opinión
“Crímenes contra la humanidad en México”, artículo de Jacobo Dayán
Caronte por Jacobo Dayán
Foto: Bernardino Hernández/ Cuartoscuro

Lo que venían insinuando diversos informes de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ahora se nombra de manera contundente.

Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”. Se trata de un riguroso trabajo realizado por OSJI junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y expertos nacionales y extranjeros. Por primera vez se realiza un extenso informe sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del Derecho Penal Internacional.

El informe parte de que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”. Los responsables son tanto actores estatales como miembros del crimen organizado.

El informe se centra en la responsabilidad del gobierno federal y el cártel de los Zetas “aunque no se descarta que otras investigaciones permitan concluir que otros cárteles también han cometido crímenes de lesa humanidad”, así como otros actores del Estado mexicano. Concluye que “la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales”.

El Estatuto de Roma establece que el Crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El Derecho Penal Internacional busca proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional por lo que existe un interés global por reprimir y prevenir los crímenes internacionales (Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Crímenes de guerra y en un futuro Crimen de agresión) y asignar y procesar responsabilidades individuales.

La obligación inicial de investigar y procesar estos crímenes recae en el Estado. Ante la impunidad, superior al 90%, surge la pregunta si las autoridades mexicanas quieren y pueden hacerlo. Sin duda, es fundamental el reconocimiento de la gravedad de los hechos. Lo que hemos visto es una negación permanente y un descrédito a quienes señalan esta crisis. El informe indica que el gobierno debe “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

La constante ha sido la negación, pasamos del “se están matando entre ellos” del gobierno de Calderón a la negación y posterior descrédito y ataque a organizaciones de derechos humanos y funcionarios del sistema internacional durante la administración de Peña Nieto. Llevamos años en la simulación. Se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica internacional.

No se niega la facultad del Estado para enfrentar al crimen organizado, de hecho “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”. En el país abundan los “falsos positivos” y las “víctimas colaterales”.

La responsabilidad criminal de funcionarios del Estado mexicano y miembros del crimen organizado alcanza límites que lesionan a la humanidad y atentan contra los principios básicos del reconocimiento de la dignidad humana.

Las recomendaciones al Estado se encuentran en el informe de OPJI y en el que entregó hace unos meses el GIEI. La ruta es clara e intransitable sin la cooperación mediante “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

Según las normas internacionales de la Responsabilidad de proteger (R2P), “la soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población”. De no hacerlo, le corresponde a la comunidad internacional alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”.

Mientras, la violencia continúa. No podemos cambiar la llanta con el auto en movimiento, se requiere un cambio en el modelo de seguridad y detener la violencia. El agravio es de tal magnitud que no habrá sistema judicial capaz de procesarlo todo. “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la CPI no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”. Con la violencia contenida podríamos iniciar procesos de justicia transicional, iniciar el trabajo de comisiones de la verdad y tener una efectiva política de atención a víctimas. En este sentido resulta prioritario el trabajo de la CNDH, la CEAV y el INAI.

La presión tendrá que venir del exterior. Buena parte de los medios de comunicación ha sido comparsa y la ciudadanía no ha sabido articularse para presionar por un cambio.

Lo hacemos ahora o repetiremos la historia de los crímenes del pasado. Haber postergado ello es una de la razones por las que hoy atravesamos este oscuro y perverso presente.

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

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