opinión
El recorte al presupuesto ambiental… y las promesas
Territorios Indómitos por Raúl Benet
(Foto: Raul Benet)

El pasado primero de septiembre, el ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el Cuarto Informe de Gobierno. La presente nota analiza algunos de los puntos más relevantes del informe con relación a los bosques y al medio ambiente. El trago más amargo es el recorte de más de doce mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pasó de 68 mil a 56 mil millones de pesos entre el 2015 y el 2016.

Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.

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Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.

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Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016).

La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones.

Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016.

Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato.

Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque.

Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales.

Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales.

Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques.

Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos.

Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México.

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.



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