Revelan corrupción en la compra y distribución de leche subsidiada
Contratos a familiares de un funcionario, robo de millones de litros de leche y cobro de ‘moches’ a ganaderos, son algunos actos de corrupción que han aflorado en la gerencia de LICONSA en Guanajuato, donde el director de la paraestatal ha colocado a sus paisanos oaxaqueños o a sus incondicionales. Investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
Foto: Enrique Ordóñez/ Cuartoscuro

Por Raúl Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Un funcionario de LICONSA otorgó contratos por 27 millones 474 mil pesos a una empresa de su familia.

El funcionario fue cesado, tras comprobarse los actos de corrupción. Pese a ello, una segunda empresa familiar fue favorecida con más contratos por asignación directa en LICONSA, que entre 2015 y 2016 sumaron 106 millones de pesos.

Las asignaciones irregulares de contratos ocurrieron en el estado de Guanajuato, en donde la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Control en LICONSA investigan desde hace dos años una extensa red de corrupción en el programa de compra y suministro de leche para las familias más pobres.

La PGR abrió tres averiguaciones al descubrirse el robo de miles de litros de leche de tres centros de acopio, con la presunta complicidad de servidores públicos. En su propia investigación, la SFP comprobó la desaparición de 2 millones 596 mil litros de leche en la gerencia estatal de LICONSA, con valor de 16 millones 320 mil pesos.

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A su vez, el Órgano de Control de LICONSA ejecutó dos auditorías para fiscalizar los procesos de captación, transportación y transferencia de leche fresca entre 2010 y 2014, y comprobó 10 irregularidades; la más grave fue el faltante de leche.

La ASF revisó la captación de leche en LICONSA de Guanajuato en 2014, y encontró un déficit de seis millones de litros, respecto a la meta trazada ese año.

Es decir, no sólo desapareció leche facturada, sino que se captó menos, en perjuicio de los ganaderos del bajío.

El faltante o robo de leche lo detectaron la PGR, la ASF y la propia LICONSA, al cotejar el volumen captado en los tres centros de acopio que hay en Guanajuato, frente al que fue llevado y entregado a las gerencias norte y sur en la Ciudad de México, y a la planta ubicada en Toluca.

En el periodo revisado (2010-2014), se captaron en Guanajuato 187 millones 64 mil litros de leche, pero fueron transferidos a la capital del país y al Estado de México 184 millones 468 mil litros. El faltante fue de 2 millones y medio de litros, que se presume fueron robados.

Beneficia funcionario a su familia

Una de las empresas que en 2014 se encargó de recoger la leche en los centros de acopio, para llevarlos a la Ciudad de México y a Toluca, se llama Transportes Juan Pablo SA de CV, cuyos accionistas son parientes de quien en aquel año era el Subgerente de Administración y Finanzas del Programa de Abasto Social de LICONSA en Guanajuato.

En documentos obtenidos para esta investigación, se comprobó que el funcionario, de nombre Óscar Alejandro Martínez Pedroza, intervino directamente para favorecer a la mencionada empresa, en la que los socios son tíos de su esposa.

El 13 de diciembre de 2013, el Subgerente de Administración envió una invitación a Transportes Juan Pablo SA de CV, para participar en un proceso de adjudicación directa para trasladar leche fresca de los centros de acopio en Guanajuato al Estado de México.

Tres días después de la invitación, el subcomité de adquisiciones, encabezado por el Subgerente, votó “en forma unánime” la contratación de la mencionada empresa, según consta en el acta administrativa.

La adjudicación siguió un procedimiento exprés de sólo dos semanas, pues el contrato se firmó el 1 de enero de 2014, por un monto de 4 millones 816 mil 783 pesos, con un plazo de ejecución de dos meses.

El contrato concluyó el 28 de febrero de 2014, y de inmediato, al día siguiente, la empresa obtuvo otra asignación, esta vez por diez meses y por un monto de 22 millones 658 mil 133 pesos, consta en el expediente de LICONSA.

Para esto, se convocó a una licitación pública, que fue asignada a Transportes Juan Pablo, pese a que los otros tres postores tenían una oferta 30% más barata.

La sesión de fallo la encabezó el Subgerente de Administración, quien validó la entrega del contrato a sus parientes, según consta en los documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En tres meses, la empresa de su familia obtuvo dos contratos por más de 27.4 millones de pesos.

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Simulan cotizaciones

Para justificar la primera asignación directa, el Subgerente de LICONSA simuló una cotización con otro proveedor, que resultó estar vinculado con la empresa a la que se le otorgó el contrato.

El artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que para contratar adjudicaciones directas cuyo monto sea superior a 300 salarios mínimos (21 mil 912 pesos), se deberá contar con al menos tres cotizaciones que se hayan obtenido con 30 días de anticipación.

Sin embargo, sólo se presentaron dos cotizaciones: la de Transportes Juan Pablo y la de Transcarga de Granos SA de CV, la cual -como su nombre lo dice- se especializa en la carga de semillas en tolvas, y no tiene vehículos especiales para recolección de leche fresca.

Además, los dueños de las dos empresas son parientes. El socio fundador mayoritario de Transcarga es Raúl Muñoz Montero, hermano de Jesús Muñoz Montero, propietario de Transportes Juan Pablo.

Revierte contrato licitado

El mayor contrato para Transportes Juan Pablo, por 22.6 millones de pesos, se otorgó el 26 de febrero de 2014, en una licitación que fue impugnada por dos de las empresas participantes.

El acta de fallo fue firmada bajo protesta por el representante de la empresa Translíquidos Refrigerados López. También se inconformó el apoderado de Transportes Lema SA de CV, quien consideró que la licitación estuvo amañada.

Justo un año antes, el 21 de febrero de 2013, Transportes Lema había ganado una licitación pública para la prestación del servicio de recolección y traslado de leche fresca de los distintos centros de acopio ubicados en el estado de Guanajuato a las gerencias Metropolitanas Norte y Sur y la Gerencia Estatal del Valle de Toluca.

Sin embargo, el Subgerente de Administración y Finanzas de LICONSA en Guanajuato, Óscar Alejandro Martínez Pedroza, maniobró para rescindirle el contrato, con el argumento de que había incurrido en incumplimiento.

Al final, la empresa cumplió con el servicio, pese a las presiones del funcionario para que se firmara la terminación anticipada del contrato.

Transportes Lema concluyó el servicio de recolección y traslado de leche en diciembre de 2013, y de inmediato entró al relevo la empresa de la familia del funcionario de LICONSA, con una asignación directa.

La empresa que había concluido el servicio presentó un escrito de protesta, por un posible conflicto de intereses, ya que los socios de Transportes Juan Pablo están emparentados con el funcionario encargado de administrar y vigilar los contratos en LICONSA de Guanajuato.

Este conflicto de interés fue confirmado por el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control de LICONSA y por la SFP.

Confirman conflicto de interés

Tras recibir denuncias del favoritismo en los contratos, la SFP decidió destituir e inhabilitar por un año al funcionario por “no abstenerse de intervenir en la contratación de servicios, en la que existe interés familiar”.

La SFP concluyó que Martínez Pedroza incumplió la Ley de responsabilidades de los servidores públicos, que prohíbe la intervención en asuntos que impliquen interés personal, familiar o de negocios.

Además, se violó el artículo 50 de la Ley de adquisiciones, que establece que los funcionarios se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno cuando haya de por medio interés familiar, incluso de su pareja.

El órgano de control de LICONSA también realizó una investigación, y decidió inhabilitar por tres meses y aplicar una multa de 730 mil pesos a Transportes Juan Pablo, porque proporcionó información falsa para participar como proveedor, pese a estar impedido legalmente por el parentesco que hay entre los accionistas y el encargado de las contrataciones.

Más contratos

Aún después de la destitución del funcionario, LICONSA volvió a contratar a su familia.

El dueño de Transportes Juan Pablo también es accionista mayoritario de la empresa La Hacienda de Santa Cecilia, que obtuvo más contratos por asignación directa para surtir leche fresca.

En mayo de 2015 obtuvo un contrato directo por 14.7 millones de pesos.

Al mes siguiente se le asignó otro por 48.1 millones y en enero de 2016 se le volvió a contratar sin licitación, esta vez por 44 millones de pesos.

Cesan a funcionarios

La corrupción descubierta en LICONSA ha derivado en la destitución de cuatro funcionarios, incluidos dos gerentes estatales.

Olivia Guillén Padilla, ex diputada federal por el PRI en la pasada legislatura, fue la primera funcionaria destituida.

Fue nombrada Gerente de LICONSA en Guanajuato el 1 de abril de 2013, pese a que no sabía nada del tema ganadero. Antes de ser legisladora, atendía un pequeño comercio (Papelería Bambi) en Lagos de Moreno, Jalisco, su ciudad natal.

A los 15 días de su nombramiento en LICONSA, designó como su mano derecha (Subgerente) a Óscar Alejandro Martínez Pedroza, el funcionario que otorgó contratos a sus parientes.

Martínez Pedroza tampoco tenía experiencia en el tema lechero; es abogado de profesión y sus anteriores empleos habían sido como oficial judicial en un juzgado menor y asesor jurídico en la Presidencia Municipal de León.

La ex diputada Olivia Guillén no alcanzó a cumplir ni un año en su cargo, pues fue cesada el 6 de marzo de 2014 junto con el Subgerente, tras descubrirse los contratos amañados para el acopio y transporte de leche.

La sustituyó en la gerencia estatal Benjamín Francisco Rojas Bolaños, quien sólo permaneció en el cargo ocho meses, pues fue cesado en noviembre de 2014.

Antes de dejar el cargo, Rojas Bolaños denunció ante la PGR los primeros indicios de la red de corrupción que, según su versión, involucraba a funcionarios de LICONSA y a productores lecheros.

En febrero de 2015 fue destituido Víctor Morán Zurita, quien se desempeñaba como coordinador de centros de acopio de LICONSA, acusado de haber pedido “moches” o comisión a ganaderos, para comprarles leche.

También fueron cesados los encargados de los tres centros de acopio que LICONSA tiene en Guanajuato, en los municipios de San Felipe, Valle de Santiago y Juventino Rosas.

El grupo Oaxaca toma gerencia estatal

Este caso de corrupción ha tocado al director general de LICONSA, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien nombró a un grupo de sus paisanos en puestos clave en la gerencia de Guanajuato.

Ramírez Puga, quien ha sido dos veces diputado federal por el PRI, es originario de Oaxaca. Fue Secretario técnico de Gabinete y jefe de prensa con Ulises Ruiz, ex gobernador priísta de aquel estado.

En 2014, el Director de LICONSA nombró como gerente en Guanajuato a Francisco Rojas Bolaños, quien durante el gobierno de Ulises Ruiz trabajó en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), primero como titular del departamento de formación docente, encargado de coordinar las 11 escuelas normales del estado, y luego como jefe de la unidad de modernización administrativa.

El actual gerente estatal de LICONSA, Luis Mardoqueo Lagunas Aragón, también es oaxaqueño; fue Director administrativo de la Comisión del Agua en Oaxaca.

Otro oaxaqueño que colaboraba en la gerencia de Guanajuato es Víctor Morán Zurita, ex alcalde del pequeño municipio de Mariscala de Juárez, quien se desempeñaba como coordinador de centros de acopio.

Morán fue cesado en febrero de 2015, luego de que el presidente del grupo de ganaderos Miraflores, Luis Manuel Márquez, lo acusó de pedirle un moche por el Día de Reyes, a cambio de comprarle cada semana 18 mil litros de leche.funcionarios

Más leche perdida

Guanajuato no es el único estado en el que se extraviaron miles de litros de leche de LICONSA.

Una investigación de la ASF descubrió que en 2014 se extraviaron 439 mil litros de leche en los estados de Oaxaca y Jalisco, con una pérdida para LICONSA de 2 millones 277 mil pesos.

Los auditores verificaron que en Jalisco LICONSA había captado 283 millones 922 mil 500 litros de leche en 14 centros de acopio.

Sin embargo, cuando la leche fue entregada a las plantas de LICONSA, había un faltante o merma de 395 mil 500 litros, con valor superior a 2 millones de pesos.

En la revisión que la ASF hizo a Oaxaca se detectó un faltante de 43 mil 500 litros en el mismo año.



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