“La revolución será digitalizada”, la carta del filtrador de Panama Papers
En un manifiesto de 4 páginas enviado a ese diario, el hombre que desde el principio de la filtración se comunicó con el alias de “John Doe”, aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia.
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(Imagen: ICIJ)

 La revolución será digitalizada,  por:  “John Doe”

 

Traducción: Irving Huerta

 

La desigualdad en el ingreso es uno de los problemas definitorios de nuestros tiempos. Nos afecta a todos alrededor del mundo. El debate sobre su reciente aceleración se ha mantenido por años, con políticos, académicos y activistas por igual, quienes no han podido detener su firme crecimiento a pesar de los incontables discursos, análisis estadísticos, algunas protestas y documentación ocasional. No obstante, las preguntas persisten: ¿por qué?, ¿y por qué no?

Los Papeles de Panamá dan una respuesta convincente a estas preguntas: corrupción masiva y generalizada. Y no es una coincidencia que la respuesta venga de una firma de abogados. Más que una simple pieza en la máquina de la “administración de la riqueza”, Mossack Fonseca usó su influencia para escribir y torcer leyes alrededor del mundo, para favorecer intereses criminales durante décadas. En el caso de la Isla de Niue, la firma prácticamente administraba un paraíso fiscal de principio a fin. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack querían que creyéramos que las compañías que creaban, algunas veces llamadas“vehículos con propósitos especiales”, son sólo como autos. Pero un vendedor de autos usados no escribe leyes. Y el único “propósito especial” de los vehículo que producían era, muy frecuentemente, el fraude a gran escala.

Las compañías fantasma frecuentemente están asociadas con el delito de evasión fiscal, pero los Papeles de Panamá muestran, más allá de cualquier sombra de duda, que aunque esas compañías no son ilegales por definición, son usadas para llevar a cabo una amplia gama de delitos graves que van más allá de evadir impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque pensé que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder a preguntas sobre su papel en crímenes, de los cuales sólo algunos han salido a la luz. Tomará años, posiblemente décadas, para que sea conocida la verdadera magnitud de los sórdidos actos de esa firma.

Mientras tanto, un nuevo debate global ha comenzado, que es alentador. A pesar de la educada retórica de antaño que omitía, cuidadosamente, cualquier sugerencia de malas conductas en la élite, este debate se enfoca directamente en lo que importa.

Al respecto, tengo algunas ideas.

Para el registro, no trabajo para ningún gobierno ni para una agencia de inteligencia, ni directamente ni como contratista, y nunca lo he hecho. Mi punto de vista es enteramente mío, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con el diario Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles); no por algún propósito político en específico, sino simplemente porque entendí lo suficiente sobre su contenido como para darme cuenta de la dimensión de las injusticias que ahí se describen.

La narrativa que prevalece en los medios de comunicación, hasta ahora, se enfoca en el escándalo de lo que es legal y permitido en este sistema. Lo que se permite, por cierto, es escandaloso y debe ser cambiado. Pero no debemos perder la vista de otro hecho importante: la firma de abogados, sus fundadores y empleados, violaron un sinnúmero de leyes en todo el mundo y repetidamente, a sabiendas. Públicamente dicen que fue ignorancia, pero los documentos muestran un conocimiento detallado y deliberado sobre las malas conductas. Al menos ya sabemos que Mossack Fonseca cometió el delito de perjurio en una corte federal de Nevada y también sabemos que su personal de tecnologías de información intentó encubrir sus mentiras. Todos ellos deberían ser enjuiciados sin tratos especiales.

Al final, miles de pesquisas podrían derivar de los Panamá Papers, si tan solo la procuración de justicia pudiera tener acceso a los documentos y los pudiera evaluar. El ICIJ y sus socios han declarado firmemente que no entregarán los documentos originales a las corporaciones de procuración de justicia. Sin embargo, yo estaría dispuesto a cooperar con la justicia en la medida en que me sea posible.

Dicho esto, he visto que un informante y activista tras otro, en Estados unidos y Europa, han destruido sus vidas después de revelar información sobre flagrantes malas prácticas. Edward Snowden está varado en Moscú, exiliado debido a la decisión de la administración Obama de enjuiciarlo bajo la Ley de Espionaje. Por estas revelaciones sobre la NSA, él merece una bienvenida digan de un héroe y un premio sustancioso, no el destierro. Bradley Birkenfeld tuvo una recompensa de millones por su información concerniente a Swiss bank UBS –y sin embargo el Departamento de Justicia le impuso una sentencia de cárcel. Antoine Deltour actualmente está en proceso judicial por dar a periodistas información, sobre cómo Luxemburgo otorgó acuerdos fiscales “amigables” para favorecer a corporaciones multinacionales y prácticamente robó miles de millones de dólares en ingresos fiscales de países vecinos.

Los filtradores legítimos, que exponen sin lugar dudas comportamientos maliciosos, ya sea dentro o fuera de las organizaciones, merecen inmunidad del gobierno y punto. Hasta que los gobiernos legislen acerca de protecciones para informantes, las agencias de procuración de justicia simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de revelaciones periodísticas globales para obtener documentos.

Mientras tanto, llamo a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de Estados Unidos y a todas las naciones a emprender acciones no sólo para proteger a los informantes, sino para poner fin al abuso global de registros de compañías. En la Unión Europea, cada registro público debería ser de libre acceso, con datos detallados completamente disponibles sobre los beneficiarios finales. El Reino Unido puede estar orgulloso de sus iniciativas internas, pero todavía hay que jugar un papel importante para terminar con el secreto financiero en varias de sus islas, que sin duda son la piedra angular de la corrupción institucional alrededor del mundo. Y Estados Unidos claramente puede dejar de confiar en sus 50 estados para tomar decisiones cruciales sobre datos de corporaciones. Ya es tiempo de que el Congreso tome medidas para forzar la transparencia y fije estándares para la apertura y el acceso público.

Y aunque una cosa es alabar las virtudes de la transparencia gubernamental en congresos y declaraciones, es otra cosa muy distinta llevarlo a la práctica. Es un secreto a voces que, en Estados Unidos, funcionarios públicos electos pasan la mayoría de su tiempo recolectando fondos. La evasión fiscal no puede ser combatida mientras esos funcionarios estén pidiendo dinero a las élites, quienes tienen los más fuertes incentivos para evadir impuestos en comparación con otros segmentos de la población. Estas desagradables prácticas políticas aún existen y son irreconciliables. Ya no puede esperar una reforma al sistema de financiamiento de campañas en Estados Unidos.

Claro, no son los únicos problemas que hay que arreglar. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, curiosamente ha estado callado con respecto al papel de su país en la autorización de la existencia de una meca de fraude financiero como las Islas Cook. En Gran Bretaña, los miembros del partido político de los Tories no han tenido vergüenza al ocultar sus propias prácticas relacionadas con compañías offshore, mientas que Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red para el Combate de Delitos Financieros en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acaba de presentar su renuncia para ir a trabajar a HSBC, uno de los bancos más importantes del planeta (no por casualidad tiene su sede en Londres). Y así, el eco que produce la salida de esta funcionaria pública estadunidense, se produce en medio del silencio global de miles de beneficiarios finales de compañías que quedan por descubrir, quienes seguramente están orando para que quien llegue a reemplazarla sea igual de débil. Frente a la cobardía política, es tentador ceder al derrotismo para sostener que el statu quo sigue fundamentalmente inalterado, mientras que los Papeles de Panamá son un síntoma claro de nuestra enfermedad social progresiva y de su decadente tejido moral.

Pero el problema está finalmente sobre la mesa y no es de sorprender que el cambio tome su tiempo. Por 50 años, ejecutivos, legisladores y ramas judiciales alrededor del mundo han fracasado estrepitosamente en luchar contra el cáncer de los paraísos fiscales, que está esparcido por toda la superficie terrestre. Incluso hoy, Panamá dice que quiere ser conocido por más que unos papeles, pero su gobierno convenientemente ha examinado solamente a uno de los caballos de su carrusel de empresas offshore.

Bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales han fracasado. Han tomado decisiones que han salvado a los ricos y, en su lugar, se han enfocado en los ciudadanos de medios y bajos ingresos.

Las cortes ineficientes y atrasadas han fallado. Los jueces han aceptado con demasiada frecuencia los argumentos de los ricos, cuyos abogados –y no solamente Mossack Fonseca– están bien entrenados en honrar la letra de la ley, mientras que al mismo tiempo hacen todo lo que tienen a la mano para violar su espíritu.

Los medios de comunicación han fallado. Muchas empresas de noticias son parodias acartonadas de lo que llegaron a ser, multimillonarios parecen tomar la propiedad de los periódicos como si fuera un pasatiempo, limitando la cobertura de asuntos importantes sobre la riqueza, y los periodistas de investigación carecen de recursos. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de los que dicen lo contrario, varios medios de comunicación importantes sí tuvieron a editores que revisaron los documentos de los Papeles de Panamá. Decidieron no cubrir la información. La triste verdad es que entre los más prominentes y capaces medios de comunicación del mundo, no hubo siquiera uno interesado en reportar la historia. Incluso Wikileaks no respondió, en repetidas ocasiones, a su línea anónima.

Pero más importante que todo, la profesión de abogado ha fallado. La gobernanza democrática debería depender de individuos responsables en todo el sistema, que entienden y respetan la ley, no de quienes la entienden y la explotan. En promedio, los abogados se han hecho tan profundamente corruptos que es imperativo que haya cambios en la profesión, más allá de las tímidas propuestas que ya están sobre la mesa. Para empezar, el término “ética legal”, sobre el cual están basados los códigos de conducta y autorización, se han convertido en un contrasentido. Mossack Fonseca no trabajó en el vacío –a pesar de repetidas multas y violaciones regulatorias documentadas– encontró aliados y clientes en los más importantes despachos de abogados en casi cualquier nación, de forma virtual. Con la destrozada industria de la economía así de evidenciada, es innegable que los abogados no pueden seguir regulándose entre sí. Simplemente no funciona. Aquéllos que pueden pagar más siempre pueden encontrar un abogado que sirva a sus intereses, ya sea que pertenezca a Mossack Fonseca o a otro despacho que sigue sin ser descubierto. ¿Qué hay del resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estas fallas ha sido una completa erosión de los estándares éticos, lo que finalmente ha llevado a un novedoso sistema que seguimos llamando capitalismo, pero que equivale a la esclavitud económica. En este sistema –nuestro sistema– los esclavos ignoran tanto su estatus como el de sus amos, quienes existen en un mundo aparte, donde los grilletes intangibles están cuidadosamente escondidos entre una maraña de jerga legal. La horrenda magnitud del daño al mundo debería despertarnos. Pero cuando un informante toca la alarma, causa incluso mayores preocupaciones. Esto apunta a que los controles democráticos y las balanzas han fallado, que la ruptura es sistemática y que una severa inestabilidad podría estar a la vuelta de la esquina. Así que es tiempo de acción real, y eso comienza con hacer preguntas.

Los historiadores pueden fácilmente citar cómo es que problemas públicos, que tenían que ver con impuestos y desigualdad, han llevado a revoluciones en épocas pasadas. Entonces, el poder militar era necesario para subyugar a las personas, mientras que ahora restringir el acceso a la información es igual de afectivo o incluso más, pues esa acción es casi siempre invisible. Ahora vivimos en un tiempo de conexiones a internet rápidas, económicas y con almacenamiento digital ilimitado, que trascienden las fronteras nacionales. No cuesta mucho trabajo conectar los puntos: de inicio a fin, comenzando la distribución global de medios, la próxima revolución será digitalizada.

O quizá ya comenzó.

 



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  1. panamapapers_1_0Filtrador de Panama Papers, dispuesto a colaborar con la justicia
    mayo 6, 2016 10:12 am
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