Denuncian impunidad de asesinos de activista hondureña Berta Cáceres
"Hasta ahora sólo se ha detenido a cargos intermedios. No ha habido un señalamiento de la autoría intelectual del crimen", dijo Berta Zúñiga, hija de Cáceres.
(Foto: Twitter)

A un año del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, su hija, Berta Zúñiga, reiteró en Bruselas su denuncia sobre la impunidad de los autores del crimen y las irregularidades en el proceso que llevará los supuestos autores materiales a juicio el próximo 19 de abril.

“Hasta ahora sólo se ha detenido a cargos intermedios. No ha habido un señalamiento de la autoría intelectual del crimen”, dijo Zúñiga.

Para la joven de 26 años —quien ha dejado de lado un curso de maestría para asumir la lucha de su madre— la manera en la que el gobierno hondureño aborda el caso está generando un “mecanismo de impunidad” en el país.

Zúñiga también se queja de la secrecía en torno al proceso y de la “fragilidad de ciertas pruebas” relativas a los imputados.

“Esperamos que la Unión Europea haga presión política. Me han dicho que van a enviar una comisión para presenciar el juicio. Eso es importante porque va a sacar juicio de valor respecto al procedimiento”, explicó.

La familia de la activista asesinada pidió el apoyo de la Unión Europea (UE) para la moción de inconstitucionalidad que presentó junto al gobierno hondureño, en la que exige que se retire a la compañía DESA la concesión del río Gualcarque.

Propiedad de un consorcio chino y hondureño, DESA es la responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual luchaba Berta Cáceres.

Actualmente, las obras de la compañía hidroeléctrica se encuentran paralizadas en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca, que depende económicamente de sus aguas.

Tras el asesinato de la ambientalista, los fondos europeos FMO y Finnfund anunciaron que dejarían de invertir en el proyecto; sin embargo, Zúñiga afirmó que la promesa aún no ha sido cumplida.

“Sí hay una suspensión de los fondos, pero aún no se han retirado. A nosotros nos preocupa porque ya ha pasado un año. Tienen una responsabilidad en todo lo que ha pasado que culminó con el asesinato“, aseveró.

Lo que sí ha cambiado en los últimos 12 meses es el nivel de atención internacional que se concede en la actualidad a los problemas ambientales y de derechos humanos en Honduras, indicó la joven.

“Pero si no hay una medida de castigo a las personas y empresas responsables en el caso, esa situación va a estar constantemente incomodando las poblaciones indígenas y favoreciendo el conflicto, contribuyendo para que no haya una solución satisfactoria”, advirtió. (NTMX)



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