Fiscalía de Nicaragua busca pena máxima contra mexicanos
La fiscal adjunta Ana Julia Guido advierte que existen evidencias para sentenciar hasta por 30 años a los mexicanos.

La Fiscalía de Nicaragua anunció, ayer 4 de octubre, que pedirá la pena máxima de 30 años de prisión contra 18 mexicanos procesados por presunto narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero con “evidencias en abundancia” para garantizar una condena.

La fiscal adjunta Ana Julia Guido dijo a Notimex que tienen “evidencias y pruebas para sostener los cargos” contra el grupo de mexicanos, detenidos  en el paso fronterizo de Las Manos, con 9.2 millones de dólares ocultos en seis camionetas con logotipos de Televisa.

Puntualizó que la Fiscalía solicitará al juez de la causa la pena de 10 a 20 años de prisión por el supuesto delito de transporte internacional de drogas; de cinco a siete años por el de crimen organizado e igual pena por lavado de dinero.

Detalló que existe intercambio de información y cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR) de México.

Dijo que un funcionario de la PGR llegó al país la semana pasada y que se realizó “intercambio de información” sobre las últimas llamadas hechas desde Nicaragua por Raquel Alatorre Correa, presunta líder del grupo, tras su detención el pasado 20 de agosto.

Alatorre Correa está identificada como la supuesta líder del grupo que viajaba en las camionetas con equipos de comunicación y papelería de la televisora, además del cargamento ilegal de 9.2 millones de dólares.

En torno a la denuncia de la televisora por supuesto uso ilegal de su marca y logotipos, agregó, “vamos a enviar toda la documentación íntegra” de los resultados de las indagaciones, porque “los delitos se cometieron en México”.

Apuntó que las autoridades de ese país tendrán que realizar sus propias averiguaciones sobre la legalidad o no de los procedimientos del registro de matrícula de las seis camionetas.

Según las indagaciones preliminares sobre el origen de los automotores que circulaban por Centroamérica bajo la “fachada” de la empresa mexicana, los vehículos fueron comprados por Alatorre.

La fiscal adjunta señaló que las autoridades mexicanas deberán determinar la legalidad o no del procedimiento del registro de las camionetas, pues fue realizado en su territorio.

Por su parte, el inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, afirmó que han requerido a México la identidad de los procesados, “porque en algunos casos no corresponde con la que dicen tener”.

“Ha quedado en el ambiente si el enmascaramiento que usaron era real o era supuesto sobre todo el vínculo con esta institución (la televisora) que tiene una presencia importante en el territorio mexicano y facilitó que se desplazaran con cobertura bastante relevante a nivel centroamericano”, sostuvo Juárez.

La PGR “está muy interesada en cooperar y vamos a enviar los requerimientos completos la próxima semana” a México, manifestó.







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