“Escandaloso caso de depredación de derechos”, artículo de Raúl Jiménez
"Pese a no ser servidores públicos, quienes intervinieron en el caso concreto estaban obligados a respetar las garantías fundamentales inherentes a todas las personas por el sólo hecho de serlo...".

Opinión académica del Dr. Raúl Jiménez Vázquez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Se ha dado a conocer a la opinión pública el texto de la sentencia dictada por el Tribunal de la Rota Romana, máximo órgano jurisdiccional de la Santa Sede, en respuesta a la acción promovida por el sacerdote José Luis Salinas Aranda, quien el 10 de junio del 2009 fue condenado por el Tribunal Interdiocesano de México alegando que “simuló la administración del sacramento y del matrimonio” y por ello se le impuso una pena consistente en la privación del ejercicio de sus funciones ministeriales y la prohibición de permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de México,

En el fallo canónico en cuestión se estableció que el proceso seguido en contra del presbítero no fue otra cosa que “la construcción de un craso simulacro de justicia” pues: I) el vicario judicial mexicano reconoció ante la Rota que no existió causa alguna y que, por ende, no se dictó ninguna sentencia al respecto, II) el acusado nunca fue citado judicialmente, esto es, ni el motivo ni la razón de la imputación le fueron jamás comunicados, III) no se le dio la oportunidad de conocer las pruebas aducidas por el órgano acusador, IV) el afectado intervino como testigo eclesiástico, pero de ninguna manera como ministro del mencionado sacramento.

Ese pronunciamiento concluyó con la emisión de un impactante corolario: por habérsele negado de tal manera el derecho a la defensa, la decisión del Tribunal Interdiocesano resulta “conspicua” e “irrebatiblemente” nula.

El rigor, genuinamente lapidario, de los términos empleados por la Rota a fin de justificar su determinación anulatoria hace evidente que el “simulacro de justicia” del que fue objeto el religioso Salinas conllevó la violación de diversos derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en otros tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es alta parte contratante, tales como: el derecho humano a la dignidad, el derecho humano al proyecto de vida, el derecho humano al debido proceso, el derecho humano a la verdad, el derecho humano a la justicia, el derecho humano al trabajo y el derecho humano a la libertad ambulatoria.

Pese a no ser servidores públicos, quienes intervinieron en el caso concreto estaban obligados a respetar las garantías fundamentales inherentes a todas las personas por el sólo hecho de serlo, Dos son las razones que sustentan esta afirmación:

a) La primera tiene que ver con la literalidad del artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde claramente y sin lugar a dudas se prescribe que las asociaciones religiosas “deben propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos”.
b) La segunda, encuentra su asidero jurídico en el mandato plasmado en el artículo 1º. de la Carta Magna, resultante de la histórica reforma constitucional del 11 de junio del 2011, que a la letra reza: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece”.

Las asociaciones religiosas están comprendidas dentro del ámbito de aplicación material de este imperativo supremo, máxime que en el aludido artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas explícitamente se estipula que éstas “deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanen”.

En ese contexto, las autoridades encargadas de los asuntos religiosos están obligadas a ejercer las atribuciones de control y fiscalización previstas en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas; por consiguiente, deben practicar las visitas de verificación que sean necesarias a fin de esclarecer este escandaloso caso de depredación de los derechos humanos.







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