“Los Juicios de Ernesto Zedillo”, en ‘The Economist’
La revista británica publicó un reportaje en el que hace referencia al juicio que se le sigue al expresidente mexicano en una corte de Estados Unidos por su responsabilidad en la matanza en Acteal, en 1997.
EU definirá la inmunidad del expresidente Zedillo Ponce de León el 7 de septiembre. (Imagen: The Economist)

El gobierno estadounidense definirá el viernes el 7 septiembre si otorga al expresidente de México, Ernesto Zedillo, inmunidad en la demanda civil que se le sigue en ese país por su presunta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas tzotziles, en el poblado de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.

El semanario inglés The Economist publicó el 1 de septiembre un reportaje en el que entrevista a diversas fuentes, que afirman que el proceso contra Zedillo es más una “venganza política de priistas” que un acto de reclamo de las víctimas. El siguiente es el texto íntegro del reportaje.

“Los Juicios de Ernesto Zedillo”

Para la hora en que el tiroteo había terminado, 45 hombres, mujeres y niños yacían muertos dentro de la selva. ‘La Masacre de Acteal’, una aldea de Chiapas, era el peor acto aislado de violencia durante el despertar que sacudió al extremo sureste de México, en la década de los 90. La guerrilla zapatista había declarado la guerra al gobierno federal en la madrugada del año nuevo de 1994. Los enfrentamientos fueron breves, pero los simpatizantes de ambos lados usaron el conflicto para dirimir las diferencias por territorio, religión, y muchas cosas más. Los supuestos nexos del gobierno con los asesinos que llevaron a cabo la masacre el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, un lugar principalmente compasivo con los zapatistas y que nunca se habían establecido definitivamente.

Casi 15 años después, los asesinos de Acteal podrían ser juzgados en una corte a 2 mil 500 kilómetros de distancia en Connecticut. Ernesto Zedillo, quien fuera presidente de México entre 1994 y 2000, es ahora profesor de la Universidad de Yale. Su residencia en este estado ha dado la oportunidad a 10 indígenas tzotziles – presuntos sobrevivientes de la masacre- de demandarlo en una corte civil de EU. Ellos buscan 50 millones y una declaración de culpabilidad contra Zedillo Ponce de León.

Mucha gente en México afirma que, más que una búsqueda por justicia, el caso parece un ajuste de cuentas políticas. Al presidir la democratización de México, Zedillo pudo haber molestado a fracciones del Partido el Revolucionario Institucional (PRI), que gobernara como un monopolio de poder por 70 años. Zedillo habría roto dos reglas no escritas del sistema priista: reformó la ley para que hubiera elecciones equitativas y reconoció rápidamente la derrota de su partido en 2000, al tiempo que emprendió un ataque contra su predecesor, Carlos Salinas de Gortari al ordenar el arresto del ‘hermano incómodo’, Raúl Salinas, por cargos de enriquecimiento ilícito y complicidad en el homicidio de su excuñado, quien fuera titular del PRI. Después de que pasara 10 años en la cárcel, fue absuelto de los cargos, aunque Suiza confiscó 74 millones de dólares que, se afirma, fueron obtenidos de forma ilícita.

La parte acusadora en el caso Acteal asegura que Zedillo ayudó o prefirió no ver los grupos paramilitares de habitantes locales organizados por el Ejército para eliminar a los zapatistas. Ellos afirman que durante varias investigaciones mexicanas en el caso, ninguna ha señalado jamás a Zedillo, aunque el conspiró para cubrir los crímenes.

Los abogados de Zedillo afirman que el expresidente no tiene que ver con esta atrocidad, por la cual decenas de personas, entre ellas oficiales del Ejército de bajo nivel, fueron sentenciadas (aunque más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó 36 de las condenas). Los abogados afirman también que Zedillo tiene derecho a inmunidad por los actos cometidos como jefe de Estado. El Departamento de Estado de EU debe decidir antes del 7 de septiembre si recomienda o no la inmunidad.

Hasta el momento no queda claro qué sucederá, mientras la administración Obama no tiene un deseo particular de probar a un expresidente respetado de un país vecino sensible con su soberanía. El gobierno mexicano ha dicho que EU no tiene jurisdicción para juzgar hechos que sucedieron en México y que no implican a ciudadanos estadounidenses. El gobierno de EU parece titubeante sobre la idea de la jurisdicción universal en juicios civiles. Ha dicho incluso que un grupo de nigerianos podría demandar a Shell, una firma petrolera anglosajona, en una corte estadounidense, para luego añadir que esto no aplica para actos cometidos en el exterior.

Y después de Zedillo, ¿Calderón?

La decisión sin duda será seguida de cerca por el presidente Felipe Calderón, cuyo gobierno termina el próximo 1 de diciembre, y que ha mantenido una guerra de seis años contra los cárteles de la droga mexicanos, lo cual le ha traído enemigos poderosos. Se rumora que Calderón buscará una cátedra en una universidad estadunidense. Si el caso contra Zedillo continúa, alguien podría intentar demandar a Calderón por los más de 60 mil muertos -o más- a manos de la policía federal y las bandas de delincuentes durante su política de endurecer el ataque al crimen organizado. Sin embargo, si Zedillo recibe la inmunidad, Calderón podría recibirla.

El caso contra Zedillo tiene varias cuestiones extrañas. Para empezar, los indígenas tzotziles han escogido permanecer en el anonimato. Esto es inusual y en México no sería permitido. “No puedo recordar un caso importante de Derechos Humanos en el que los demandantes sean anónimos”, afirmó para The Economist, Sergio Aguayo, un activista que ha llevado previamente casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado de los demandantes, Roger Kobert, arguye que ellos “tienen gran temor por posibles represalias”, por lo que el anonimato fue garantizado.

Documentos de la corte afirman que todos los demandantes residen en Acteal, pero la gente del lugar sugiere lo contrario. Las víctimas de la masacre de 1997 eran miembros de una organización de defensa de los Derechos Humanos llamada ‘Las Abejas’. Porfirio Arias, quien dirige la organización, dijo lo siguiente de los demandantes en EU: “Para nosotros, esta gente no existe”. Acteal es una aldea de alrededor de 40 familias, de acuerdo con Arias, quien está seguro que ninguna de ellas está involucrada. Las Abejas están en contra de Zedillo y les gustaría verlo en un juicio penal por la masacre, por eso les extrañó la demanda civil. “La sangre no puede ser intercambiada por dinero”, afirmó Arias. Pero agregó que no hay razón para el anonimato. “No tenemos miedo del gobierno…los sobrevivientes no esconden sus caras.”

No queda claro cómo 10 tzotziles del estado más pobre de México lograron llevar el caso en primer lugar. No están siendo apoyados públicamente por ninguna organización. La firma de abogados de Kobert, basada en Miami, se especializa en derecho corporativo. No anuncia ninguna experiencia en Derechos Humanos o en México. pero Kobert afirmó que recibió la petición de llevar el caso por su “sustancial experiencia en litigios sobre inmunidad a soberanías extranjeras.” Kobert aseveró que la firma ha tomado casos sin posibilidad de victoria, sin cobrar.

Demandas anónimas

De acuerdo con Kobert, los 10 demandantes le fueron presentados por abogados mexicanos, pero estos abogados buscarían el anonimato también. Aquellos que trabajan en las organizaciones mexicanas de Derechos Humanos están desconcertados. “No sé quiénes son estos abogados”, afirmó Paulina Vega, la vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, una Organización de la Sociedad Civil (OSC) radicada en París. “El caso es político es una batalla entre las diferentes fracciones políticas del PRI”, dijo Arias.

El abogado de Carlos Salinas, Juan Collado, dijo a The Economist que él “no tiene participación en este asunto” y que él “no tiene contacto personal” con los abogados de la parte acusadora. Kobert afirmó a The Economist que conoce a Collado “en otros contextos”, pero que no puede comentar cómo está conectado al caso. En un correo electrónico, Salinas de Gortari afirmó que no tiene detalles del caso y que “No conozco a los abogados de las partes.” Afirmó además que espera que el caso esté “fundamentado en la ley y no obedezca a intereses políticos.”

La evidencia presentada contra Zedillo hasta el momento parece endeble. Una página de internet muestra una docena de pruebas, las cuales incluyen cinco reportes de prensa y una nota informativa de 1995 del Chase Manhattan Bank. Kobert afirmó que planea llamar a exagentes federales como testigos, pero también los mantendrá en el anonimato.

El sitio Acteal97 incluye un link a un reporte supuestamente escrito por un fiscal chiapaneco que culpa a Zedillo por la masacre. De forma extraña, el reporte no está fechado y tras ser publicado, el procurador actual de Chiapas afirmó que el documento disponible en línea carece de autenticidad y que “su origen y los fines que persigue son desconocidos.” Amigos de Zedillo afirmaron que es falso que posea 50 millones y que el expresidente tuvo que pagar con recursos propios la tarifa de su abogado, mientras su reputación está en juego. “Aquellos que por una razón u otra estuvieron opuestos políticamente a las reformas políticas de Zedillo tendrían razones para atacar su reputación”, afirmó su abogado, Jonathan Freiman, quien desestimó esta “tendenciosa acusación” que le sorprendió haya llegado tan lejos.

Lee aquí el texto original en inglés







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