La ceguera gubernamental ante la crisis de derechos humanos (Artículo)
Escriben Leopoldo Maldonado y Ana Cristina Ruelas, de la organización Artículo 19.
Mexico

El viernes 2 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó las observaciones preliminares de su visita a México y cada una de sus líneas reafirma las demandas de la sociedad. La conclusión es contundente, existe una grave crisis de derechos humanos en el país que se perpetúa por la falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas.

La visita in loco (en el lugar), cuyo antecedente más reciente en nuestro país nos remonta a 1998, confirma que México es un país con un doble discurso. En el plano internacional promueve iniciativas a favor de los derechos humanos; mientras que a nivel nacional construye un sistema basado en la impunidad y la corrupción. El rechazo inmediato por parte del Estado a las observaciones preliminares de la CIDH–incluidos los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la propia CNDH- es un síntoma de ceguera y resistencia a transformar una realidad lacerante de 24 mil personas desaparecidas, 100 mil ejecutadas y cientos de casos de tortura, todos sin resolver, en su aplastante mayoría. De esta manera se institucionaliza la impunidad, convirtiéndola en leitmotiv del Estado mexicano.

Todos los días, desde ARTICLE 19 denunciamos las violaciones a los derechos de libertad de expresión e información en el país. Una y otra vez hemos hablado de la impunidad que prevalece en los 88 asesinatos y 18 desapariciones de periodistas, de 2000 a la fecha. A esta situación cabe agregar la presentación de 16 iniciativas legales –tres aprobadas- para restringir el uso del espacios público en los últimos dos años; 11 estados donde se encuentran vigentes los delitos contra el honor; y 19 que prevén delitos como halconeo, mediante los cuales se criminaliza cualquier acción de búsqueda de información sobre fuerzas de seguridad.

Además señalamos que la falta de información veraz, completa e imparcial, los subregistros estadísticos, la disfuncionalidad de las bases de datos y la inexistente rendición de cuentas sobre violaciones graves a derechos humanos impiden generar confianza en las instituciones y abonan a la repetición de los hechos.

Desde la asunción del poder por parte de Peña Nieto, ARTICLE 19 ha sido testigo de la restricción de los canales existentes de acceso a la información a través de las constantes declaraciones de inexistencia de información, su clasificación injustificada, y del cambio de modalidad de acceso a los archivos históricos –incluso para las víctimas- en los que se encuentra documentada la violencia del Estado durante el período de la Guerra Sucia durante las décadas de los 60, 70 y 80.

A pesar de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia hemos constatado que, en los hechos y como lo mencionó la CIDH, existe un retroceso significativo en la transparencia proactiva de las fuerzas de seguridad y que a pesar de la desclasificación de información por parte del INAI, existe una renuencia clara de estas instituciones para dar cumplimiento a sus resoluciones.

Basta decir que, recientemente, tanto PGR como SEDENA declararon la inexistencia de información estadística desagregada sobre casos de tortura, masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y en ninguna de las respuestas se puede advertir el número de funcionarios públicos investigados por estos hechos.1

Por ejemplo, es imposible acceder a la averiguación previa de las 22 ejecuciones en el municipio de Tlatlaya seguida en la Procuraduría de Justicia Militar y solamente se han obtenido algunas partes de la investigación de PGR aun con el reconocimiento de la existencia de violaciones graves a derechos humanos.

De acuerdo a la CIDH, México es un país donde las voces que buscan la verdad y exigen justicia, como la de los periodistas y los defensores de derechos humanos, se encuentran constantemente amenazadas, perpetuando la impunidad para las graves violaciones a derechos humanos.

Así el círculo de la impunidad se cierra de manera dramática. Al cometerse de manera generalizada violaciones graves a derechos humanos, éstas se procesan en un sistema de procuración y administración de justicia con profundas falencias. La falta de verdad y acceso a la justicia incrementa la demanda de información sobre los casos. Como consecuencia, se niega o tergiversa la información para las víctimas y la sociedad. Ante la insistencia de obtenerla, se recurre a la violencia contra víctimas, personas defensoras o periodistas que indagan sobre los hechos. Y así hasta el infinito.

grafica

Es interesante señalar que la propia CIDH expone en sus observaciones preliminares que la impunidad tiene como causa suficiente la ausencia de procesos efectivos de justicia transicional respecto a las violaciones graves a derechos humanos cometidas décadas atrás. Así podemos corroborar que el ciclo incesante de impunidad tiene una línea de continuidad que nos remite a la “era del partido hegemónico”. A pesar de los esfuerzos retóricos oficiales (y mediáticos) por ubicarnos dentro del concierto de naciones democráticas debido a la existencia de un sistema electoral más o menos estable, se pierde de vista la carencia de otro pilar democrático básico: la vigencia del Estado de Derecho y la garantía plena de los derechos fundamentales.

De esta manera podemos afirmar que México no es país democrático. La democracia -para serlo- se corrobora en todos su componentes básicos, no de manera parcial y cuestionable en uno solo de ellos. Es un contrasentido hablar de democracia cuando existe una imposibilidad clara por hacer un escrutinio efectivo sobre las actividades del Estado y una tendencia evidente por mantener cualquier violación a derechos humanos en secreto y en la impunidad.

Esto abona, sin duda, a que la crisis grave de derechos humanos se considere algo estructural pues no existe la voluntad del Estado para aclarar los hechos, investigar y sancionar a los culpables, ni mucho menos para generar acciones distintas que garanticen la no repetición de los hechos. Al contrario, se niegan los hechos, se restringe la información y se apela al olvido. Ello nos permite inferir que tal crisis es perfectamente intencionada desde diferentes esferas del Estado. También nos lleva a concluir que la democracia en México es una quimera.



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