HRW aplaude fallo de la Suprema Corte para liberación de Arzate
Con un comunicado la organización internacional considera que el fallo de la SCJN reafirma el principio constitucional en México de que las pruebas obtenidas mediante tortura u otras violaciones de los derechos humanos fundamentales es inadmisible.
HRW Arzate
(Foto: hrw.org)

La organización internacional de defensa de  derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) publicó este jueves un comunicado mediante el que aplaude la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a Israel Arzate Meléndez, quien fue detenido en 2010 por militares tras ser señalado como uno de los responsables de la masacre de 15 jóvenes durante una fiesta en la colonia Villas de Salvarcar, de Ciudad Juárez.

De acuerdo con HRW  Arzate fue detenido arbitrariamente y torturado hasta confesar su participación en un homicidio múltiple, y estuvo durante más de tres años en prisión preventiva mientras esperaba el juicio.

Según la organización el fallo de la SCJN este 06 de noviembre de 2013 reafirma el principio constitucional en México de que las pruebas obtenidas mediante tortura u otras violaciones de los derechos humanos fundamentales es inadmisible.

“El fallo de la Suprema Corte es un reconocimiento, largamente esperado, de que el gobierno obtuvo la confesión de Israel Arzate violando sus derechos, y nunca debió de ser admitida como prueba “, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Más allá de la liberación de Israel, el tribunal debe utilizar la sentencia para reafirmar la prohibición clara e inequívoca del uso de pruebas contaminadas con torturas en el sistema de justicia de México” agregó Vicanco.

El caso de Arzate fue uno de más de 170 casos de tortura , que Human Rights Watch analizó en su informe de noviembre de 2011, Ni Derechos Ni Seguridad, que documenta el uso generalizado y sistemático de la tortura por las fuerzas de seguridad mexicanas que participan en los esfuerzos antinarcóticos en cinco estados .

Cabe recordar que en agosto de 2013, Human Rights Watch, sobre este caso presentó un escrito de amicus curiae a la Suprema Corte sobre el caso.

A continuación la traducción hecha por Aristegui Noticias del comunicado emitido este jueves por HRW.

 

Para publicación inmediata

México: Sentencia clave de la Suprema Corte en caso de tortura

Oportunidad de mantener la Prohibición de la obtención de pruebas obtenidas mediante Violaciones a Derechos.
(Washington , DC , 7 de noviembre de 2013) – Un fallo de la Suprema Corte de Justicia el 06 de noviembre de 2013 reafirma el principio constitucional en México de que las pruebas obtenidas mediante tortura u otras violaciones de los derechos humanos fundamentales es inadmisible, publica este jueves Human Rights Watch.

El tribunal ordenó la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez. Él fue detenido arbitrariamente por militares en 2010, fue torturado hasta confesar su participación en un homicidio múltiple, y estuvo durante más de tres años en prisión preventiva mientras esperaba el juicio. El Tribunal Supremo aún no ha publicado las bases para llegar a esta decisión, por lo que su alcance sigue siendo incierto.

“El fallo de la Suprema Corte es un reconocimiento, largamente esperado, de que el gobierno obtuvo la confesión de Israel Arzate violando sus derechos, y nunca debió de ser admitida como prueba “, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Más allá de la liberación de Israel, el tribunal debe utilizar la sentencia para reafirmar la prohibición clara e inequívoca del uso de pruebas contaminadas con torturas en el sistema de justicia de México”.

El caso de Arzate fue uno de más de 170 casos de tortura , que Human Rights Watch analizó en su informe de noviembre de 2011, Ni Derechos Ni Seguridad, que documenta el uso generalizado y sistemático de la tortura por las fuerzas de seguridad mexicanas que participan en los esfuerzos antinarcóticos en cinco estados . En agosto de 2013, Human Rights Watch presentó un escrito de amicus curiae en el caso a la Suprema Corte.

Arzate fue detenido arbitrariamente por miembros del ejército y hombres vestidos de civil el 3 de febrero de 2010, mientras caminaba por la calle en Ciudad Juárez y fue trasladado a una base militar. Allí, se le mantuvo incomunicado y fue torturado hasta que confesó, siguiendo un guión proporcionado por sus interrogadores, en el que aceptaba participar en horrible asesinato de un grupo de estudiantes en el vecindario de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010. La tortura incluía ahogamiento con agua, descargas eléctricas y asfixia.

Arzate fue presentado como un sospechoso a la prensa , luego fue trasladado a una prisión , pero fue posteriormente retirado por la policía de investigación y regresó a la base militar , donde fue torturado de nuevo.

En su comparecencia, Arzate dijo al presidente del tribunal que su confesión había sido provocada por la tortura, y que había sido sacado de la cárcel y torturado en una base militar . No obstante el juzgado ordenó su juicio. Un juez ordenó que Arzate permaneciera detenido durante seis meses en prisión preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación y la detención fue posteriormente extendida por un período adicional de seis meses. Bajo la ley de Chihuahua, se permite un máximo de un año de prisión preventiva.
Cuando el segundo período de seis meses había expirado, otro juez ordenó la detención de Arzate bajo un proceso llamado arraigo, alegando que el detenido representaba un “creciente riesgo para la sociedad”. La figura del Arraigo permite a los fiscales, con autorización judicial, detener a los sospechosos de crimen organizado durante largos períodos de tiempo antes de ser acusados formalmente de un delito. Arzate fue trasladado a un centro de detención de la policía, y se mantuvo hasta el 26 de septiembre de 2012, cuando fue trasladado a arresto domiciliario después de que un tribunal consideró que su detención en las instalaciones de la policía era ilegal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México investigó el caso de Arzate y encontró que el ejército le había mantenido incomunicado y torturado antes de su traslado a los fiscales. La Comisión llevó a cabo un examen médico que determinó que la condición física y psicológica de Arzate fue consistente con la tortura que describió, como se indica en su recomendación sobre el caso, en agosto de 2011 .

La Primera Sala de la Suprema Corte tomó el caso en octubre de 2012.

El amicus de Human Rights Watch enumera los argumentos legales para liberar a Arzate por considerar que las pruebas obtenidas mediante la tortura deben de ser excluidas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las consagradas en los tratados ratificados por México. Human Rights Watch afirmó en su escrito que: “Consideramos que es de suma importancia que la Suprema Corte reafirme que una confesión obtenida mediante tortura es inadmisible como prueba en el proceso penal en contra de la víctima”.

La Ley Federal de México para la Prevención y la Sanción de la Tortura, aprobada en 1991, considera delito federal la práctica de la tortura y establece que ninguna confesión o información obtenida a través del uso de la tortura puede ser utilizada como evidencia en el juicio. En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional, afirmando que las pruebas obtenidas mediante tortura u otras violaciones de los derechos fundamentales son inadmisibles.

Human Rights Watch sostuvo que la decisión de la Suprema Corte fue especialmente importante debido a que el caso se llevó a cabo en Chihuahua – el primer estado mexicano que hizo la transición al nuevo sistema de justicia acusatorio oral, destinado a proporcionar una mayor protección de los derechos fundamentales”. “Uno de los principios rectores y los motivos para la transición al nuevo sistema es, precisamente, la necesidad de proteger los derechos y garantías fundamentales que, en lugar de acusar a la gente sobre la base de pruebas obtenidas mediante coacción, que a menudo son falsas, el sistema de aplicación de la ley y la justicia se base en la evidencia que es confiable y legítima “, escribió Human Rights Watch a la Suprema Corte.

“Ahora que la Suprema Corte ha liberado Arzate, las autoridades deben investigar a fondo sus denuncias de tortura y que los responsables sean llevados ante la justicia”, dijo Vivanco.



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