“Derechos de Pueblos Originarios en la Constitución”, artículo de Julio Moguel
"La propuesta de que los autodenominados Pueblos Originarios sean rebautizados simplemente como “Pueblos Urbanos” es un error de consecuencias...".
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Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro

Por Julio Moguel

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El reconocimiento de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México como sujetos de derecho público debería ser materia de obvia resolución por parte de la Asamblea Constituyente. Así sólo sea para honrar la letra de la Carta Magna federal, texto en cuyo artículo 2 se abren las vías de concepto necesarias para que las reformas relativas promulgadas por los legislativos locales –de las entidades federativas– se impriman y ejerzan en consecuencia.

Se ha dicho, en contra de la obviedad referida, que los derechos marcados por el artículo 2 constitucional remiten al beneficio exclusivo de “pueblos y comunidades indígenas de México” y no al de los “Pueblos y Barrios Originarios”. Entendiendo en esta línea que se trata de conceptos distintos pues los primeros siempre son originarios pero los segundos no siempre son indígenas. Habría en consecuencia, según este razonamiento, una seria dificultad para integrar el mencionado reconocimiento en la Constitución de la Ciudad de México, pues no tendría “techo” en la Carta Magna federal. Pero quien esto aduce acaso no se ha percatado que el último párrafo del artículo 2 de la Constitución del país literalmente dice: “Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”.

¿“Comunidad equiparable”? Ciertamente: los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas del país. Así es que no falta el “techo” constitucional que se requiere para que los mencionados Pueblos y Barrios Originarios exijan su derecho a ser identificados y reconocidos como tales en el texto constitucional que se redacte para nuestra ciudad capital.
Más aún: en el propio artículo 2 de la Constitución federal se dice que “las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad […]” Lo que da base a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para que sin limitación alguna avance en reconocer la rica pluriculturalidad sembrada desde hace siglos en sus escenarios urbanos.

2

La insistencia de organismos públicos como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en marcar la pauta del reconocimiento de derechos a pueblos y comunidades indígenas de México por el criterio de “la lengua” no sólo es restrictiva: es racista. Y es por lo demás injustificada, pues ya hace tiempo –desde el Censo de Población y Vivienda de 2000– que se emplea, como criterio alternativo y de mayor peso, el expediente de la “autoadscripción”. Tal valor de autoidentificación también se encuentra de alguna manera señalado en el artículo 2 de la Constitución del país, cuando se dice que “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Es este básico criterio de autoidentificación el que ofrece los mejores argumentos para que los Pueblos y Barrios Originarios de la capital del país puedan ser reconocidos constitucionalmente en lo que se refiere a sus derechos: pues el autodefinirse en su calidad de “originarios” mantiene el sentido básico de su etnicidad (vínculo indisociable con su pasado prehispánico), sin que en ello emerjan confusiones relativas a su ser indígena “por sangre” (por el color de la piel) o “por manejo de la lengua” (criterios que desde hace ya mucho tiempo han sido superados).

Saltemos de paso el escollo con el que se pretende atajar el criterio de la autoadscripción cuando se señala que el criterio de “la lengua” es “más objetivo”: se trata de un autoreconocimiento colectivo y no de tipo individual, convalidando en la autoafirmación la pertenencia a una determinada “comunidad”. La caricaturización de este formato de validación ha sido dada por la frase de que “entonces cualquiera puede autoidentificarse como indígena”. Nada que ver con lo antes dicho.

3

La propuesta de algunos antropólogos y sociólogos dirigida a que los autodenominados Pueblos Originarios sean rebautizados simplemente como “Pueblos Urbanos” es un error de consecuencias. Porque quitar a éstos, en su propia identificación, el sentido-ancla de su etnicidad –implícito en el término de “originarios”–, diluye o difumina lo que en términos de reconocimiento de derechos constituye lo esencial.

Es posible que el error aquí referido haya sido involuntario y sin pensar en el sentido negativo de sus consecuencias. Pero preocuparía sobremanera que se insistiera en ese rebautismo pues con ello se niega nuestro ser pluricultural establecido en las primeras líneas del artículo 2 de la Constitución federal (“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”). En el entendido de que nuestra naturaleza de país pluricultural va más allá de sus simples connotaciones “culturalistas”. Subrayo: la pluriculturalidad nacional tiene que implicar el reconocimiento de que en México existe un “pluralismo jurídico”, y que es éste el que en definitiva se requiere convalidar.

El pluralismo jurídico al que me refiero se finca justamente en el hecho de que en lo indígena-originario hay algo más que simples “usos y costumbres”: sistemas normativos internos, en la terminología aprobada en los Acuerdos de San Andrés (16 de febrero de 1996). (“sistemas normativos”, en los términos aplicados en el artículo 2 constitucional).

La huella de la etnicidad correspondiente muestra o establece otros muchos ángulos de pertenencia que en este breve espacio no es posible mencionar. Pero tiene otro valor indeclinable que conviene subrayar: resulta ser veneno puro contra el ralo concepto de la “ciudadanización”, confrontando fórmulas retóricas y sin grandes contenidos sustantivos como los correspondientes a la tal manoseada idea de “construcción de ciudadanía”.

Es dentro de este democratismo civilista o simplemente ciudadano en el que cabría ubicar conceptos blanqueadores tales como el de “Pueblos Urbanos”, pues en ese específico universo cabría perfectamente el juego progresivo de la ciudadanización. Pero la propuesta de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México –la propuesta de los pueblos y comunidades indígenas de México– va mucho más allá. Sobre ello tendremos oportunidad de escribir en algún otro momento.



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