Hay “quiebre de la confianza” con PGR: GIEI
"El grupo no seguirá colaborando" en el peritaje al basurero, advirtió.
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Foto: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro

Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron que hay un quiebre de la confianza con las autoridades mexicanas, luego de que la PGR hiciera público resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero de Cocula.

En una conferencia conjunta este miércoles, “que el GIEI nunca hubiera querido dar” porque están concentrados en su informe final, leyeron un pronunciamiento que se reproduce íntegro:

1. Firma del acuerdo. El acuerdo firmado, primero en Washington y luego en México, entre la PGR y el GIEI, incluía la petición a los peritos de fuego de un informe conclusivo, en base al consenso y con la posibilidad de que, si no existía tal, se señalasen las opiniones discrepantes. El texto tendría que ser conclusivo y la comunicación confidencial hasta entonces, con un acuerdo de consenso para el manejo del proceso entre el GIEI y la PGR. El Grupo mencionó desde el principio a la PGR que no veía problema en hacer públicos los nombres de las personas seleccionadas, pero la PGR insistió en que eso era importante para mantener fuera de la presión a los peritos seleccionados. A pesar de que fue la PGR quien quería realizar dicho estudio y no el GIEI, la primera propuesta de objetivos y contenido de ese peritaje la hizo el Grupo como una muestra de colaboración.

2. Preparación. La entrega de dicho informe final estaba prevista para el 31 de marzo. La decisión de que el grupo entregara su informe en mano no estaba ligada a ninguna comunicación pública, sino a los procedimientos de confidencialidad con que se ha manejado el proceso, como por ejemplo las visitas de funcionarios de la PGR para entrega de documentación o contratos a los países donde residen los peritos. El acuerdo era que los resultados se entregaban, pero no había ningún acuerdo para hacer una comunicación pública inmediata. La noche anterior recibimos una comunicación de la PGR diciendo que se quería dar una información pública sobre la entrega. En la mañana, el GIEI respondió a la PGR que nuestra postura era que se informase de que se iban a entregar resultados, y de que tras una evaluación del informe se procedería a la comunicación pública necesaria, de acuerdo entre las partes.

3. Entrega. La entrega del documento se dio a las 12 del mediodía del 31 de marzo, momento en el que se nos entregó un documento de CARÁCTER PRELIMINAR, es decir, que no se contaba con un informe que respondiese a las cuestiones centrales planteadas en el peritaje.

4. Conferencia de prensa. La decisión de la PGR de realizar una conferencia de prensa fue tomada no solamente de forma unilateral, sino contra la postura del GIEI. Además, por lo que el GIEI ha sabido posteriormente, la PGR había convocado a conferencia a los medios desde antes de las 11 de la mañana, aunque sin dar a conocer el tema de dicha convocatoria. El GIEI no fue informado de que ya se había invitado a los medios a una conferencia ni antes ni durante la reunión de las 12:00 horas. Tampoco nos fue mostrado el escrito que posteriormente se leyó. Las informaciones públicas que señalan que no se quiso estar en dicho acto, no responden a la verdad. El GIEI advirtió a la PGR que no se podía hacer una comunicación pública de algo provisional, que no habíamos leído y que esa no era una decisión que les correspondiera a los peritos de fuego sino a la PGR y al GIEI, dado que los peritos realizaron un estudio con las bases de un acuerdo entre GIEI y PGR, y tienen mandato de confidencialidad.

5. La propuesta del GIEI. La propuesta del GIEI fue que el perito escribiera las ideas que se querían transmitir en un documento de varios párrafos, lo enviara al resto de su grupo, se comprobara que todos estaban de acuerdo y después nos remitiera el texto de consenso con el debido cuidado de los matices y el texto, de la misma forma que desde el GIEI hacemos habitualmente antes de nuestras comunicaciones públicas, en las que previamente compartimos con el Estado y con los familiares de los normalistas lo que vamos a decir. Una vez que hubiera ese documento de consenso del grupo y hubiera sido revisado por las partes que firmamos el acuerdo, se podría hacer una presentación pública de la PGR y el GIEI de dicho documento y de la respuesta conjunta que le daríamos.

El GIEI advirtió al perito que también para los familiares eso es muy importante y que mantener la credibilidad del proceso exige cuidado. Se le planteó que se podría organizar una reunión del equipo de peritos con los familiares para que ellos pudieran escuchar y preguntar también. En ningún momento el GIEI tuvo conocimiento de que estaba ya escrito un texto. Solamente se nos comentó de forma verbal que el mensaje era para decir que no se había podido determinar si era posible o no la quema de los 43 normalistas y que se necesitaban estudios experimentales para valorar la dinámica del fuego y la necesidad de cantidad de combustible para la quema de varios cuerpos. El GIEI no consideró viable esto, y reiteró que antes de salir públicamente era necesario que las partes estudiaran el documento del que se hacía entrega.

6. Ruptura del diálogo. Durante este proceso de diálogo, hubo consulta permanente con la procuradora y con alguien más que desconocemos quién es. Al final, cuando parecía que teníamos consenso de no salir en ese momento, se nos indicó que la decisión era que el Sr. Ricardo Torres saliera públicamente. Expresamos al subprocurador Sr. Eber Betanzos nuestra incredulidad de lo que estaba pasando, nuestro rechazo y consternación por lo que eso suponía de ruptura del consenso, de la confianza en el diálogo mantenido y el impacto que iba a tener para la credibilidad, el respeto por los acuerdos y sobre todo para los familiares. Ninguna de estas cuestiones fue escuchada, la PGR tomó una decisión unilateral, y el Sr. Ricardo Torres y el subprocurador Betanzos salieron públicamente sabiendo nuestra postura contraria.

7. Informe preliminar y consenso entre las partes. Respecto a las declaraciones que funcionarios de la PGR dan en los medios diciendo que nuestro acuerdo de colaboración y trabajo por consenso sería solamente hasta la entrega del reporte de los expertos, el GIEI quiere señalar que eso supondría un quiebre de la buena fe con la que nos hemos conducido en este proceso. Además, si ese fuera el caso, hay que señalar que el reporte presentado no es definitivo sino preliminar, como lo señala la comunicación del 31 de marzo de 2016 con la que iniciamos este comunicado. El informe no recoge las respuestas que se pidieron a los peritos, debido a que señalan la necesidad de nuevos estudios, lo cual invalida todavía dicho planteamiento.

8. La importancia de las víctimas. Por otra parte, los acuerdos firmados en Washington ante la CIDH señalan que la comunicación de aspectos relacionados con las víctimas sería en primer lugar con ellas. Estas cuestiones no son formalidades como dicen algunos medios, sino medidas de confianza. Sin ellas no hay credibilidad, y no hay posibilidad de trabajo en común. Para generar esa confianza llegamos a México.

9. Confidencialidad permanente. Después de la presentación pública del 1 de abril, el GIEI pidió a los peritos informar si habían tenido consenso o votos discrepantes sobre su reporte provisional, y algunos nos respondieron que no nos podían responder porque tenían un contrato de “confidencialidad permanente”. Hemos pedido a la PGR que señale a los peritos que dicha confidencialidad no podía darse con quienes hemos firmado el acuerdo de colaboración y las bases para dicho estudio. En este momento el GIEI ni siquiera tiene información del grado de consenso en dicho reporte preliminar.

10. Estudio científico. Desde el principio el GIEI ha señalado que el reporte tiene que tener razonamientos y evaluaciones científicas, análisis de la dinámica de fuego, y no valoraciones genéricas. Y que sin conocer dicho contenido no puede darse comunicación pública alguna que aumente la confusión. Mientras, se han dado filtraciones de la PGR de la existencia de 2 votos particulares y de discrepancias entre dos peritos. Todo ello supone una violación no sólo de la confidencialidad del acuerdo, sino del propio grupo de peritos entre sí. Hecho grave cuando el propio GIEI ni siquiera tiene información sobre ello.

11. Reunión con peritos. El GIEI ha pedido a la PGR la realización de una reunión con todos los peritos de fuego, los integrantes del GIEI y de la propia PGR en estos días para aclarar lo sucedido. El Grupo no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito.

12. Ruptura de confianza. Quien ha tomado esa decisión ha contribuido de forma determinante al quiebre de la confianza y ha supuesto un nuevo impacto en los familiares. El derecho a saber de las víctimas es el primer objetivo de este trabajo y el modo en cómo se ha conducido este proceso ha aumentado su malestar, vulnerabilidad e incertidumbre. El GIEI señala que la principal víctima de esta acción es la ruptura de los espacios de diálogo y credibilidad construidos en este año con las instituciones y las víctimas que, aunque no forman parte de nuestro mandato, han sido parte central de nuestras acciones. El reciente anuncio público de que se van a traer resultados genéticos del Instituto de Innsbruck llevado a cabo dos días después de esta comunicación, ha extendido la preocupación entre los familiares sobre la conexión en el tiempo entre estos dos casos.

13. Recomendaciones de nuevas pruebas para tener conclusiones. Dado el carácter preliminar del documento entregado, los propios peritos han señalado que se necesitan otros estudios para responder a las preguntas planteadas con fiabilidad. Por lo tanto, no hay conclusiones, y el GIEI no va a contribuir a aumentar la confusión difundiendo aspectos preliminares sobre un problema delicado y complejo. El informe, cuyo contenido se recoge en dos páginas y media, señala en su apartado final de Recomendaciones para nuevas pruebas cuestiones que precisamente son las únicas que podrían llevar a conclusiones serias y responsables.

Advertimos que estos análisis o pruebas experimentales no se han hecho por parte de los peritos y por tanto no hay respuestas a las preguntas señaladas en los objetivos del peritaje: cuestiones tales como cantidad de energía que se necesita para la combustión de cuerpos humanos a la intemperie; determinar el mínimo de madera suficiente para sustentar un fuego de suficiente calor para cremar un cuerpo en esas circunstancias; determinar la contribución adicional de llantas y plástico y otros elementos que pudiera haber en el basurero; o validar si una pira como la señalada puede cremar una parte significativa de un cuerpo.

Todas esas cuestiones son los aspectos centrales que se les pidió al grupo y que no tienen aún una respuesta. La difusión pública de un documento provisional que no responde a estas cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica. La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero, para el que el caso Ayotzinapa se ha convertido en una referencia.

14. Restos hallados y respuestas científicas. En lugar de hablar de aspectos preliminares o datos separados, es el análisis conjunto de la evidencia y los estudios necesarios los que pueden contribuir a determinar si dicho evento pudo suceder o no, según el criterio de los peritos. Hace tiempo que se sabe que hay restos óseos de personas en el basurero y también que los restos de una persona encontrados no corresponden a ninguno de los normalistas. México y los familiares necesitan una respuesta científica y cuidadosa a las preguntas planteadas. La acción llevada a cabo en estos días, además de romper las reglas y generar desconfianza, no contribuye al esclarecimiento.

El GIEI lamenta profundamente que esa decisión se haya tomado por una alta instancia del Estado mexicano, y especialmente las consecuencias que tiene para todo el proceso construido de forma paciente y sorteando numerosas dificultades, incluyendo las acusaciones y señalamientos contra el GIEI, por parte de quienes no están interesados en la verdad, en estos últimos meses. Y especialmente lamenta que estos hechos hayan llevado a la revictimización de los familiares.

El futuro

El GIEI ha señalado a las autoridades que cumplirá con el trabajo para el que ha sido convocado, se centrará en el informe, el trabajo con las víctimas y la revisión final del expediente, así como en la ley de desaparición de personas, y que no seguirá trabajando con la PGR en esta cuestión.

En comunicaciones anteriores hemos informado que hay sectores que quieren bloquear la investigación, centrar la discusión de nuevo en el basurero, fragmentar el expediente, obviar las otras líneas de investigación o incluso tratar de dar por cerrado el caso. Nuestro futuro informe tratará de ser una contribución efectiva para los familiares y para México, no una herramienta para generar más polarización, sino para que se den las necesarias transformaciones que México necesita: en el sistema de investigación y lucha contra la impunidad, en la atención a las víctimas y en la búsqueda de los desaparecidos.

Para que hechos como éste no se den nunca más, hemos alertado a las más altas autoridades de México de los cambios estructurales que se necesitan. Incluyendo el cambio en las mentalidades. El ejemplo de lo sucedido en estos días muestra una de las caras de lo que tiene que cambiar.



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