Iusacell impugnará prórroga a títulos de concesión de MVS
El grupo promovió al menos dos amparos para impugnar la decisión del Gobierno de prorrogar durante 15 años sobre una parte de la banda de frecuencias de 2.5 Gigahertz.
Iusacell busca impugnar prórroga a títulos de concesión de MVS

Grupo Iusacell promovió al menos dos amparos para impugnar la decisión del Gobierno de prorrogar durante 15 años los títulos de concesión de Grupo MVS sobre una parte de la banda de frecuencias de 2.5 Gigahertz (GHz), así como la conclusión del procedimiento para el rescate total de dicha banda en favor del Gobierno.
Los amparos fueron presentados el pasado 4 de noviembre por las concesionarias SOS Telecomunicaciones, Comunicaciones Celulares de Occidente y Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, y admitidas hoy a trámite por las juezas primera y segunda especializadas en Telecomunicaciones, Irma Leticia Flores y Silvia Cerón, respectivamente.

Iusacell, propiedad por partes iguales de Grupo Salinas y Grupo Televisa, se suma a la impugnación presentada a principios de octubre por Cablevisión, otra filial de Televisa, que acudió a los tribunales luego de que Grupo Reforma dio a conocer la decisión del Gobierno para zanjar la disputa con MVS.

Fue hasta el 14 de octubre cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes finalmente oficializó el acuerdo con MVS, acto reclamado ahora en las demandas de Iusacell.

El convenio incluye la devolución al Estado, sin pago alguno, de 130 de los 190 Megahertz (MHz) de la banda 2.5 GHz, la prórroga por quince años de los 60 MHZ restantes y la obligación de MVS para transitar a los servicios móviles de última generación mediante el esquema de concesionario único, a más tardar al cierre de 2016.

Iusacell también cuestionó la constitucionalidad de las decisiones de dar por terminado el procedimiento de rescate de toda la banda de 2.5 GHz, iniciado en el sexenio anterior, así como de no fijar por ahora contraprestación alguna por la prórroga de los 60 MHz, función que fue delegada al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Los amparos alegan violaciones a seis artículos de la Constitución, incluido el 134, que garantiza al Estado la obtención de recursos vía licitaciones, en las mejores condiciones posibles, así como el 6, que obliga al Estado a garantizar el acceso de la población a los servicios de banda ancha e internet.

También se alega que la SCT infringió los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, que señalan la propiedad nacional sobre el espectro radioeléctrico y las características que deben tener las concesiones para prestación de servicios públicos.

El trámite de los amparos podría tomar más de un año y, en principio, la revisión final de los litigios no correspondería a la Suprema Corte de Justicia, pues Iusacell y Cablevisión no han cuestionado la constitucionalidad de alguna ley, sino sólo de una resolución administrativa.

Sin embargo, por la importancia del tema, es previsible que la Corte eventualmente atraiga la revisión de las sentencias de primera instancia que dictarán las juezas Flores y Cerón. (Con información de Reforma)



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