SHCP obligada a investigar “aparición” y “desaparición” de $1,600 mdp en Edomex: Paulo Díez
Basado en el derecho de petición, el abogado subraya que la dependencia tiene atribuciones para investigar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
(Foto:Notimex)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí está obligada a indagar el depósito de mil 600 millones de pesos que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) recibió en su principal cuenta bancaria y que posteriormente desapareció sin explicación alguna, afirmó el abogado Paulo Díez.

En una carta enviada al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el abogado Díez Gargari solicitó de manera formal al responsable de la política tributaria y fiscal del país que haga los requerimientos necesarios para esclarecer el origen y destino de los mil 600 millones de pesos, debido a que dichos recursos “desaparecieron” de las cuentas de SAASCAEM en una sola operación.

La misiva con la petición formal para que se investiguen las operaciones financieras del SAASCAEM, se da luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le respondiera a Paulo Díez que no tiene facultades para recibir denuncias por hechos delictivos ni para realizar una investigación concreta sobre el caso, argumentando que se trata de una facultad exclusiva del Ministerio Público Federal, es decir, de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente desde el 17 de octubre de 2012, señala que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene la facultad para recabar elementos que sean útiles para prevenir e identificar actos u operaciones que puedan estar vinculados con el lavado de dinero, con el fin de perseguir a los responsables y desmantelar las estructuras financieras que violen la ley.

En el documento de cuatro cuartillas, el abogado Paulo Díez afirma que la desaparición de los mil 600 millones de pesos de la cuenta 0102614057, abierta por el SAASCAEM en Bancomer, podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, puesto que no existió ninguna justificación para llevar a cabo el depósito entre enero y septiembre de 2016, ni tampoco para su retiro entre octubre y diciembre de ese mismo año

Además, el escrito reitera que dichos recursos no están registrados como ingresos propios del SAASCAEM, ni como disposiciones de una línea de crédito o financiamiento que el organismo haya tramitado con anterioridad, por lo que tampoco se justifica que los mil 600 millones de pesos hayan aparecido después como una cuenta por pagar a corto plazo, sin que exista ningún contrato que avale el monto de la operación.

“Me parece, Secretario, que existen indicios sólidos y suficientes para considerar que tanto el origen y el destino de estos recursos son ilícitos, y que la Secretaría a su cargo no puede seguir negándose injustificadamente a investigar y denunciar penalmente esta operación, que además puede estar relacionada con el financiamiento ilegal de la campaña para gobernador en el Estado de México y de la campaña presidencial del 2018”, advierte Paulo Díez en su carta.

El empresario agrega que los mil 600 millones de pesos pueden servir para que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, entregue mil 600 pesos en efectivo a un millón de potenciales votantes o a que deposite la misma cantidad de dinero a la tarjeta denominada “La Efectiva” a un millón de beneficiarios de los programas sociales que se reparten en esa entidad, de cara a los comicios del próximo mes de junio.

Ante este escenario, el abogado Díez Gargari solicitó a la Secretaría de Hacienda que haga requerimientos formales a todos los involucrados en las transferencias por mil 600 millones de pesos que desaparecieron “sin dejar rastro” de las cuentas del SAASCAEM, incluyendo a Bancomer y al mandatario mexiquense, con el propósito de aclarar todos los movimientos financieros que realizó ese organismo en 2016.

De igual forma, pidió a la SHCP que verifique el presunto incumplimiento de la institución bancaria para reportar esta operación como sospechosa o de riesgo en el marco de las leyes contra el lavado de dinero.

La solicitud del abogado está basada en el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución y en la misma se advierte que una segunda negativa de la Secretaría de Hacienda para actuar en este caso y denunciar penalmente a los responsables, sería el equivalente a un acto de denegación de la justicia, puesto que se está denunciando la posible comisión de un ilícito.

A continuación, la carta de Díez y los documentos que presentó ante SHCP:

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