Miranda Nava: un subsecretario opaco, a cargo de programas sociales
El nuevo titular de Sedesol ha mantenido sus bienes e ingresos ocultos a lo largo de cinco declaraciones patrimoniales. En 2015 adquirió un exclusivo terreno para construir una residencia en la colonia Lomas de Chapultepec, valuado en 55 millones de pesos.
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Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro

Luis Enrique Miranda Nava, el nuevo Secretario de Desarrollo Social, se ha caracterizado por ser un funcionario opaco en la administración pública, y a partir del miércoles tiene a su cargo el manejo del ramo 4000, destinado a subsidios y ayudas gubernamentales.

Tan sólo durante el año fiscal vigente, Sedesol destinó a este rubro un presupuesto de 103 mil 185 millones 472 mil pesos, cifra que incluye programas sociales como Prospera, Abasto Rural, pensión para adultos mayores, pago a estancias infantiles y creación de empleos temporales, entre otros.

Desde su llegada a la Secretaría de Gobernación (Segob) como Subsecretario de Gobierno el 1 de diciembre del 2012, Miranda Nava se ha negado a transparentar su declaración patrimonial, por lo que se desconoce si los bienes y el monto de sus ingresos son acordes con los salarios que ha recibido en su carrera como servidor público.

El reportaje publicado en la revista “Proceso” el 15 de abril del 2015 sobre la adquisición de un exclusivo terreno para construir una residencia en la colonia Lomas de Chapultepec, valuado en 55 millones de pesos, no modificó la negativa inicial de Miranda Nava a transparentar sus bienes e ingresos.

Por el contrario, ha mantenido sus bienes e ingresos ocultos a lo largo de cinco declaraciones patrimoniales.

El terreno para levantar una mansión de lujo se ubica en la calle Sierra Ventana 300 y fue adquirido a nombre de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach, según la nota de los reporteros Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa.

A la par de esta compra, el entonces Subsecretario de Gobierno de la Segob rentaba otra residencia en la colonia Lomas de Chapultepec, propiedad de la familia Burillo Azcárraga, a un costo estimado de 218 mil pesos mensuales.

La estimación de la revista Proceso sería superior a los 138 mil pesos que recibía como Subsecretario de Estado, por lo que su manutención no correspondería con los ingresos que tiene como servidor público.

La falta de transparencia en su declaración patrimonial, impide verificar si tiene otros ingresos que le permitan financiar la construcción de una gran residencia y la renta de un inmueble de lujo al mismo tiempo.

A partir de mayo de 2015, cuando se incluyó por primera vez una declaratoria de conflictos de interés para todos los funcionarios del gobierno federal, el nuevo titular de la Sedesol aceptó divulgar una versión pública de la misma.

En el documento obtenido a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), niega que su puesto o cargo provoque algún tipo de conflicto de interés con actividades económicas, sociedades mercantiles, consultorías o sociedades filantrópicas.

También rechazó que tenga algún tipo de participación económica o financiera en cualquier empresa, situación que se repite en el caso de su esposa y dependientes económicos como hijos o padres.

Sin embargo, esa información es imposible de verificar con la opacidad de sus declaraciones patrimoniales.

En su actuación como Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava tampoco se ha caracterizado por ser un funcionario público, puesto que se reservó las negociaciones y acuerdos que sostuvo para poner fin al conflicto del gobierno federal con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Los acuerdos entre Segob y el SME incluyen la liquidación de los 14 mil 500 trabajadores que no habían recibido esa prestación y la concesión por parte de la Secretaría de Energía de 14 plantas y subestaciones eléctricas que los integrantes de ese gremio van a operar en Morelos, Hidalgo y Estado de México. Cinco de esas plantas, entraron en operación desde enero del 2016

Los convenios  que firmaron Gobernación y el SME para llegar a un acuerdo definitivo, se reservaron por parte de la Subsecretaría de Gobierno que encabezaba Miranda Nava,  con el argumento de que aún había un proceso deliberativo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, confirmó la reserva por un año.

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