opinión
El manejo sustentable de bosques y selvas en México
Territorios Indómitos por Raúl Benet
(Foto:Cuartoscuro)

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) llamó, en el Reporte de su misión a México, a que en el país se fortalezca un sistema de certificación que vigile y verifique la legal procedencia y hacerlo obligatorio para todo establecimiento que venda o consuma madera, esto con la finalidad de evitar el tráfico ilícito y el lavado de dinero mediante la utilización de los otros medios autorizados para el aprovechamiento forestal sustentable.

Una misión de expertos de la ONUDC realizada en México en 2015, llevó a cabo una revisión documental exhaustiva de la normatividad vigente en nuestro país en materia ambiental y de seguridad; además de la realización de una serie de visitas y entrevistas con funcionarios de diversas dependencias, entre las que destacan la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión N acional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procuraduría General de la República (PGR), entre otras.

El resultado de la misión del organismo de Naciones Unidas dio como resultado el Reporte de la misión de ONUDC a México: Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

Este documento, presentado el pasado 1 de julio, contiene 56 recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de la vigilancia y procuración de justicia en materia ambiental, particularmente la Profepa. Asimismo, recomienda ajustar el marco legal y dotar de mayores facultades a las dependencias federales para propiciar una mejor articulación y desempeño en el combate y prevención de crímenes ambientales.

Al día de hoy, la Profepa no cuenta con los mecanismos, atribuciones ni personal suficiente y calificado para el combate y prevención de delitos ambientales, resalta el Reporte.
Este tema resulta grave ya que la tala, la importación y el tráfico de madera ilegal es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un verdadero sistema de aprovechamiento forestal comunitario sustentable en nuestro país.

Los ejidos y comunidades forestales, dueños de la gran mayoría de las superficies boscosas del país, ven obstaculizada su actividad forestal sustentable por la presencia del crimen organizado, que ingresa en sus territorios para derribar y extraer madera con impunidad.

Además, el ingreso al país de grandes volúmenes de madera de procedencia ilegal distorsiona los precios del mercado e impide a los productores legalmente constituidos y certificados colocar sus productos.

Con el marco legal vigente y las capacidades actuales de la Profepa, únicamente le permiten concentrar sus esfuerzos en vigilar a los aprovechamientos forestales legalmente constituidos. Mientras tanto la extracción ilegal de flora y fauna silvestre opera sin la presencia de instancias de vigilancia y sanción lo suficientemente robustas para propiciar su desarticulación.

Aprovechamiento forestal comunitario sustentable en México

Ante las deficiencias en el marco legal y la incapacidad de las autoridades para la correcta procuración de justicia en materia ambiental señalado por la ONUDC es urgente llevar a cabo ajustes a la normatividad y procedimientos de actuación de las dependencias de gobierno para simplificar y procurar el esquema de aprovechamiento forestal comunitario sustentable.

Este modelo de aprovechamiento forestal comunitario sustentable contribuye eficientemente a la preservación de los bosques y la biodiversidad.

Las regiones forestales de México tienen un distintivo y peculiaridad muy importante: más de la mitad de la superficie del país es de propiedad social y son las comunidades y ejidos los legítimos dueños.

Estas comunidades y ejidos han desarrollado sus propias estrategias para la protección, conservación y aprovechamiento de los bosques y selvas y muchas de ellas operan sus propias empresas forestales campesinas con lo cual han generado un modelo de desarrollo forestal denominado “manejo forestal comunitario”.

Se trata de la apuesta por el control y administración comunitaria de los procesos productivos forestales, por el aprovechamiento de los productos del bosque como motor de la conservación y del desarrollo local, y por mantener la propiedad social de la tierra como característica primordial.

Los elementos clave que favorecieron el desarrollo y construcción de ese modelo fueron la titulación de los territorios comunitarios, la propiedad social de la tierra y el reconocimiento legal del derecho de las comunidades a usar y aprovechar los recursos del bosque.

Este derecho que tienen hoy día las comunidades rurales para aprovechar y hacer uso de los recursos forestales en sus territorios es fruto de un importante proceso de lucha que llevaron a cabo a lo largo de casi un siglo y que tuvo su culminación a mediados de la década de los ochenta del siglo XX.

La lógica de este modelo ha sido clara: si los bosques son administrados por sus dueños y se toman las debidas precauciones a la hora de la extracción de la madera y otros productos forestales, los ingresos por la venta de esos productos generarán incentivos para la población local para conservar y proteger los bosques, y permitirán dinamizar la economía y el desarrollo local. Al mismo tiempo, la propiedad social permitirá alcanzar las escalas necesarias para una actividad que requiere grandes extensiones y hará posible incluir a más personas en los beneficios derivados del manejo y la conservación.

Hoy día, comunidades y ejidos en todas las regiones de país han realizado avances significativos: en la región norte, centro, sur y Península de Yucatán operan más de 900 empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración, y muchas de ellas han cumplido ya 30 años en operación.

Tanto las bases legales, como el capital social generado por las comunidades y las capacidades acumuladas en esos 30 años de silvicultura comunitaria dan a las regiones campesinas un enorme potencial.

En el medio rural, las inversiones del Estado para los renglones de infraestructura, investigación y financiamiento están siendo concentradas en regiones de alta productividad agrícola y ganadera como el Bajío, o el sinaloense Valle del Fuerte, y van dirigidas al impulso de empresas intensivas en capital, que concentran la riqueza y deterioran el medio ambiente con el uso permanente de herbicidas, insecticidas y fertilizantes, provocando el cambio de uso de suelo.

En cambio, para las regiones campesinas, las políticas gubernamentales minimizan el potencial productivo de los campesinos y centran sus esfuerzos en programas asistenciales y de subsidio al consumo, que no logran generar capacidades productivas efectivas, no fortalecen la gobernanza, debilitan el tejido social y no contribuyen a desarrollar estructuras económicas que beneficien a los habitantes de los territorios forestales. Ello nos lleva a afirmar que las instituciones de gobierno valoran poco las economías campesinas, y no apuestan por su potencial al calificarlas en los hechos como “no-competitivas” y “no sustentables”.

El manejo legal del bosque implica cumplir con excesivos requisitos, complejos trámites y con el pago de elevados montos por derechos y multas, lo que constituye una sobrerregulación extrema. Esta sobrerregulación que padecen los productores forestales se alimenta también de los múltiples lineamientos técnicos y administrativos que se tienen que cumplir para mantener vigentes las autorizaciones y permisos.

Aunado a lo anterior, el modelo de manejo forestal comunitario en México se ha visto limitado dado que los programas y apoyos gubernamentales hacia las regiones forestales dan prioridad a esquemas de conservación pasiva de los bosques y solo en menor escala se impulsa el aprovechamiento planificado y la producción sustentable. Este hecho, sumado al fuerte sesgo asistencialista de los programas de apoyo al campo y a la sobre-regulación de la gestión del bosque, entorpece los esfuerzos por hacer de la silvicultura comunitaria el motor del desarrollo en las regiones forestales.

Frente a la problemática arriba descrita, las comunidades rurales están siendo impactadas de manera importante. Si bien más de 900 ejidos y comunidades operan sus propias empresas forestales comunitarias, muchas de ellas enfrentan hoy día serios problemas técnicos y financieros.

Además, existen cerca de mil 800 ejidos que tienen un permiso de aprovechamiento pero que no han logrado aún avanzar hacia la conformación de sus propias empresas y están reproduciendo un esquema rentista que les reditúa muy pocos beneficios en términos ambientales, sociales y económicos.

Al contrario, estos esquemas rentistas han provocado el deterioro a los recursos forestales y no se han generado capacidades ni oportunidades para integrar a los jóvenes, a las mujeres y a los avecindados. Todo lo anterior, impacta de manera negativa a los cerca de 11.5 millones de habitantes que viven las zonas forestales. Además, es en estas regiones se encuentran la mayor parte de los 56 grupos indígenas existentes en el país.

Pese a todo ello, en nuestro país la oportunidad sigue ahí, y son muchas las comunidades forestales que mantienen su apuesta por el desarrollo sustentable. Aprovechando su tenacidad, multiplicando sus capacidades, apoyando su resistencia en defensa de los recursos naturales, es posible conservar los bosques y alcanzar mejores condiciones de vida, contribuyendo además a mantener la integridad del territorio y a la reducción de los efectos del cambio climático.

Sería un grave error desperdiciar las capacidades de la población rural, dejar que se diluya el capital social y humano, permitir que se erosione la propiedad social y que se destruyan los patrones de gobernanza ya alcanzados. Para aprovechar la capacidad de la población rural, debe consolidarse una estrategia gubernamental que apueste de manera efectiva por las comunidades locales y por el manejo sustentable de bosques y selvas. Esto permitirá alcanzar el potencial del país en la materia y desarrollar economías locales, generando ingresos y alternativas productivas en lugares donde hay pocas alternativas de desarrollo, y conservando recursos y servicios ambientales imprescindibles para todos.

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.

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