separado, el senador Víctor Hermosillo acusó al PRI de una cerrazón que tiene acéfalas a la PGR, a la Fiscalía Anticorrupción y a la propia Fiscalía Electoral, con el fin de seguir controlando a las instituciones de procuración de justicia rumbo al 2018.

“Se ha tratado en el Senado de llegar a consensos y no ceden, hay una cerrazón absoluta después de todo tienen mayoría y lo pueden prolongar hasta un punto en que ya no es prudente, debe haber instituciones encabezadas por personas, no pueden estar acéfalas en esta situación tan complicada, están estirando la cuerda lo más que pueden”, concluyó.

Irregularidades en donación de terrenos aledaños al nuevo aeropuerto

Durante el encuentro, el Grupo Anticorrupción del PAN informó sobre diversas irregularidades cometidas  en la donación de terrenos federales al ayuntamiento de Chimalhuacán, el cual está bajo control del grupo priista Antorcha Campesina.

Los terrenos donados por el gobierno federal a este grupo corporativo se encuentran en la zona aledaña a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) con el pretexto de que ahí se van a construir un parque  y una universidad pública.

Sin embargo, la donación incluyó más de 200 hectáreas, de las cuales 150 se van a destinar para uso comercial para presuntamente financiar la construcción de la universidad y el parque, por lo que se trata de una operación inmobiliaria encubierta promovida desde los gobiernos federal y del Estado de México a favor de particulares.






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