Lucha anticorrupción en México: entre presiones y la urgencia de una fiscalía independiente
Las presiones de grupos políticos se han dado en otros países de América Latina, pero el combate a la corrupción ha funcionado por fiscales autónomos.
  1. Jan Jarab (Foto: Galo Cañas)

  2. Jan Jarab (Foto: Galo Cañas)

  3. Jan Jarab y Manuel Bartlett (Foto: Galo Cañas)

El encuentro de fiscales y ministerios públicos encargados de combatir la corrupción en seis de países de América Latina concluyó con un llamado de la ONU para que México avance en la creación de una Fiscalía autónoma e independiente que sea capaz de abatir la impunidad.

Durante el intercambio de ideas, se planteó la advertencia de que los fiscales encargados de combatir los sobornos multimillonarios que entregan grandes empresas como Odebrecht, ahora se enfrentan a las presiones de los partidos políticos que han hecho de la corrupción su principal fuente de financiamiento para campañas electorales.

Durante el seminario internacional “Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina”, el Representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunció por acelerar la creación de una fiscalía autónoma e independiente como única forma de abatir la impunidad.

“No nos queda duda que se necesita una transformación que no sea sólo cosmética, no sólo un cambió de nombre, México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos”, sentenció.

Jarab agregó que de no lograrse el cambio a fondo para reducir la impunidad, México desperdiciará una oportunidad histórica y no podrá fortalecer el Estado de Derecho, debido a que el castigo seguirá siendo la excepción y no la regla.

“Todas las medidas sintomáticas, aunque buenas se van a quedar cortas, si no logramos cambiar la impunidad, si no mejoramos el funcionamiento de los ministerios públicos de las fiscalías, si no logramos mejorar la procuración de justicia y si la impunidad permanece como regla y el castigo la excepción no se puede fortalecer el estado de derecho…”

Durante su participación, el Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de Perú, Alonso Peña Cabrera, advirtió que el combate a la corrupción en América Latina se enfrenta en este momento a grandes presiones políticas.

En entrevista, añadió que esta situación ha provocado que los fiscales encargados de combatir la corrupción en América Latina, sean perseguidos por los propios partidos políticos que están sujetos a investigación.

Explicó que en el caso de Perú, el fiscal ya fue demandado por legisladores cercanos al expresidente Fujimori, por lo que no dudo en calificar como “el mundo al revés” a la lucha anticorrupción.

“Lastimosamente, hay ciertas presiones, ciertas amenazas porque el Fiscal de la Nación ha sido muy decidido y proactivo en el marco de las investigaciones con la autonomía de la Fiscalía, al margen de quien sea la persona y los hechos en los que estuvieron  involucrados, eso ha generado incomodidad en algunos grupos parlamentarios”, lamentó.

Las palabras del fiscal peruano se dieron sin que este conozca a fondo el caso del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, por lo que no quiso pronunciarse sobre este tema.

Por separado, el Fiscal Federal de Brasil, Vladimir Aras, reveló que cuando ese órgano brasileño comenzó a investigar el caso Lavajato y sus implicaciones con los sobornos constructora Odebrecht, jamás se imaginó que las autoridades de su país iban a descubrir uno de los esquema de corrupción trasnacional más acabados del mundo.

Agregó que gracias a la cooperación internacional se ha descubierto que en Suiza existen más de mil cuentas bancarias y alrededor de mil millones de francos suizos que están sujetos a investigación, ya que se trata de recursos ilícitos obtenidos de operaciones de lavado de dinero derivadas del caso Lavajato y los sobornos entregados por empresas tipo Odebrecht.

Aras explicó que las actuales leyes anticorrupción de Brasil se aprobaron tras las fuertes protestas sociales que provocó la última crisis económica en ese país. Las leyes se aprobaron para combatir el crimen organizado y la corrupción empresarial, por lo que ahora hay políticos que reconocen que si hubieran sabido que también les iban a aplicar estas mismas leyes, habrían votado en contra de ellas.






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