Hija de matrimonio igualitario deberá ser registrada con apellido de sus dos madres
El juez federal que concedió el amparo en el estado de Nayarit, señaló que negar la solicitud de registro de la recién nacida atenta contra el interés superior de la menor y le vulnera el derecho a la identidad.
(Foto: Cuartoscuro)

Un juez federal concedió amparo a dos mujeres, unidas en matrimonio, a fin de que el Registro Civil del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, inscriba a la hija de una de ellas con los apellidos de ambas.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura, al resolver el juicio de amparo 122/2016, el juez subrayó que negar la solicitud de registro de la recién nacida, atenta contra el interés superior de la menor y le vulnera el derecho a la identidad; es decir, a tener nombre, nacionalidad y filiación.

El juez primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, concedió la protección de la justicia federal a las dos quejosas unidas en matrimonio.

Montoya Rodríguez argumentó que la actuación del director del Registro Civil del Estado de Nayarit interfiere con el derecho humano de protección a la familia, la cual en la actualidad está conformada por las quejosas y su hija.

De ese modo, el Registro civil restringió, sin justificación alguna, diversos derechos de la niña, como el de la seguridad social, la recepción de alimentos y los derechos sucesorios.

Tras del fallo del juez, la autoridad responsable deberá restituir las garantías individuales violadas, es decir, que deje insubsistente el oficio del 20 de enero de 2015 mediante el cual notificó a las quejosas que únicamente se reconoce ese derecho a la madre biológica, para el efecto de que sea ella quien registre a la niña.

 

A continuación, la tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura:

CASO: Juzgado federal ampara a dos mujeres unidas en matrimonio para que la hija recién nacida de una de ellas pueda llevar los apellidos de ambas

ASUNTO: El juez Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, informa que concedió la protección de la justicia federal a dos quejosas unidas en matrimonio para que el Registro Civil del Ayuntamiento de Tepic, proceda al registro de la hija recién nacida de una de ellas, a fin de que pueda ser registrada con los apellidos de ambas.

Al resolver el juicio de amparo 122/2016, el órgano jurisdiccional subraya que la autoridad responsable al negar la solicitud de registro de la recién nacida, atenta contra el interés superior de la menor y le vulnera el derecho a la identidad; es decir, a tener nombre, nacionalidad y filiación.

Añade que la actuación del Director del Registro Civil del Estado de Nayarit, interfiere en el derecho humano de protección a la familia, la cual en la actualidad está conformada por las quejosas y su hija, desfavoreciendo el desarrollo y fortalecimiento del núcleo familiar.

Al negar el establecimiento de la filiación entre las quejosas y la menor, la autoridad responsable restringe, sin justificación alguna, diversos derechos de la niña como son el de la seguridad social, la recepción de alimentos y los derechos sucesorios.

Por ello se concedió el amparo solicitado, a fin de que la autoridad responsable les restituya las garantías individuales violadas, es decir que deje insubsistente el oficio de 20 de enero de 2015, mediante el cual notificó a las quejosas, que únicamente se reconoce ese derecho a la madre biológica, para el efecto de que sea ella quien registre a la menor.

Que emita respuesta favorable a la solicitud de registro considerando el interés superior de la menor, excluyendo el lazo consanguíneo con la segunda, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales y de que no exista procedimiento judicial en contrario, en el que se reclame la paternidad de la menor por diversa persona.

Se precisa que los resolutivos no trastocan el derecho de la menor a indagar sobre su identidad biológica, si así lo estimara pertinente, pues este derecho permanece incólume independientemente del establecimiento de la filiación entre el menor y las quejosas.

El juez Montoya Rodríguez advierte que la recién nacida todavía no ha sido inscrita en el Registro Civil del Estado, razón por la que aún no posee un nombre legal, y que la autoridad responsable no tomó en cuenta que es hija biológica de una de las quejosas, la cual está casada civilmente con la otra solicitante y que el nacimiento de la infante se dio dentro del matrimonio conformado por ambas desde el mes de noviembre de 2015, circunstancias que permiten vislumbrar el establecimiento de una familia, y cierta estabilidad en su unión.

Al ponderar la situación familiar de la menor, precisa que la actuación de la autoridad responsable le niega a la menor el derecho de la identidad, impidiéndole poseer un nombre e impactando de manera indirecta su derecho a crecer en un ambiente familiar.

Enfatiza en su resolución que las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia en la medida en que también mantienen relaciones comprometidas y estables; de ahí que los derechos humanos involucrados, tanto el derecho de la menor a poseer un nombre y una nacionalidad, como a crecer en un ambiente de familia, son de indudable rango constitucional.

La sentencia explica que la autoridad responsable invocó en principio los numerales 55 y 59 del Código Civil para el Estado de Nayarit, como fundamento de su negativa para realizar la inscripción solicitada por las quejosas:

“Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, y a su falta, los abuelos paternos o maternos, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes.”

“Artículo 59.- Cuando al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta del matrimonio de sus padres, se asentarán a éstos como sus progenitores, salvo sentencia judicial en contrario.”

No obstante, el juzgador federal detalla que el Código Civil para el estado de Nayarit, en el Título Séptimo de la Paternidad y Filiación, específicamente en su capítulo segundo relativo a las pruebas de la filiación de los hijos nacidos de matrimonio, establece diversas disposiciones relacionadas con la investigación de paternidad; las formas de reconocerlas; la posibilidad de desconocer el reconocimiento, las relacionadas con la posibilidad de reconocer a los hijos, sin necesidad de demostrar el vínculo genético entre el que reconoce y el reconocido.

De lo expuesto, se advierte que para que operen las presunciones de maternidad y paternidad a que se refiere dicho capítulo, no se requiere la existencia de prueba idónea que demuestre el vínculo consanguíneo efectivamente entre padres e hijos, como lo condicionó la autoridad responsable.

Señala que el citado Código reconoce tanto la existencia de los lazos consanguíneos entre las personas como medio natural para establecer la filiación entre ellas, como también la posibilidad de establecer la filiación aun cuando no exista ese lazo consanguíneo, o no se demuestre fehacientemente antes de originar el vínculo filial; como ocurre por ejemplo, en los casos de adopción donde no existe un vínculo consanguíneo entre el adoptado y el o los adoptantes, o en los casos de presunción de paternidad o de reconocimiento unilateral, en donde no obstante que no existe dato de prueba fehaciente que demuestre ese lazo consanguíneo, se establece la filiación. Esto es, se alude tanto a la filiación consanguínea como a la jurídica.
En este contexto, puntualiza la resolución, puede aseverarse que aun cuando no pudiera derivarse una filiación consanguínea entre las solicitantes y la menor, ello no produce la imposibilidad a que se refirió la autoridad responsable para no realizar su registro como hija de las peticionarias del amparo, pues ésta no deriva en todos los casos a partir del vínculo genético entre padres e hijos, sino que solo es una de las formas en que puede generarse la filiación.

En el caso a estudio, se está ante una situación en la que se pretende la inscripción de una menor de edad como hija de las quejosas, de las cuales una es la madre biológica y la otra persona es con la que se encuentra unida en matrimonio.

Por ello, se estima que el derecho a la identidad del menor a conocer su origen biológico, en el caso concreto, no necesariamente debe prevalecer frente a la estabilidad del matrimonio o la familia, sino que deben ponderarse las circunstancias fácticas que rodean el presente asunto, a fin de estar en aptitud de resolver lo que más favorezca a la menor.

Los efectos del establecimiento de una relación jurídica de filiación no se agotan en el conocimiento de los propios orígenes, pues ello implica la adquisición de un cúmulo de derechos por parte del hijo, y la obligación por parte de los padres.

La autoridad jurisdiccional concluyó que la negativa del Director del Registro Civil del Estado, de realizar el registro de la menor como hija de las peticionarias del amparo, no es idónea para el fin que se pretende, pues el establecimiento de la filiación jurídica en los términos solicitados no trastoca de algún modo ese derecho, ya que esta filiación no deriva necesariamente de la demostración de la identidad biológica o consanguínea, en tanto que se trata de supuestos diferentes, pues la filiación jurídica no produce la demostración de que las personas que aparecen como sus padres sean genéticamente sus progenitores y tampoco afecta o limita de modo alguno el derecho de la menor para indagar sobre su origen genético, en tanto que prevalece el derecho de ésta para investigar sobre su identidad biológica en cualquier momento, inclusive quien considere ser el padre biológico, no queda privado del derecho para en su caso impugnar la filiación con la infante.

La sentencia se fundamenta en la normatividad nacional e internacional que protege el interés superior del niño, así como la jurisprudencia emitida por el alto tribunal en la materia, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho humano al nombre como elemento determinante de la identidad y la protección de la familia como derecho humano.

El juez Rogelio Alberto Montoya Rodríguez puntualizó que el interés superior del menor es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4° constitucional.

Refirió que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe tenerse en cuenta de forma primordial el interés superior del niño.

Consecuentemente, al decidir cualquier cuestión familiar en la que se estén involucrados menores, ya sea de modo directo o indirecto, debe valorarse siempre el beneficio del menor como interés preponderante.

En el ámbito jurídico interno, el principio de interés superior del niño implica que todas las autoridades mexicanas están obligadas a proporcionar un resguardo especial dependiendo de su condición. Es por eso que al juzgador se le exige que cuando dirima controversias jurisdiccionales que, directa o indirectamente, afecten situaciones de infantes tome todas las medidas necesarias que le permitan priorizar y proteger sus derechos e intereses para asegurar su efectividad, potencializando así el paradigma de protección integral.

Montoya Rodríguez señala que no debe perderse de vista que en últimas fechas se han emitido iniciativas de reforma tanto a la Constitución como a las legislaciones federales y estatales, para garantizar el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales, así como para el caso de la adopción, además de que el derecho a formar una familia le corresponde a todas las personas sin importar su orientación sexual; de ahí que la protección constitucional no debe limitarse a un tipo particular o tradicional de familia, que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación de la especie, pues como lo ha sostenido en diversos criterios la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de proteger a la familia como realidad social, incluyendo en ella, a todas las formas y manifestaciones que existen como las homoparentales integradas por personas del mismo sexo con posibilidades de tener hijos e hijas o bien el de no tenerlos

ANTECEDENTES:
El 20 de enero de 2016, el Director del Registro Civil de Tepic, Nayarit notificó a las quejosas su negativa para registrar a la menor asignándole los apellidos paternos como madre biológica y madre afín, respectivamente, como lo habían solicitado, y argumentaba que solo procedía el registro con los apellidos de su madre biológica.

Derivado de esa respuesta, las quejosas promovieron el juicio de amparo en el que argumentan violaciones a sus derechos consagrados en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución.

Puntualizan que la autoridad responsable se encuentra impedida para inferir “por lógica y naturaleza biológica” de quien es hija o de quien no es hija la recién nacida, ya que esa atribución le compete a una autoridad judicial; que existió discriminación en su contra por razones de género, ya que no tomó en cuenta que presentaron el acta de matrimonio y por el contrario, argumentó que no fue entregado el documento que acredite algún procedimiento de inseminación artificial, situación que trastoca su privacidad familiar.

Que tal proceder de la autoridad violenta el interés superior de la menor al libre desarrollo de su personalidad, al afirmar que para el efecto de no violentar su derecho de identidad, así como para no realizar un acto de discriminación de manera directa o indirecta, le reconoce ese derecho únicamente a su madre biológica, lo que resulta un acto discriminatorio y desigual afectando el libre desarrollo de la personalidad al tratarse de un matrimonio entre mujeres.

 



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