“El Ejército no ha sido exonerado” de ejecuciones en Tlatlaya: Centro Pro
Podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente, alerta la organización no gubernamental.
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Tras la liberación de 4 de 7 militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez precisó que esto no significa que el Ejército haya sido exonerado.

En un comunicado, detalló que “frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria. Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado”. 

Además, la organización denunció que a través de los medios de comunicación, la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, Clara Gómez González, conocida como Julia, se enteró de la liberación de cuatro elementos de la Sedena, sin que hasta ahora la resolución le haya sido notificada, lo cual el centro calificó como “una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar”.

En cuanto a la liberación de 4 militares involucrados en los hechos del 30 de junio del 2014, señaló que “la información que circula en la opinión pública debe llamar la atención sobre la actuación de la PGR, que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente. También debe llamar la atención sobre la actuación del Poder Judicial Federal, garante del debido proceso para todas las personas sujetas a procesos penales, incluidas las víctimas. De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”. 

Y recordó el informe presentado por el Centro de Derechos Humanos, que dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, con la cual se ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad.

Refirió que la PGR se negó a investigar la cadena de mando en el caso Tlataya, “sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse”.

“A más de un año de la masacre, es pertinente recordar que la CNDH, el órgano constitucionalmente facultado para determinar la violación de derechos humanos, resolvió en la Recomendación 51/2014 que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes”, apuntó.

“En suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos. Este riesgo no es menor, si se considera que en su reciente visita a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en la grave crisis de violaciones que vive el país la impunidad es estructural”, finalizó la organización.



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