Declaran ‘presos’ a los 6 militares detenidos; les imputan protección al narco
Los 4 generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez y dos oficiales más están acusados por la PGR de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva.
Los 4 generales. Foto: Cuartoscuro y La Jornada

Un juez federal resolvió este lunes iniciar el proceso penal contra los cuatro generales del Ejército mexicano detenidos, entre mayo y julio pasado, y quienes la semana pasada fueron trasladados al penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Los generales de División, Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas; el Brigadier Roberto Dawe González, y el general de Brigada, Rubén Pérez Ramírez, están acusados por la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR de brindar protección a las actividades del cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.

Dentro de la causa penal 44/2012, el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, también dictó la formal prisión al Teniente Coronel Silvio Hernández Soto y al Mayor Iván Reyna Muñoz.
El juez consideró que hay elementos suficientes para abrir un proceso penal  contra los seis militares, por lo que durante el desarrollo del juicio en su contra permanecerán “presos” en el penal mexiquense de Almoloya.

Las acusaciones

La PGR acusa a los generales Ángeles Dauahare, Escorcia y Dawe, así como el Teniente Coronel Hernández, por “delitos contra la salud y delincuencia organizada” con el propósito de cometer “delitos de narcotráfico”.

El juez negó la captura por el primer delito, pero resolvió que sólo deben ser juzgados por el segundo ilícito.

En el caso del general Pérez Ramírez y el Mayor Reyna Muñoz quedaron sujetos a proceso por “delitos contra la salud”.

La investigación contra los militares se inició el 17 de marzo de 2012 con una denuncia “anónima” ante la SIEDO que señalaba a  los militares ahora detenidos y consignados de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

En los últimos meses, la SIEDO inició una averiguación apoyada esencialmente en las declaraciones de los testigos protegidos ‘Jennifer’ y Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, quienes han señalado a los militares de haber colaborado con información del Ejército para favorecer las actividades del cártel de los Beltrán.

Los testigos protegidos han declarado que, en algunos casos, realizaron pagos a estos militares  de entre 500 mil a 5 millones de dólares, por su colaboración.

Entre la información supuestamente proporcionada por militares habría estado la filtración sobre las operaciones y ubicación estratégica de los jefes del cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Asimismo, el relato de los testigos protegidos de la PGR indica que hace 5 años un supuesto emisario de los Beltrán Leyva consiguió el apoyo de los militares para operar el aterrizaje de aviones con cocaína en los aeropuertos Internacionales de la Ciudad de México y de Cancún.

La resolución dictada anoche por el juez Valerio puede ser apelada por los inculpados ante un tribunal unitario, el cual determinará en definitiva si deben o no quedar sujetos a juicio, aunque su veredicto tardará no menos de tres meses, debido a las cargas de trabajo de los tribunales.

(Con información de Notimex y Reforma)





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