opinión
El debate sobre derecho de réplica
El mundo al revés por Ernesto Villanueva

Desde hace unas semanas se ha debatido con más prejuicios que juicios los alcances y límites de tres acciones de inconstitucionalidad presentadas, una por el Partido de la Revolución Democrática, otra por Morena y la tercera por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 6º párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.

El proyecto de resolución a cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, fue hecho público por la SCJN varios días después de las posiciones públicas sobre el mismo. En 145 páginas, el ministro Pérez Dayán propone resolver la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas que -se espera- sean discutidas y resueltas hoy lunes 7 de noviembre. (De último minuto se aplazó la discusión, pero se dará de un momento a otro).

El proyecto tiene claroscuros. Veamos.

1.- El derecho de réplica (o de rectificación o respuesta) habilita a que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”, de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Ley de la materia en México modifica esa definición al cambiar el “o” de la Convención por el “y” entre inexactitud o falsedad y agravio. De esta suerte, la ley mexicana impone la existencia de información (Es importante precisar que sólo la información es sujeto de réplica no las opiniones, ideas o conjeturas) falsa o inexacta como prerrequisito para que se configure un agravio y, generándose esos dos supuestos, proceda el derecho de réplica.

2.- Técnicamente, la ley mexicana restringe el derecho de réplica si se le compara con la definición de la Convención Americana. No obstante al hacer una acuciosa revisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuyas sentencias son de obligado cumplimiento para el poder judicial ya sea federal o local en México) no se ha conocido caso alguno donde haya habido una controversia derivada de una información agraviante, aunque sea cierta. Por supuesto, eso no significa que las expresiones agraviantes estén protegidas por la Constitución. El derecho de réplica no es la vía legal para combatir esa eventual hipótesis. En la Ciudad de México se encuentra la vía civil por la ley especial para proteger el derecho al honor y a nivel federal, también por la vía civil, existe el daño moral.

3.- El problema es que el PRD y Morena no pretenden que se ajuste el concepto de derecho de réplica de la ley mexicana al establecido en la Convención Americana, sino que proceda sólo cuando existan informaciones agraviantes sin importar si son falsas o inexactas. Eliminar la falsedad o inexactitud del derecho de réplica es vaciar el contenido esencial de este derecho. El ministro Pérez Dayán hace suyos los alegatos del PRD y Morena y propone que la SCJN invalide del concepto de derecho de réplica la falsedad o inexactitud de la información objeto de la réplica. De entrada, eso es contrario a la propia Constitución por la jerarquía normativa de la Convención y de su interpretación por la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 1, primer párrafo de la Constitución Política y 133 constitucional y múltiples sentencias de la propia SCJN.

4.- En pocas ocasiones como en este caso, el legislador mexicano hace algo bien. Eso ha sucedido con la plausible redacción del concepto de derecho de réplica, con mejor factura que el previsto en la propia Convención Americana. El tema central de mi afirmación es la presencia de la inexactitud o falsedad informativa ligada al agravio. Recuérdese que se está hablando de informaciones no de opiniones. ¿Alguien podría mencionar una sola hipótesis de información cierta que sea agraviante y la mejor vía legal para la defensa de un particular sea el derecho de réplica? No se ha presentado caso alguno hasta donde sé en la Corte Interamericana o en cualquier otra similar. Es evidente que tratándose de personas públicas como, por ejemplo, Javier Duarte, la información cierta que se ha publicado sobre él le ha generado un agravio. Ni duda cabe. Pero ese flujo de información está protegido por la Constitución por su interés público al revelar casos con evidencias o indicios de corrupción que optimizan el derecho a saber de la sociedad.

5.- Hay cosas rescatables del proyecto del Ministro Pérez Dayán, quien propone invalidar el derecho de réplica a la crítica, prevista erróneamente en el artículo 5 de la ley comentada. Esta propuesta es del todo atendible. De igual forma, hay que aclarar que no existe el derecho al insulto. Tampoco, empero, el derecho de réplica es el medio jurídico para combatir la afectación al honor, sino, como ya lo anoté en el numeral 2, la protección civil del derecho al honor o la demanda de daño moral, según se trate de la capital del país, del ámbito federal o de otros estados.

6.- El PRD y Morena han demandado que, en tiempos electorales, sean las autoridades jurisdiccionales en esa materia las que resuelvan el derecho de réplica y no los juzgadores de distrito. Esta solicitud tiene explicación- que no justificación- en dos elementos: a) La incidencia de los partidos en la selección y nombramiento de las juzgadores electorales es apreciable; no tienen, en cambio, ningún margen de maniobra en el nombramiento de jueces de distrito y de magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación que son sometidos a rigurosos exámenes de oposición y son hoy en día los juzgadores con mayores dosis de independencia de criterio; y b) El desconocimiento de los abogados de los partidos para litigar este nuevo derecho que representa una curva de aprendizaje, a diferencia de lo que sucede en materia electoral donde los litigantes partidistas se sienten en un ambiente controlado y razonablemente en su zona de confort.

7.- Cabe aclarar que las preocupaciones de la CNDH son distintas a las del PRD y a las de Morena. La CNDH lo que reclama es mayor precisión en los alcances de los sujetos obligados del derecho de réplica para evitar algún mecanismo de restricción a la libertad de expresión, lo que le fue concedido en el proyecto del Ministro Pérez Dayán. Es de esperar que prime la razón y el respeto a los derechos humanos sobre los criterios de ventaja política de estos partidos dignos de encabezar mejores causas que, con intención o sin ella, buscan acotar el derecho a saber, además de la libertad de expresión.

Sumario.
1.- El próximo martes 29 de noviembre presentaré la obra “Los parásitos del poder” (Proceso ediciones) de la autoría de la Dra. Hilda Nucci y mía en la ciudad de Xalapa, Veracruz. La cita es a las 12: 30 en el Casino Xalapeño. Me acompañarán José Luis Cuevas Gayosso, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y el periodista Mussio Cárdenas, con la moderación y organización de Iván Gidi director de la Organización Nacional Anticorrupción (www.oneamexico.org).

2.- Mal y de malas la actitud del rector de la @BUAPoficial, Alfonso Esparza Ortíz, por su política autoritaria e ilegal. Resulta que al distinguido jurista, el Dr. José Manuel Lastra, fundador del posgrado en derecho de la @BUAPoficial y quien con otros respetados colegas logró que el programa doctoral de esta institución forme parte de los posgrados de excelencia CONACYT, hoy sufre en carne propia el acoso que se traducido en un proceso legal por “despido injustificado”, después de 25 años de trabajo ininterrumpido en esa casa de estudios. Hoy, el Dr. Lastra pugna por defender sus derechos laborales y la @BUAPOficial, por instrucciones del rector Alfonso Esparza Ortíz, lo hace para restringirle lo que le corresponde a este gran experto del derecho laboral. Ese es el rostro de la campaña de Esparza Ortíz para reelegirse como rector de esa importante universidad mexicana.

[email protected]

Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Investigador por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su obra más reciente es "Parásitos del poder: cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes de la República". Ediciones Proceso, 2015.

Temas relacionados:
Opinión
Poderes
SCJN


    Contenido Relacionado


  1. periodicosAlarmante, propuesta de cambios a derecho de réplica en México: CPJ
    noviembre 5, 2016 10:29 am
Escribe un comentario

Nota: Los comentarios aquí publicados fueron enviados por usuarios de Aristeguinoticias.com y han sido editados en orden de llegada. Invitamos a los usuarios a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
Agustín Carstens dejará Banxico el 1 de julio de 2017.
Será gerente del Banco de Pagos Internacionales.