Observaciones íntegras de la CIDH tras su visita en México
Indica que "constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares".
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Foto: CIDH

Se reproducen íntegras las Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a México:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco (en el lugar) a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; las y los especialistas en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva, Débora Benchoam, Álvaro Botero, Sofía Galván, Fiorella Melzi, Efrén Olivares, Viviana Ordoñez y Tania Reneaum, los y las especialistas en prensa y comunicación, Federico Blanco, Andrea Ramírez Rentería y María Isabel Rivero; y la especialista en documentos, Gloria Hansen.

La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.

La Comisión agradece al gobierno y al pueblo de México todas las facilidades brindadas para la realización de esta visita. La CIDH valora y agradece el apoyo y la información suministrada por las autoridades de Gobierno del orden federal, estatal y municipal, así como por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Muy especialmente, la Comisión valora y agradece el esfuerzo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para reunirse con la delegación y presentar sus testimonios e información.

La Comisión recuerda que es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Crisis de derechos humanos en México

La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.  La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México, ya que, tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias”.

En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante estos días se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia ha generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones por temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales.

Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.

La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación. En particular reconoce las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir del 2011.  La CIDH reconoce la modificación  de diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo destaca la decisión de la Suprema Corte de Justicia que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles, así como la facultad de realizar el control de convencionalidad por parte de todos los tribunales del país.

Asimismo se reconoce la publicación de la nueva Ley de Amparo en abril de 2013. La CIDH saluda el Plan Nacional de Derechos Humanos (2013-2018). En enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, que si bien es un paso positivo, se ha recibido información respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato.

Por otra parte, la Comisión reconoce la aprobación en 2012 del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resalta su importancia e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento y enfrentar los diversos desafíos.

La CIDH saluda el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), el cual entró en vigor el 30 de abril de 2014, y contiene como objetivo principal lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de derechos humanos. La Comisión invita a que todas las entidades federativas cuenten con un programa estatal de derechos humanos. Asimismo, la CIDH saluda la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 2014.

La CIDH también recibe con agrado la adopción del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018), en particular los avances logrados para reducir la violencia en los municipios donde se ha implementado. El Estado reportó que en los municipios de más de 100,000 habitantes donde se ha implementado, los índices de violencia se habrían reducido en mas del 30%. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que esta reducción sería menor.

Asimismo, la CIDH reconoce como un avance la firma del Convenio de Colaboración para la Creación de una Comisión Forense para la Identificación de Restos, suscrito en 2013 entre la Procuraduría General de la República (PGR) y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de colaborar con la PGR en la identificación y determinación de la causa de muerte de restos localizados en fosas clandestinas en los Estados de Tamaulipas y Nuevo León. Desde su creación, la Comisión Forense ha logrado identificar los restos de 22 personas migrantes.

La CIDH saluda que en cumplimiento de una recomendación hecha por este organismo, la Procuradora General de la República haya anunciado la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Migrantes dentro de la primera mitad de 2016.

También se reconoce la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014, el cual entrará en vigor en todo el país a partir de junio de 2016. Al respecto, la CIDH ha recibido información que indica que algunas disposiciones contenidas en dicho Código requieren una revisión a la luz de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Asimismo, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que deberá entrar en vigor en todo el país a más tardar para junio de 2016, muestra avances en el territorio nacional. La CIDH resalta la importancia de que el Estado, en sus diferentes niveles, cumpla oportunamente con la implementación total de dicho sistema.

En materia de desaparición y tortura, la CIDH reconoce la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas desde el 2012 y el consecuente Registro Nacional de Datos relativo a personas desaparecidas, como un paso inicial en la integración de información de personas desaparecidas. Sin embargo, se ha recibido información que dicho registro debe ser fortalecido para producir información fiable, cualidad que actualmente no tiene, así como hacerlo más funcional, e incluir información desagregada por tipo de desaparición. En este sentido, la CIDH recibe con agrado información que indica que los grupos de búsqueda inmediata de algunos estados han demostrado capacidad y han localizado con vida personas reportadas como desaparecidas.

La CIDH destaca asimismo la reforma constitucional que derivó en las iniciativas de ley sobre Desaparición Forzada y Tortura en el ámbito federal. La Comisión espera que las mismas se adecúen a los estándares internacionales sobre la materia y que para efectos de su contenido se incluyan los aportes de la sociedad civil y de las víctimas. Asimismo se reconoce la suscripción del Convenio entre la PGR y el Comité Internacional de la Cruz Roja para el uso de la licencia del software de la base de datos Ante Mortem – Post Mortem.  La CIDH valora asimismo la iniciativa del Estado de dedicar más atención a las peticiones, casos y medidas cautelares del Sistema Interamericano, así como el involucramiento de las entidades federativas en este programa. La CIDH saluda asimismo la aprobación de los Protocolos de Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura en agosto de 2015.

Sin perjuicio de los avances señalados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.

La militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad. La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil.

A través del uso de la violencia y de la utilización de cifras millonarias para intentar corromper funcionarios y autoridades del Estado, grupos del crimen organizado manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, así como redes de secuestro y extorsión, y utilizan el reclutamiento involuntario de personas.

La violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas. Los estados fronterizos con Estados Unidos de América—Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—sienten de manera particular la violencia relacionada al narcotráfico y al crimen organizado. Las principales zonas de tránsito de migrantes—el Istmo de Tehuantepec y los corredores migratorios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas—también resienten la violencia relacionada al tráfico de drogas y armas, y a la trata de personas.

Los Estados de Michoacán y Guerrero, entre otros, han visto el surgimiento de las “autodefensas” y policías comunitarias, y en enero de este año en Apatzingán resultaron muertas 16 personas civiles desarmadas que realizaban una protesta, en hechos que según testimonios y fotografías habrían sido ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes federales. En mayo de 2014, en el Estado de México ocurrió la muerte de 22 personas en Tlatlaya, en hechos por los cuales siete soldados del ejércitos están siendo procesados. El estado de Guerrero, uno de los Estados del país con mayor incidencia de la pobreza, no sólo ha vivido uno de los sucesos más trágicos en la historia reciente del país con la desaparición de los 43 estudiantes, sino que en el proceso de su búsqueda se descubrieron fosas colectivas clandestinas con los restos de 129 personas, que en su mayoría siguen sin estar identificadas, y familiares han denunciado que 450 personas han sido desaparecidas desde 2008 solamente en ese estado. Esto evidencia que las desapariciones son generalizadas en México y que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado.

La CIDH expresa su especial preocupación ante la situación de inseguridad en el Municipio de Iguala. Los testimonios recibidos fueron categóricos al señalar su preocupación ante la integración del nuevo equipo de seguridad. De acuerdo a los testimonios, los nuevos encargados de seguridad en el nuevo gobierno local de Iguala habrían estado investigados y habrían sido interrogados por los hechos de Ayotzinapa. En este sentido, la CIDH hace un llamado urgente al Estado mexicano a adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de Iguala, así como adoptar medidas especiales de protección y atención para los familiares de “Los Otros Desaparecidos” de Guerrero, incluyendo medidas para garantizar que sus reuniones y gestiones en Iguala se realicen con seguridad.

 

Los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y el GIEI

El 26 y 27 de septiembre pasados, cuando la delegación de la CIDH llegaba a México para la visita in loco, se cumplió el primer aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en el estado de Guerrero, hechos en los cuales también resultaron heridas y asesinadas otras personas. Esta grave tragedia se ha convertido en un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México, y en particular en Guerrero, así como sobre las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes.

La CIDH se reunió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue establecido por la CIDH a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. El GIEI asiste al Estado mexicano en cuatro áreas de trabajo en relación a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014: la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnicos de las líneas de investigación que buscan determinar responsabilidades penales, los planes de atención integral y reparación a las víctimas de los hechos, y la adopción de políticas públicas para evitar la repetición de hechos similares. La CIDH tiene una medida cautelar vigente sobre estos hechos.

La Comisión respalda el trabajo realizado por el GIEI hasta la fecha en todos sus aspectos y acompaña los informes presentados por el Grupo. Con base en estos informes, la Comisión Interamericana urge al Estado mexicano a tener en cuenta el informe presentado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015 a fin de reorientar el curso de la investigación para esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Específicamente, con base en el informe del GIEI, la Procuraduría General de la República debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables:  pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC); designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso, quienes deben ser seleccionados respetando los principios de imparcialidad, autonomía e independencia a través de procesos transparentes; y reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales se distancian de la hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento. Finalmente, la CIDH urge al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por dicho Grupo.

 

Desapariciones y desapariciones forzadas

La desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. El Estado reporta 26.580 personas desaparecidas o extraviadas actualmente en México. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas.

La desaparición forzada fue utilizada en el país en las décadas de 1970 y 1980, cuando el Estado mexicano aplicó una estrategia de contención política y social conocida como “guerra sucia” para contener y destruir grupos disidentes reales o percibidos, sus bases y grupos. En este contexto, se cometieron numerosas desapariciones forzadas, además de masacres y torturas, tanto por las fuerzas armadas militares o policías civiles. Un testimonio recibido por la CIDH en el Distrito Federal: “En 1974 nos detuvieron a mi papá y a cuatro hermanos, y desde entonces andamos en la búsqueda. Estamos claros en que quien se llevó a nuestros padres y hermanos es el Estado mexicano y estamos buscando justicia”. El Estado tiene varias deudas pendientes respecto de los hechos ocurridos durante esta época. Una de ellas es registrar a víctimas que no fueron incluidas en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el fin de consolidar un registro de personas desaparecidas durante esta época, así como para asegurar una reparación efectiva.

Otra gran deuda pendiente es la justicia. No obstante la gran cantidad de desapariciones forzadas, a 2012 solo se reportaban dos sentencias condenatorias por desaparición forzada, ninguna de ellas firme. La Comisión tuvo conocimiento de que en agosto de 2015 se condenó a un miembro de las fuerzas armadas por desaparición forzada en primera instancia. “Estamos sufriendo el mismo dolor y lo de nosotros señores ha sido tan cruel que hasta la fecha, llevamos más de 40 y tantos años buscando a nuestros seres queridos, que el gobierno se los tragó y que jamás, oigan, nosotros no hemos dejado de luchar. ¡Que nos digan qué pasó con ellos!”, dijo a la CIDH un familiar de una persona desaparecida en Guerrero. Por su parte, la esposa de un desaparecido de esa época dijo: “La PGR [Procuraduría General de la República] ha demostrado tortuguismo y falta de interés en resolver estos casos. Nosotros como familiares hemos estado actuando como investigadores, dándole las pruebas a la PGR.”

La Comisión recibió reiteradas quejas de las víctimas sobre el actuar de las procuradurías generales de justicia estatales durante el proceso de búsqueda de justicia, y, en menor medida, también sobre la PGR. Muchas víctimas no son atendidas cuando tratan de presentar una denuncia. Si se abre una investigación, los familiares de víctimas enfrentan obstáculos serios, ya que algunos funcionarios de las procuradurías estatales les piden dinero para realizar diligencias y les niegan acceso a los expedientes. También suele haber demoras en los procesos de investigación cuando se trata de diligencias en las que las primeras horas son determinantes, como es el caso de las desapariciones. Los familiares también reportan falta de coordinación y cooperación eficientes entre las autoridades estatales y federales de procuración de justicia. Esto entorpece las investigaciones que son de obligación indelegable del Estado. Cuando se localizan los restos de una persona, los familiares reportan dificultades para recibir esos restos de manera adecuada, con certeza sobre su identidad, y de manera digna. La madre de dos desaparecidos en Guerrero, un hijo de 21 años y una hija de 19, relató a la CIDH que varios vecinos le dijeron que fueron secuestrados por policías y llevados en camioneta. “Pusimos denuncias pero nunca nos dieron una respuesta. Nunca nos supieron decir nada”, dijo.

Tal como lo ha dicho reiteradamente la CIDH, la impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad mexicana toda, sino que también propicia la repetición de los hechos. “Somos la segunda generación de familiares que en nuestro caso buscamos a nuestros padres y madres”, dijo a la CIDH un miembro de la organización “Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio” (HIJOS). “Ya antes lo hicieron nuestras abuelas, ahora nosotros. Documentamos desapariciones por actividad política, tenemos 564 casos documentados, pero no son los únicos. Nuestros padres eran activistas políticos. La desaparición forzada en este país viene de hace varias décadas. Lo que han constatado nuestras abuelas y ahora nosotros es una terrible impunidad. Hoy estamos con miles de personas desaparecidas. […] No es casual que esto esté ocurriendo ahora. Esto obedece a contextos, prácticas y a la impunidad, porque los responsables no fueron sancionados, sino que fueron enviados a otros puestos públicos”.

La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. No existe claridad sobre las cifras entre tipos de desaparición: desaparición forzada, secuestros, extravíos, u otros tipos de ausencia. La madre de un hombre desaparecido en el Estado de Nuevo León dijo a la CIDH: “Hay miles de desaparecidos así como él. No hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y la búsqueda la tenemos que hacer nosotros. El procurador de Nuevo León dice que tiene 2,300 desapariciones registradas [en Nuevo León]. Imagínense lo que será la cantidad real. Estamos padeciendo la indiferencia”. La CIDH encontró una ausencia de mecanismos adecuados para establecer correctamente cuándo se trata de una desaparición, con lo cual las cifras oficiales no resultan confiables y se constituyen en el primer obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de la verdad, y la justicia. Tampoco hay información específica sobre los casos en los que podrían constituir desaparición forzada, es decir, aquellos en los que haya indicios de que hubo participación o aquiescencia de agentes del Estado. Es indispensable que el Estado mexicano adopte medidas para mejorar de manera sustantiva la recolección y sistematización de la información.

Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. En primer lugar, existen indicios de que muchos casos de desaparición no se denuncian, debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado, su temor a sufrir represalias, o la percepción, correcta o no, de que las autoridades ante quienes deben presentar la denuncia podrían estar involucradas en los hechos. “Vivimos un calvario desde que mi hijo desapareció. Ya no confiamos en las instituciones. Ya no confiamos en las autoridades. Desgraciadamente este lapso de tiempo es muy difícil para nosotros que somos personas comunes y corrientes. Aquí solo se resuelven los casos de personas con poder político y poder económico”, dijo un padre a la CIDH en reunión en el Distrito Federal. En Veracruz, la CIDH recibió el testimonio de una madre cuyo hijo desapareció a fines de 2013: “Ya acudí a todos los lugares, nadie nos ayuda a recuperar a nuestros hijos. No hay respuesta ni del gobierno de Veracruz ni del gobierno federal”.

También se recibieron testimonios de muchos familiares sobre las amenazas y el hostigamiento que sufren para que dejen de buscar verdad y justicia. “Las amenazas son reales. Estamos en riesgo, pero también convencidos de que callar no es opción. O hablamos con el riesgo que me maten; o si no hablamos, de todos modos, pueden matarnos”, fue el testimonio recibido por la CIDH en Veracruz. Por su parte, una madre en Ciudad de México señaló: “Me dicen, ya no busques porque te voy a cortar la lengua. Ya no busques porque tus otros tres hijos van a aparecer en la puerta de tu casa y van a ir en tu consciencia. Nos dejan ese vacío, esa ausencia, y el corazón congelado, porque no tenemos un cuerpo para llorar”. Asimismo, una mujer de Michoacán cuyo esposo está desaparecido desde 2013 indicó a la CIDH: “Acabando yo de poner mi denuncia, a unos cuantos metros, me detienen. Por eso la mayoría de gente que tiene sus desaparecidos, no lo denuncia. La semana pasada me aventaron una bala en la cara. Tuve que sacar a mis hijos de Morelia para poder seguir buscando a mi esposo. Aunque la gente me diga que esté en paz, que me calme… pero no podré hasta no encontrar a mi esposo. Yo soy la voz de cientos de mujeres, porque Michoacán es un foco rojo. Hay pocas denuncias porque a todas nos callan la boca. Por eso estoy aquí, por todas esas mujeres, por todos esos huérfanos, por todas esas madres y sus hijos”.

En los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. La CIDH recibió cientos de testimonios de personas que indican que no se activa con la inmediatez necesaria un mecanismo de búsqueda. Una mujer relató a la CIDH las dificultades que enfrentó para que le aceptaran la denuncia de la desaparición de su hijo, su esposo y otros dos familiares, quienes desaparecieron en Iguala en agosto de 2014. “Fueron desaparecidos por policías municipales, y fueron encontrados el 4 de octubre en seis fosas en Cerro Viejo. Tuvimos muchas dificultades para que nos aceptaran la denuncia el 14 de agosto de 2014. No se les buscó y no se les buscó”, dijo. “Nos preguntamos por qué nuestro gobierno sigue permitiendo tantas desapariciones y muertes”.

Todos los testimonios recibidos apuntan a que existen grandes demoras en la realización de un mínimo de diligencias a fin de encontrar a la o las personas reportadas como desaparecidas, e incluso casos en los que éstas ni siquiera se realizan. Esto reviste especial gravedad, ya que las primeras 48 a 72 horas a partir de la desaparición de una persona son claves, y después de dicho período se reducen las posibilidades de encontrarla con vida. “Nuestro país no tiene mecanismos de búsqueda”, dijo a la CIDH la madre de una niña de 14 años desaparecida desde 2010. “Cuando yo llegué a poner la denuncia nos dijeron que se había ido con su novio. Eso nos dicen, que se van porque quieren. ¡Tenemos un dolor tan grande! Cuando se nos desaparecen nuestros hijos, no sabemos qué hacer, a dónde acudir, a dónde tenemos que ir para que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos”.

También existen irregularidades en la búsqueda y entrevistas de posibles testigos presenciales, en la recolección, análisis y manejo de posible evidencia, en la investigación de reportes de llamadas telefónicas, en la elaboración de retrato hablado de posibles perpetradores, y en la identificación de restos encontrados, entre otros graves problemas. Por su parte, la hermana de una mujer desaparecida en Oaxaca el 29 de abril de 2006 dijo a la CIDH: “Son más de nueve años que yo he estado haciendo las peticiones de las autoridades para que encuentren a mi hermana y me la entreguen. […] Yo le pido a la autoridad que me entregue a mi hermana, que la sigan buscando. Y a ustedes les pedimos que nos ayuden a visibilizar la violencia que estamos padeciendo aquí en México por la corrupción de las autoridades. Las autoridades no nos hacen caso, nos piden dinero”.

Otro problema detectado es que las autoridades no necesariamente tipifican de manera correcta la desaparición, y aún cuando se tipifica como tal, no siempre se hace acorde con los estándares internacionales en la materia. De hecho, el tipo penal de desaparición forzada contenido actualmente en el Código Penal Federal desde el 1 de junio de 2001 no cumple con los estándares internacionales en derechos humanos. De acuerdo a la información aportada por el Estado, solo una de cada diez entidades federativas cuenta con ley especial en la materia y en muchas no está tipificada en sus códigos penales estatales. Asimismo, cuando existen indicios de que podría tratarse de una desaparición forzada, los hechos se califican como otros delitos, con lo cual las investigaciones no se conducen de manera apropiada. Otro problema grave es la falta de independencia del servicio forense, ya que el mismo forma parte de la Procuraduría General de la República.

Los testimonios también revelan profundos niveles de desconfianza en las autoridades estatales y locales. En particular, la CIDH recibió  información de que algunos elementos de la policía federal y las policías estatales, así como muchas policías municipales, estarían coludidas con organizaciones del crimen organizado. En Veracruz, la CIDH escuchó a un familiar: “Recientemente nos han ofrecido medidas de protección en Veracruz. Nos dicen que los policías nos van a cuidar. El problema es que son ellos mismos los que nos hostigan”. Por su parte, otros familiares indicaron a la CIDH que “a los policías y a las autoridades que no aceptan venderse a los criminales, los matan”.

En la visita al estado de Guerrero, la Comisión recibió información de los familiares de los 43 estudiantes y también de los familiares de otras personas desaparecidas en el municipio de Iguala, quienes se autodenominan “Los Otros Desaparecidos”, y que denuncian que 450 personas han sido desaparecidas en Guerrero desde 2008. Durante el proceso de búsqueda de los 43 estudiantes, fueron halladas otras 60 fosas colectivas clandestinas en dicho municipio, donde se encontraron hasta el momento 129 cadáveres. A la fecha, se habrían identificado a 16 de estas personas. La incapacidad institucional para atender el problema ha dado lugar a que sean los propios familiares los que están llevando a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en Iguala buscando a sus familiares desaparecidos, y desde noviembre de 2014 hasta la fecha han encontrado 104 cuerpos. Hasta el momento sólo se han identificado oficialmente a siete de ellos.

El  hermano de un desaparecido dijo a la CIDH en Iguala que ha dejado su empleo para dedicarse por completo a la búsqueda de los restos de su hermano, “porque mi madre se está muriendo de la pena, y lo tengo que encontrar”. Basándose en denuncias anónimas sobre los predios donde se encuentran las fosas clandestinas, los familiares describieron sus técnicas de búsqueda. “Salimos en algún carro que alguien presta, y nos vamos a la sierra y donde vemos que se hunde un poco la tierra, eso puede ser una señal de que allí enterraron a alguien. Metemos esta varilla y lo olemos, y si sale el olor a podrido, ya sabemos que ahí hay un cuerpo. […] Y esa es nuestra tecnología para encontrar cuerpos, pero ya la PGR no nos deja usar más la varilla”, describió un familiar de desaparecido a la CIDH en un predio donde encontraron 18 cuerpos en las cercanías de Iguala.

Los hallazgos de fosas clandestinas y fosas en cementerios y panteones con decenas de cadáveres en diversas zonas de México han evidenciado que en muchos casos han sido los familiares quienes han tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos, así como múltiples fallas y vacíos en el manejo e identificación de cadáveres, y en la asistencia y protección de los familiares de las víctimas. De acuerdo con la información recabada a lo largo de la visita, la Comisión observó que en múltiples casos de cuerpos hallados en fosas se evidenció por parte de funcionarios de ministerios públicos y servicios forenses la falta de aplicación de protocolos con criterios homologados para el levantamiento de cuerpos, custodia del lugar, cadena de custodia, necropsias, atención a familiares de las víctimas, entre otros. La CIDH exhorta a considerar la creación de un Instituto Nacional Forense, independiente de injerencias políticas y de otra índole, y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos.

La falta de avance en las investigaciones se extiende a otros estados del país. “Las autoridades quitan tierra pero no la analizan. Yo me estoy dando a la tarea de colar la tierra para ver si encuentro la dentadura de mi hijo”, dijo una madre en una reunión con la CIDH en la Ciudad de México. Otra madre señaló: “Cuando llegamos a pedir justicia, nos hemos dado cuenta que somos incómodos. Les decimos qué líneas de investigación seguir, porque nos hemos convertido en investigadores”. Una mujer del estado de Nuevo León dijo a la CIDH que hace cuatro meses está junto a su esposo en la búsqueda de su hijo desaparecido. “Nos dicen que somos defensores pero somos solamente familias buscando justicia, buscando verdad”, señaló.

La CIDH pudo constatar que un alto porcentaje de las personas desaparecidas viven en la pobreza y en la extrema pobreza, situación que se agrava y se complejiza cuando desaparece un miembro de la familia que representaba el único sustento. La CIDH recibió el testimonio de una mujer pobre en Iguala cuyo esposo fue desaparecido y quien tiene seis hijos que mantener, entre numerosos testimonios de familias que enfrentan un agravamiento de su situación de pobreza cuando desaparece uno de los miembros de la familia que tenía empleo y contribuía, o era la principal fuente, del sustento familiar. Los obstáculos para acceder a ayuda son muy profundos. Por ejemplo, existe la posibilidad de conseguir un apoyo de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 300 pesos mensuales (unos 18 dólares), pero para poder acceder a ello, la familia debe antes publicar en tres periódicos de circulación nacional la declaración judicial de ausencia, lo cual tiene un costo de 30,000 pesos (1,800 dólares).

La CIDH recibió amplia información sobre el efecto desproporcionado que tienen las desapariciones y desapariciones forzadas sobre niños, niñas y adolescentes. La desaparición de sus padres suele traducirse en una acentuación de su situación de pobreza y en la estigmatización de dichos niños y niñas. De conformidad con cifras oficiales, entre 2007 y 2015, se tendría un registro de aproximadamente 6 mil niños, niñas y adolescentes desparecidos; lo que constituiría más de la quinta parte del total de personas desaparecidas que reporta el Estado mexicano.

La Comisión también recibió información sobre la grave problemática de la desaparición de migrantes en México y a lo largo de las rutas migratorias que van hacia Estados Unidos. Dentro del contexto de violencia que ha afectado a México durante los últimos años, la Comisión fue informada de que uno de los fenómenos de mayor preocupación tiene que ver con la desatención a los casos de desapariciones y las dificultades adicionales que enfrentan las familias de migrantes desaparecidos en materia de búsqueda de sus seres queridos y acceso a la justicia. De acuerdo con cifras oficiales, 662 personas migrantes son personas desaparecidas y/o no localizadas, de las cuales 535 eran hombres y 127 mujeres. Asimismo, 165 de ellos tenían menos de 19 años de edad. Organizaciones de la sociedad civil señalan que estas cifras serían mucho mayores.

En relación con los casos de desapariciones de mujeres que se conocen en el fuero común, se registraron 7,060 mujeres desaparecidas o extraviadas desde el 2011. La CIDH ha abordado este grave problema en su trabajo relativo a Ciudad Juárez, y también en casos como Campo Algodonero y Paloma Angélica Escobar Ledezma. Existe un problema grave en la investigación, justicia y prevención de desapariciones de mujeres. La CIDH expresa su profunda preocupación sobre la falta de avances en las investigaciones sobre las desapariciones de mujeres, así como sobre la profunda brecha entre la normativa y las políticas públicas adoptadas y la realidad que las mujeres viven en su cotidianeidad.

Además de la iniciativa de ley enviada al Congreso en materia de desaparición forzada y de protocolos para que las investigaciones sean más expeditas, el gobierno ha anunciado la creación de un sistema nacional de búsqueda y un sistema nacional de información genética que integre las bases genéticas disponibles en todas las instancias estatales. Es indispensable y urgente que se avance en forma sustantiva e integral en estos planes, y que haya participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas de desaparición en la formulación y la implementación de dichas iniciativas. Específicamente, resulta urgente la creación de una base de datos unificada a nivel nacional de todas las personas desaparecidas y los perfiles genéticos de familiares de las mismas.

La CIDH reconoce como un avance la promulgación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el 2012. No obstante, se requiere adoptar medidas para producir información fiable, pública y transparente. En este sentido, se requiere mejorar y hacer funcional el Registro. También se requiere contar con las bases de datos genéticos y forenses, que incluya información de señas personales, la cual también resulta clave para la identificación de restos. Asimismo, la CIDH urge al Estado a publicar el reglamento de la ley, la cual debía estar publicada como máximo en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley. La CIDH considera necesario contar con registro único nacional de personas detenidas como una medida preventiva contra la desaparición de personas.

En relación con los proyectos de ley sobre desaparición forzada a nivel federal actualmente en estudio en el Congreso, la CIDH enfatiza la necesidad de que se tipifique este delito de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. La CIDH también exhorta al Estado a adoptar una ley nacional auto-aplicable en materia de desaparición.

 

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de homicidios en el 2013 que fue de 19.5 homicidios por cada 100,000 habitantes,  se redujo en el 2014 a 16.43 por cada 100,000 habitantes. La CIDH saluda dicha disminución a pesar que la cifra continúa siendo alta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una tasa igual o superior a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes corresponde a niveles epidémicos de violencia. Causa preocupación las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de los estados con mayor tasa de homicidios como Guerrero (42.68), Sinaloa (33.33) y Chihuahua (29.36), muy por encima del promedio nacional.

Otro fenómeno de profunda preocupación son las ejecuciones extrajudiciales y el carácter endémico de la impunidad para estos crímenes. Situaciones recientes han sido los hechos ocurridos en Tlatlaya, sur del Estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, estado de Michoacán, en enero de 2015; y en Tanhuato, también en Michoacán, en mayo de 2015. En los tres casos, la primera versión de las autoridades fue que las muertes de civiles eran resultados de enfrentamientos. Sin embargo, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas en hechos que constituirían casos de ejecución extrajudicial, alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de un enfrentamiento, e irregularidades en las investigaciones. La CIDH urge al Estado mexicano a que realice de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales que establezcan los hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan en todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales y/o militares, como parte de una política pública de mayor transparencia y mayor rendición de cuentas sobre hechos como éstos, y en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de justicia.

Existe una grave falta de información estadística adecuada y completa sobre la incidencia de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Los números varían dependiendo de la fuente consultada. Según información oficial, el número de personas civiles muertas por el Ejército disminuyó de 1,297 en 2011 a 459 en 2013, pero no se cuenta con información oficial para 2014 ni 2015. Es a través de la administración de justicia que se podría determinar si estas muertes fueron o no ejecuciones extrajudiciales o resultado de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal. Sin embargo, los altos índices de impunidad para todos los crímenes se repiten en relación con los operativos de las fuerzas policiales y militares, con lo cual es imposible en la actualidad contar con números y estadísticas confiables sobre la incidencia del grave problema de la privación ilegítima de la vida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Frente al grave problema de falta de información, especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) realizaron un análisis del índice de letalidad, que es el número de civiles muertos por cada civil herido en situaciones calificadas por las autoridades como “enfrentamientos”. Estos índices resultan alarmantemente altos en México. El investigador que diseñó el índice de letalidad señala que “cualquier cociente superior a 1 estará apuntando a un abuso de la fuerza y a la existencia de ejecuciones sumarias”. En México, el índice de letalidad del ejército fue de 7.7 civiles muertos por cada civil herido en 2013 y 11.6 en el primer trimestre de 2014. No se dispone de cifras para el resto de 2014 y lo que va de 2015. La Secretaría de Defensa Nacional informó que “a partir del 6 de abril de 2014, ya no se le da continuidad a dicha estadística, en relación de no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo federal”. En este sentido, la CIDH urge al Estado a que se aplique lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a la Tres Fuerzas Armadas, el cual señala que se debe proceder a “elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza”.

Entre 2006 y abril de 2013, de las 52 recomendaciones emitidas por la CNDH en relación con vulneraciones al derecho la vida, 3 de cada 4 recomendaciones estaban dirigidas a las fuerzas armadas. Asimismo, existe un problema extendido de encubrimiento por parte de las autoridades a fin de evitar que se conozca la verdad de los hechos y que la justicia logre determinar responsabilidades.

Existe amplia evidencia de que la militarización de la seguridad ciudadana ha resultado en un incremento de las violaciones a los derechos humanos en el país. La CIDH recibió un testimonio de una madre en Nuevo León: “La Marina supuestamente andaba en un operativo, irrumpió en mi casa a la una de la mañana. De pronto se escuchó mucho ruido, y los de la Marina entraron, le dieron una patada y un disparo en la frente a mi hijo […] Han pasado cuatro años y no ha pasado nada”. Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. De acuerdo a los estándares interamericanos en la materia, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional.

 

Tortura, integridad personal y privación arbitraria de la libertad

La CIDH constató en su visita que otro problema grave en México es la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de la puesta a disposición de la justicia. A nivel estatal, se recibió información preocupante de que las detenciones arbitrarias son utilizadas políticamente, como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles, entre otros. Las detenciones arbitrarias son la norma y no la excepción. Según una organización de la sociedad civil, “en la práctica, pueden pasar días antes de llegar a la autoridad judicial, mientras se obtiene una declaración ante las fuerzas armadas y el ministerio público, luego pasan por médicos de la Procuraduría o en hospitales, donde el certificado de lesiones se practica en frente de policías”.

Se continúa aplicando la figura del arraigo, a pesar de ciertos cambios normativos recientes que redujeron o limitaron su aplicación en algunos estados. También se aplica la figura de “flagrancia equiparada”, que es la capacidad de detener a una persona “inmediatamente después de haber cometido un delito”. Esta figura se está aplicando de manera laxa e indebida, resultando incompatible con la presunción de inocencia y conduciendo a una práctica de detener para luego investigar, en lugar de investigar para luego detener. La Comisión observa que se presenta en gran medida un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustitutivas, lo que estaría asociado tanto a prácticas judiciales como al marco normativo. Específicamente, información al alcance de esta Comisión indica que aproximadamente el 42.2 por ciento de la población penitenciaria total en México se encontraría en prisión preventiva.

Los actos de tortura y malos tratos contra personas detenidas suelen tener el objetivo de castigar y de extraer confesiones o información incriminatoria. En el caso de detención de mujeres, son extendidas las manifestaciones de violencia de género, tal como la violencia sexual, como forma de tortura. La Comisión también recibió información de múltiples casos de migrantes centroamericanos recluidos en prisión, quienes son incriminados de delitos bajo la obtención de confesión bajo tortura por parte de autoridades militares y policías.

Otro grupo especialmente afectado por la tortura es el de los pueblos indígenas, específicamente sus líderes y policías comunitarios, quienes son frecuentemente criminalizados cuando se organizan, en especial cuando se movilizan en rechazo a proyectos extractivos que afectan sus tierras y territorios y sus derechos a la vida y la integridad. La información de la sociedad civil y testimonios de líderes indígenas y de familiares de indígenas privados de su libertad es coincidente en cuanto a la criminalización de estos líderes, quienes con frecuencia son detenidos arbitrariamente y torturados para obtener confesiones falsas, que luego usan para incriminarlos en delitos bajo el sistema penal.

La CIDH observa una ausencia de tipificación criminal para la conducta de captación de niños y adolescentes para el crimen organizado y de la falta de políticas efectivas de prevención y de protección en estas circunstancias. La CIDH lamenta que el Estado no cuente con sistemas de gestión de datos y análisis de información sobre la utilización de niños y niñas por el crimen organizado. De conformidad con la sociedad civil y academia, se estima que hay por lo menos 30.000 niños y niñas reclutados para actividades que van desde la vigilancia, cobro de extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería, el narcotráfico y venta al menudeo de drogas. Los carteles y las fuerzas policiales y militares, cuando actúan al margen de la ley, son responsables de un elevado número de muertes, desapariciones, y actos de violencia, incluida la violencia sexual, en especial contra niñas y adolescentes. Los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con los carteles, ha ocasionado que niños y adolescentes sean víctimas en el marco de estos operativos y se encuentren en medio de dos fuerzas letales que amenazan su integridad personal y derecho a la vida. Las fuerzas de seguridad tratan a los adolescentes de los barrios o zonas expuestas a las actividades del narcotráfico, como si fueran integrantes de estos grupos, lo cual crea una gran falta de confianza, elemento indispensable para cualquier política de prevención. La CIDH insta al Estado a que mediante la aplicación de la nueva Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (2014), se permita dar un enfoque integral y coordinado a fin de brindar la protección de todo tipo de violencia a los  niños, sus familias y sus comunidades.

Las denuncias de torturas y malos tratos suelen quedar en la impunidad, y no está clara la voluntad estatal para investigar y sancionar a las autoridades responsables de haber cometido estos actos. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura en su informe sobre México señaló que las tortura y los malos tratos “ocurren en un contexto de impunidad”, y que con frecuencia, las personas son halladas culpables “solamente o predominantemente con base en confesiones obtenidas con tortura o malos tratos”, lo que alienta su uso por parte de las autoridades. En este sentido, es imperativo que los funcionarios periciales que investigan las denuncias de tortura sean independientes de las procuradurías.

La CIDH saluda recientes avances jurisprudenciales en la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la inadmisibilidad de “las pruebas obtenidas con base en una detención ilegal y violentando derechos fundamentales” y posteriormente estableció la obligación de los jueces de abrir dos incidentes independientes ante una denuncia de tortura, a fin de investigar dichas alegaciones y de determinar la necesidad de excluir pruebas, evitando postergar la admisibilidad hasta la sentencia y desvinculando la exclusión de prueba del resultado de la investigación.

De acuerdo a información proporcionada por el Estado, en 15 entidades federativas, la tortura no está tipificada en los códigos penales estatales, y otros 15 no cuentan con ley especial en la materia. La CIDH insta al Estado a trabajar de manera urgente en conjunto con la sociedad civil una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura, que cumpla con los estándares internacionales, teniendo especialmente en cuenta la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Asimismo, la  CIDH exhorta al Estado a adoptar una ley nacional auto-aplicable en materia de tortura a nivel federal.

Una organización de la sociedad civil estima que unas 10.000 personas son torturadas anualmente en México, utilizando como base una cifra anual de 2.000 personas que anunció la PGR para el sistema carcelario federal, y proyectando la cifra en forma proporcional para el sistema carcelario estatal, que tiene cuatro veces más personas procesadas. La organización indicó que el estimado es conservador, ya que las denuncias permiten pensar que en el sistema estatal hay un mayor porcentaje de casos de tortura que en el sistema federal. La mayoría de los casos de tortura queda en la impunidad. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) informó a la CIDH que entre 2011 y 2015 hubo en total 14 sentencias por el delito de tortura en los 32 Estados.

Según la información recibida, los métodos de tortura más frecuentes son los golpes tanto con puños, patadas con botas, macanas y culatas de armas en diversas partes del cuerpo, insultos, amenazas, humillaciones, presenciar y/o escuchar la tortura de otras personas, asfixia húmeda y seca, las descargas eléctricas, la desnudez forzada y la tortura sexual. Esta se aplicaría a activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y líderes indígenas, así como a personas detenidas a fin de obtener confesiones de haber cometido delitos. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el número de denuncias por tortura y malos tratos que registró en 2013 aumentó en 600% respecto de 2003.

Asimismo, durante los últimos años se ha evidenciado un aumento en el uso automático de la detención migratoria y de deportaciones, las cuales en un gran número de casos se realizan de forma sumaria. De acuerdo con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Migración (INM), de 2013 a lo que va de 2015 ha habido un incremento del 67% de migrantes puestos en detención migratoria. La detención migratoria y deportación expedita representan un impedimento para que las personas migrantes puedan acceder al procedimiento para la determinación de la condición de refugiados. Al ser deportados solicitantes de asilo o refugiados sin una debida determinación de su situación, se configura una violación a su derecho a la no devolución (non refoulement), poniendo en grave riesgo su vida e integridad.

La CIDH recibió en Tenosique, Tabasco, el testimonio de una migrante hondureña que recientemente había sido víctima de violencia sexual: “Estábamos caminando de noche porque pensábamos que así era más seguro. Estábamos caminando por la carretera que va de El Ceibo a Tenosique. Cuando íbamos por el basurero salieron 4 hombres por la carretera. Dos estaban con pistolas y dos con machetes. Nos dijeron que nos tenían que revisar. Nos revisaron y a los hombres que venían conmigo les sacaron todas sus pertenencias. Yo no traía bolsillos y me dijeron: ‘contigo tenemos dudas. Te vamos a revisar muy bien. No hagas resistencia porque te irá peor’. Me empezaron a tocar, me bajaron el pantalón, no sólo uno sino otros dos más. No se protegieron. Las tres personas terminaron (…) Abusaron también de otra muchacha. En ese momento pasaron los de Migración y nos dejaron en la carretera. No podía caminar. Dormí en unas gradas. Tenía llagados los pies. Cuando fui a poner la denuncia me tuvieron que cargar. También me tuvieron que cargar para ir al hospital. Los de Medicina Forense no estaban porque estaban de vacaciones. Las autoridades saben de ese lugar y no hacen nada. Quiero dar esta denuncia para que no le pase esto a otros”.

La CIDH observa que el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones. El gobierno mexicano informó que al 30 de abril de 2015, la PGR contabilizaba un total de 2,420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, entre 2003 y 2013, el Estado reportó únicamente 15 sentencias condenatorias por tortura en el país a nivel federal. De 11,254 quejas de torturas y malos tratos recibidas por la CNDH entre 2005 y 2013, se emitieron 223 recomendaciones, y no existiría una sola sentencia penal sobre ninguno de estos casos. En la visita también se constató que existe un alto número de casos de tortura que no están denunciados ante ningún órgano, entre otras razones, debido al temor a represalias.

La CIDH también recibió información durante su visita sobre la situación de violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) y los riesgos específicos que enfrentan. La CIDH ha recibido con particular preocupación información sobre actos de violencia contra personas LGBT por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad, en el contexto, por ejemplo, de detenciones arbitrarias seguidas por amenazas o torturas. Este grave problema está muy invisibilizado en México y se carece de cifras oficiales al respecto. Asimismo, según la organización Letra S, entre 2010 y 2013, 288 personas LGBT habían sido asesinados en México, y entre este número se encuentran defensoras y defensores de los derechos humanos. La CIDH, por medio de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBT, reportó entre enero de 2013 y marzo de 2014, en el Registro de violencia contra las personas LGBT en América sobre ataques contra la vida y la integridad, un total de 42 homicidios contra personas trans y 37 homicidios de hombres gay, o percibidos como tales, entre otros actos de violencia en México. En este contexto, la Comisión considera alentador el protocolo adoptado por la SCJN que ordena, ante una denuncia de agresión, investigar el agravante de odio en razón de la orientación sexual y la identidad de género, así como imponer las sanciones pertinentes, para así enviar “una señal sobre como el Estado lidiará” en tales casos.  La obligación de no discriminación requiere que el Estado redoble sus esfuerzos para prevenir y responder frente a actos de violencia contra personas LGBT. En este sentido, la CIDH urge al Estado a diseñar e implementar mecanismos confiables de recolección de datos sobre la violencia contra personas LGBT, incluidas las denuncias de tortura y de detenciones arbitrarias por parte de la policía.

En relación con la figura del arraigo, el Estado mexicano ha informado a esta Comisión que se ha reducido significativamente su aplicación. En este sentido, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de 2015, se habría arraigado a 89 personas. Por otra parte, esta Comisión toma nota del precedente jurisprudencial de la SCJN en la materia, emitido en febrero de 2014, mediante los cuales se resolvió la inconstitucionalidad del arraigo local por la comisión de delitos graves, y se confirmó la jurisdicción federal del arraigo por casos de delincuencia organizada. Esta Comisión valora la reducción de esta figura y la jurisprudencia que restringe su aplicación, sin embargo, expresa su preocupación por la existencia del arraigo a nivel constitucional, y respecto del cual esta Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre su utilización para detener a personas sospechosas en casas particulares, hoteles e instalaciones militares sin el respeto de las garantías judiciales, y propiciando que las personas detenidas se enfrenten al riesgo de ser sometidos a malos tratos, e incluso tortura.

Desplazamiento interno forzado

Otra de las graves violaciones a derechos humanos que han generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México durante los últimos años tiene que ver con el desplazamiento interno forzado. A lo largo de la visita la CIDH recibió abundante información y testimonios acerca de la forma en la que la violencia de grupos del crimen organizado, los cuales en algunos casos se encuentran coludidos con agentes estatales, está conllevando, directa e indirectamente, al desplazamiento interno de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares. Los megaproyectos de desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país. La violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos. Un testimonio recibido por la CIDH en Guerrero relató el desplazamiento forzado de una comunidad en la Sierra de Totolapan. “Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí”, dijo.

Ante la falta de cifras oficiales, Internal Displacement Monitoring Center ha estimado que a finales de 2014 había por lo menos 281,400 desplazados internos en México. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor. El hecho de que las autoridades no reconozcan la existencia del desplazamiento interno y de que haya permanecido sin cuantificarse ha favorecido su invisibilidad. Como ya lo hiciera previamente, la Comisión reitera su preocupación sobre el grave impacto que está teniendo el desplazamiento interno; así como sobre la falta de un diagnostico integral sobre esta problemática y de una política integral para su prevención y la protección, asistencia y busqueda de soluciones duraderas para los desplazados internos.

 

Violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos

Durante su visita in loco, la CIDH constató la situación de hostigamiento y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, sobre la cual viene recibiendo abundante información en los últimos años. En efecto, la CIDH ha utilizado su mecanismo de medidas cautelares a fin de solicitar a México que proteja a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que sufren persistentemente actos de hostigamiento y amenazas. Los testimonios recibidos durante la visita indican que continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas contra ellos y sus familiares, seguimientos, así como los señalamientos por parte de autoridades que les desprestigian y estigmatizan por su labor de defensa de los derechos humanos.

En el período 2006-2012, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 245 agresio­nes en contra de personas defensoras, 22 personas defensoras y 5 integrantes de sus familias presuntamente asesinadas por motivos relacionados con su defensa de derechos humanos, y reportaron que se desconocía el paradero de 6 perso­nas defensoras. Asimismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a De­fensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registró, en 2010, 47 presuntas agresio­nes contra personas defensoras de los derechos humanos a nivel nacional, 63 en 2011, 485 en 2012, y 214 hasta el 29 de junio de 2013; siendo las detenciones arbitrarias las agresiones que encabezan la lista con 102 en 2012 y 73 en 2013. Conforme a cifras proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil, del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo del 2015 se reportaron por lo menos 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras en México.

Por otra parte, en su visita a Guerrero, la CIDH tomó conocimiento sobre presiones a las que estarían siendo sujetos operadores de justicia de primera instancia y fiscales cuando investigan y conocen casos de violaciones a los derechos humanos; también se tomó conocimiento que operadores de justicia son receptores de presiones políticas principalmente del Ejecutivo ante denuncias sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales. Se denunció asimismo que fiscales y jueces son objeto de actos de intimidación y coerción por parte de miembros del crimen organizado.

Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.  Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. La protección de las personas defensoras es urgente e indispensable para garantizar su derecho a la vida, su trabajo como defensores, y en consecuencia, la vigencia de la democracia y los derechos humanos.

 

Violencia y amenazas contra periodistas y comunicadores

La CIDH ha visto con preocupación el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en México. Según ha registrado la Relatoría Especial, en la última década 67 periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015. En efecto, durante la última década la Comisión ha utilizado su mecanismo de medidas cautelares a fin de solicitar a México que protega a un número importante de periodistas que han sido desaparecidos, o sufren actos de hostigamiento y amenazas.

La violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales. De acuerdo a la información disponible, los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico,delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos.

Durante la visita in loco la CIDH recibió a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y a periodistas durante las audiencias celebradas en el Distrito Federal y visitó el estado de Veracruz donde desde 2010 a la fecha se han registrado 15 asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad. Durante la visita se constató que en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas.

Tanto en este Estado, como en la mayor parte de las entidades federativas, el gremio periodístico se encuentra en una situación de vulnerabilidad en el ejercicio de su oficio. “En México desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvio el modus operandi”, dijo uno de los periodistas que asistió a la audiencia de la Comisión en Veracruz. “Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables que ordenaron los crimenes”, añadió.

La CIDH también tuvo conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos contra la infraestructura, robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos. En los próximos meses varios estados, incluido el de Veracruz, celebrarán elecciones, lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión.

De otro lado, durante el 2014, la CIDH también recibió información sobre graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas.

A los hechos de violencia se suma la falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores.

A pesar del avance que significa la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la reforma constitucional que en 2013 le otorgó la facultad de atracción de las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión, aún existen grandes desafíos políticos y jurisdiccionales que deben sortear la fiscalía especializada y los organismos de procuración de justicia locales para reducir los altos índices de impunidad. La falta de resultados completos en las investigaciones, la reticencia de la FEADLE a atraer a su jurisdicción los crímenes más graves, sumado al aumento de agresiones, hace que la autocensura se convierta en la alternativa para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida, con el consiguiente deterioro del derecho a la información de las comunidades en su conjunto.

Por otra parte, la CIDH ha tomado nota de algunas dificultades que enfrentan las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares para acceder a información pública. El Estado mexicano aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo marco se otorgó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la atribución de desclasificar la información relativa a graves violaciones a los derechos humanos, no obstante, la nueva legislación estableció que esa decisión puede ser impugnada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República cuando medien razones de seguridad nacional. Esto ya ha producido impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, además de dilatar el acceso a la información clave para investigar estas graves violaciones. Tampoco existe claridad respecto de cuales van a ser los lineamientos o los criterios que se aplicaran para tomar una decisión.

Durante la visita in loco la Comisión tomó conocimiento de un progresivo retroceso en la política de transparencia activa e información pública de las muertes de civiles y militares en operativos de seguridad, en particular cuando intervienen las fuerzas armadas. En ese sentido, se ha reportado que los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos y en los últimos dos años los medios de comunicación y las organizaciones sociales han debido acudir al uso del recurso de acceso a la información para acceder parcialmente a esta información, tanto a nivel nacional como estatal.

 

Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

En cuanto a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, en 2012 se aprobó la ley mediante la cual se adoptó el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. La CIDH saluda la adopción del mecanismo se hizo en cumplimiento a una recomendación hecha por la CIDH y la ONU en 2010.

En sus inicios el mecanismo enfrentó dificultades relacionadas con la recepción de solicitudes, la valoración del riesgo de los solicitantes y los procesos internos para la decisión de otorgar medidas. Al mismo tiempo se reportaron dificultades administrativas, como un alto índice de rotación de su personal y la falta de capacitación del mismo. De acuerdo con la información disponible, el mecanismo ha mejorado sus procesos internos para tramitar las solicitudes de protección, así como registra un aumento de personal y capacitación del mismo. Sin embargo siguen existiendo retos importantes para garantizar la protección de los solicitantes. Desde el 2012 hasta la fecha, el mecanismo informó que hay 463 beneficiarios de medidas de protección, de los cuales 190 son periodistas y 273 defensores y defensoras. La Comisión observa que esta evolución deberá ser fortalecida con elementos tales como: la sostenibilidad financiera en el tiempo, el desarrollo de una política de prevención, la promoción del mecanismo en las entidades federativas -donde no se lo conoce-, la coordinación con las autoridades locales -algunas de las cuales no tendrían la voluntad política de colaborar- y la falta de confianza por parte de algunos sectores de la población objeto.

Además, existe la necesidad de que el mecanismo de protección se articule con las entidades encargadas de  investigar las agresiones, como la CIDH lo ha señalado en otras oportunidades “el medio más eficaz para proteger […] es investigar eficazmente los actos de violencia y sancionar a los responsables”. Esto permitiría al programa ganar confianza entre la población que debe atender.

Sin perjuicio de los avances señalados, en el contexto de amenazas, hostigamiento, desapariciones y asesinatos de periodistas y de defensores y defensoras de derechos humanos, la Comisión recibió con preocupación información sobre la persistencia de desafíos en el funcionamiento del Mecanismo. Según la información recibida, el mecanismo tendría deficiencias administrativas y operativas de distinta índole. La demora en la implementación de las medidas y la falta de seguimiento a la efectividad de las mismas, deficiencias en el funcionamiento de los botones de pánico y la consiguiente falta de respuesta por parte del mecanismo, son las falencias más mencionadas por algunos beneficiarios y organizaciones de la sociedad civil. La CIDH, también tuvo conocimiento de la carencia de perspectiva de género en la evaluación y adopción de las medidas de protección, así como el enfoque diferencial frente a líderes indígenas.

Asimismo, la CIDH también valora como positivo la creación de la Comisión de Atención a Periodistas en Veracruz, encargada de la implementación del mecanismo de protección a periodistas en ese Estado crítico para el ejercicio del periodismo. A la fecha este mecanismo ha otorgado medidas a  un número importante de periodistas, pero afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo. La CIDH también tomo conocimiento de la aprobación de una ley para la protección de periodistas en el Distrito Federal y estará atenta a la implementación integral del mismo.

 

Impunidad y falta de acceso a la justicia

La CIDH recibió reportes en múltiples zonas del país sobre la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En particular, es alarmante la cantidad de procesos penales que permanecen estancados por años en el proceso de investigación, sin que se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte sentencia. A pesar de las numerosas quejas recibidas por la CNDH y por las comisiones estatales de derechos humanos sobre graves violaciones, e incluso la emisión de algunas recomendaciones al respecto, el número de procesos judiciales por graves violaciones concluidos con sentencias condenatorias es ínfimo. La falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad así como el estado de Derecho en el país. Un primer paso en este sentido debe ser esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado, para así romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas. El combate a la impunidad en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.

Las causas de la falta de acceso a la justicia en México son variadas. Por una parte, la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías municipales y agencias de procuración de justicia debilita significativamente el aparato de justicia. Por otra parte, la inexistencia en algunos estados de ciertos tipos penales, así como falencias en los existentes, dificulta la procuración de justicia en relación con hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, la falta de independencia y autonomía de las agencias forenses, tanto a nivel estatal como federal, es un desafío para el Estado en el marco de la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal. La CIDH recibió también reiterados petitorios de la ciudadanía para fortalecer y consolidar la independencia judicial en México de manera permanente. Como parte del combate a la impunidad, así como para asegurar la conclusión de procesos penales y conseguir sentencias firmes, es indispensable asegurar que las y los jueces de todos los niveles, así como las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean independientes de los poderes políticos del Estado, en particular durante su proceso de selección y nombramiento.

 

Recomendaciones

La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es causa y consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada “guerra sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. En este contexto, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:

  • Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles.
  • Tomar medidas para que en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, funcionarios federales y estatales se abstengan de prejuzgar en comunicaciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad antes de contar con los resultados de una investigación.
  • Adoptar medidas de protección específicas en los casos en que estén en riesgo las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores que participen en la investigación o búsqueda de justicia. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas personas.
  • Revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación.
  • Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.
  • Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.
  • Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.
  • Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional.
  • Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta.
  • Maximizar los esfuerzos en la búsqueda de fosas clandestinas en estados que han registrado altos niveles de violencia.
  • Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificacion de Restos en los casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así como la creación de una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal.
  • Fortalecer las instituciones forenses para que cuenten con registros de personas desaparecidas actualizadas, confiables que contengan toda la información necesaria para el proceso de identificación.
  • Elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar una política nacional para abordar el desplazamiento interno forzado conforme a los estándares internacionales en la materia.
  • Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas sean puestas a disposición inmediata de un juez sujeto a sanción en casos de incumplimiento.
  • Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. En este marco, garantizar la inmediata puesta a disposición del juez de las personas detenidas, a fin de restringir la detención sin orden judicial en los casos de presunta flagrancia y flagrancia equiparada.
  • Eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano.
  • Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan denuncias o indicios de tortura. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional en forma expedita y bajo riesgo de sanción.
  • Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la atracción de investigaciones por la federación.
  • Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia.
  • Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al mecanismo se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo.
  • En el caso Ayotzinapa, atender las recomendaciones del GIEI. La CIDH acompaña la solicitud del grupo sobre el cambio del equipo completo de investigación del caso, nombrar un fiscal especial, trasladar la investigación de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, seguir las líneas de investigación identificadas por el GIEI, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.

 

Sobre las reuniones sostenidas durante la visita in loco a México

Durante la visita in loco, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades estatales de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se acercaron a presentar información sobre la situación de derechos humanos en el país. La CIDH se reunió con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo; con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas; de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC) Israel González Delgado; el Presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth y los senadores Luis Sánchez Jiménez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica de la Peña, Fernando Yunez Márquez, Gabriela Cuevas Barrón, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Enrique Burgos García, Manuel Bartlett, Miguel Barrosa Huerta, Luis Humberto Fernández Fuentes, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Adriana Dávila Fernández; el Presidente de la Cámara de Diputados de la República, Jesús Zambrano; el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho; la Procuradora General de la República, Arely Gómez; el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Director General Adjunto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo; el Titular para la Implementación de la Reforma Constitucional del Consejo Federal de la Judicatura, Juan José Olvera López; el Titular de la Misión de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa; el Director General Adjunto de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, Erasmo Lara Cabrera; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Herrera; el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday González; la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Alejandra Negrete; el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Gobernador Eruviel Ávila; el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, el Gobernador Rubén Moreira; el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Arturo Escobar y Vega; el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Francisco García Ceballos; de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) nos reunimos con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, Juan Manuel Ponce Sánchez, de Durango Apolonio Betancourt Ruiz, de Guerrero Lambertina Galeana Marín, de Morelos Nadia Luz María Lara, de Oaxaca Alfredo Lagunas Rivera, de Puebla Roberto Flores Toledano, de Sinaloa José Antonio García y de Tlaxcala Elsa Cordero Martínez, además del Secretario Técnico, Alfredo Álvarez Cárdenas, el Presidente de la Octava Sala Penal, José Guadalupe Carmen, de la Séptima Sala Penal, Raúl Jaime Campos, de la Sexta Sala Penal, María de Jesús Medel Díaz, de la Quinta Sala Penal, Salvador Ávalos Sandoval, de la Segunda Sala Penal, Manuel Moreira Cavazos, de la Primera Sala Penal, Eduardo Alfonso Guerrero, Jorge Ponce Martínez y Sabino Huitrón; el Comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero; el Coordinador General de Centros Federales, Emanuel Castillo Ruíz; el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Raúl Salvador Ferráez Arreola; el Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón; la Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Sara Irene Herrerías Guerra; el Subprocurador Jurídico y de Asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón y el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva. Asimismo, se reunió con el General Beltrán Benítez y otros miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); el Almirante Vázquez y otros miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR); autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR); la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas; el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y su Titular, María de los Ángeles Fromow Rangel; el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES); la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (CONAVIM) y la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas (CEAV); además de reunirse con el Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, el Oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alán García Campos; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En las visitas a las entidades de la República, la CIDH se reunió con las siguientes autoridades: el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez y otras autoridades de la CDHDF. En el estado de Guerrero, con el Gobernador Salvador Rogelio Ortega Martínez; el Gobernador Electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y su equipo; el Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz y el Director General Adjunto de Enlace Institucional, Ricardo Sánchez. En el estado de Tabasco se reunió con el Gobernador Arturo Núñez; Secretario de Gobernación, César Raúl Ojeda Zubieta; el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Manuel Argáez de los Santos; el Secretario de Seguridad Pública, General Sergio Ricardo Martínez Ruiz; el Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas; el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta; el Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración de Tabasco, Eduardo Hernández Dighero; el Vicefiscal de los Derechos Humanos y atención integral a víctimas de la Fiscalía General del Estado, Juan Sibaja Contreras; la Subdirectora de Atención a Defensores de la Unidad para la defensa de los Derechos Humanos, Mariana Franco González y la Abogada de la Dirección de Casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guillermo Díaz Ordaz Rigada. En el estado de Veracruz, la CIDH se reunió con el Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa; el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; la Directora General del DIF, Astrid Elías Mansur; el Director Jurídico del DIF de Veracruz, Armando Ruiz Sánchez; la Secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y protección de periodistas, Namiko Matzumoto Benítez; la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Adelina Trujillo Landa; el Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos de la Oficina del Gobernador, José Ramón Cárdeno y el Director General de Ejecución de Medidas Sancionadoras del Estado, Juan Carlos Espino. En el estado de Nuevo León, la delegación de la CIDH se reunió con el Gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz; el Secretario General de Gobierno, Felipe González Alanís; el Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Jorge Domene; el Procurador de Justicia, Javier Enrique Flores y el Secretario de Seguridad Pública, Alfredo Flores Gómez. En el estado de Coahuila, la delegación de la CIDH se reunió con el Gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez; el Secretario de Gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez; el Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Presidente de la Comisión Estatal de Víctimas, Luis Efrén Ríos Vega; el Titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Blanco; el Subprocurador de Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales de la PGJE, Liberto Hernández Ortiz; el Subprocurador Ministerial de la PGJE, Norberto Ontiveros Leza; el Procurador de los niños, niñas y la familia, Yezka García Ramírez y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Comisión de Derechos Humanos y Diputada local, Georgina Cano Torralba.

Asimismo, la CIDH se reunió con las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM), Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C (ACUDDEH), Agenda LGBT, A.C, Agrupación de Derechos Humanos Xochitepetl A.C, Albergue Casa del Caminante Static, Alconsumidor A.C, Alianza Sierra Madre A.C., Altépetl, Nahuas de la Montaña, A.C, Amnistía Internacional, Arquidiócesis de Acapulco, Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM, Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C (AJAGI), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, Asylum Access México, AVANCE Por los Derechos de México, A.C., AVC Noticias, Buscando a nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, Veracruz, Casa del Caminante jTatic Samuel; Casa del Migrante Casa Nicolás, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Apoyo al Trabajador, Centro de Colaboración Cívica, A.C., Centro de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco Briseño”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de derechos Humanos de las Mujeres (CEDEM), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur Veracruz, “Bety Cariño”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Centro de Derechos Humanos y Alternativas Sociales Las Tepehuas, A.C, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Desarrollo y Atención Psicológica, A.C (CEDAPI), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A. C, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC), Centro Fray Julián Garcés, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C (CENCOS), Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C, Centro Penitenciario Varonil Saltillo, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Ciencia Forense Ciudadana, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Closet Sor Juana, A.C, Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, A.C. (CCTI), Colectivo Contra la Trata de Personas; Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C (CASEDE), Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Colectivo por la Paz Xalapa, Colectivo Red de Madres, Colectivo Sí a la Vida, Colectivo Ustedes, Somos Nosotros, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos (CMDPDH), Comité Cerezo México, Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A.C., Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Comité de Esclarecimiento de los Años, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité de familiares de Migrantes del Centro Honduras (COFAMICENH), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y fallecidos de El Salvador (COFAMIDE), Comité de Familiares Desaparecidos del Progreso Honduras (COFAMIPRO), Comité de Familias de Desaparecidos y Asesinados de Guerrero, Comité de viudas de la masacre del Charco, Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Comité para la Libertad Veracruz, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), Comunidad de Ostula, Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), Contingente MX, Coordinación Jurídica Retoño, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC PC), Defensoría y estrategias integrales para los derechos humanos y territoriales, Desarrollo Autogestionario A.C, Desplazados de Copala, Deudos y defensores Dignidad de nuestros desaparecidos, Diario de Xalapa, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Documenta, análisis y acción para la justicia social, AC, E-Consulta, El Barzón, El Solecito Veracruz, Elige Red de Jóvenes Por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C, Enlaces Nacionales, Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C, Equis Justicia para las Mujeres, Eslabones Morelos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDM), Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Familias Unidas por los Desaparecidos en Piedras Negras, Federación Mexicana Pro Derechos Humanos “POS ME AMPARO”A.C., Freedom House México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, A.C, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C (FJEDD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, Grupo Imagen Multimedia, Cambio Digital, H.I.J.O.S. México, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C, Imagen del Golfo Colectivo, Incidencia política Advocacy, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C), Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE, A.C), Instituto para las Mujeres y la Migración (IMUMI), International Detention Coalition (IDC), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C., Kalli Luz Marina, A.C, Kinal Antzetik, Guerrero, A.C, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes, La Jornada Veracruz, La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (LEDESER), La Silla Rota, La Unión Medellín, Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (Litiga OLE), Litigio Estratégico sobre Derechos Sexuales y Reproductivos relacionados con la población LGBTI en México, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Noticias de Veracruz, Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Oficina en México de la Fundación MacArthur, Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), Periodistas de a Pie, Plataforma de Vinculación con Periodistas, Proceso Semanario de Información y Análisis, Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Puebla Libre, Radio Huayacocotla, Red ciudadana de no violencia y dignidad humana, Red Cívica Ciudadana (RECIVE), Red de Radios Comunitarias de México, A.C./AMARC-México, Red Eslabones por los Derechos Humanos e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Red Nacional de Defensoras México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Red Solidaria Década contra la Impunidad, Red Unidos por los Derechos Humanos, SDP Noticias, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Servicios y Asesoría para la Paz A.C (SERAPAZ), Siempre Vivos, A.C, Sin Fronteras I.A.P, Sindicato Minero, A.C, Taller de Desarrollo Comunitario, Guerrero (TADECO), Unión de barres y familiares de desaparecidos en Sinaloa, Unión Empresarial del Comercio y los Servicios (UCEZ), Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), Universidad Iberoamericana; Universidad de Manchester Inglaterra, Universidad Veracruzana, Voces Mexicanas, Voces Unidas por la Vida, y las de El Fuerte, Voz Alterna, W Radio y Zacatecanos por la Paz. Asimismo, la CIDH se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares, quienes presentaron su testimonio.



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