La tortura se practica extensamente en México: relator de la ONU en CNN
“El Estado tiene la obligación de investigar, procesar y castigar todas las ocasiones de tortura", afirmó Juan Méndez, quien estuvo en el país y realizará un informe que incluirá recomendaciones específicas.
CNN

En México debe acabarse con la tortura, ya que en este momento es “generalizada” y cometida por las instituciones de justicia, refirió Juan Méndez, relator de la Organización de las Naciones Unidas, quien hizo una visita de 12 días a México.

Hay que destacar que en el informe preliminar “destacan algunas medidas que se han tomado y se están tomando para dar un corte a la tortura, lamentablemente la tortura se practica bastante extensamente en México, no diría intensamente. Pero los métodos que se aplican son sumamente graves”, afirmó en entrevista para Aristegui CNN.

También refirió que la visita realizada a nuestro país es “parte de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, para formular una apreciación y darle recomendaciones al Estado, para decir con toda franqueza cómo está la situación”.

Generalizada es la palabra que yo usé, es fuerte. Encontramos casos de tortura en todo el territorio, por parte de todas las instituciones de seguridad, desde la Marina y el Ejército, hasta Policía Federal y policías municipales”, dijo el relator, quien agregó que “al decir que es una práctica generalizada, quiero decir que no es ordenada desde ningún poder, no es una práctica sistematizada, ni masiva”.

Méndez señaló que “no es una práctica cultural, porque no hay ninguna razón para que México no pueda acabar con la tortura, a mediano plazo”.

Aunque aclaró que “se entiende cultural, en el sentido de una cultura institucional, ahí sí se puede hablar de culturas institucionales, en el sentido en que se ha normalizado una práctica que no debería ser normal, pero que es la manera de investigar el delito, es la manera de solucionar el crimen”.

Indicó que sobre todo “se tortura a personas vinculadas con delitos que, tanto los estados como el gobierno federal denominan graves”.

“El Estado tiene la obligación de investigar, procesar y castigar todas las ocasiones de tortura, aún las producidas en gobiernos anteriores, mientras no se produzca ese cumplimiento, el reclamo internacional y el de México va a seguir”, enfatizó Méndez.

El relator contó que antes de venir “nos preparamos bastante, consultamos organismos de la sociedad civil, conseguir casos, identificar testigos que podamos localizar… que el gobierno nos permita entrar y ver con toda libertad. Y poder entrevistar en privado y sin testigos a quienes nosotros elijamos”.

Las personas entrevistadas “me dieron una versión muy repetida sobre los métodos de tortura, la duración de la tortura y el momento de la tortura” por lo que “es muy importante generar medidas que tiendan a fortalecer las garantías contra la tortura”, explicó.

En qué consiste la tortura

“Lo típico es que las personas son detenidas sin orden de detención, ni de cateo, con mucha violencia. Se usa el criterio de la flagrancia pero mal entendido. En ese contexto se les empieza a golpear, en vehículos también se les va golpeando… regularmente en un lapso de 6 horas, 24 máximo y entonces sí, se les pone a disposición del Ministerio Público. En algunos casos son sacados de los separos y torturados nuevamente, la mayoría no son nuevamente torturados en la procuraduría. Pero no se investiga su detención, ni se les permite denunciar por tortura”, expuso.

En los días en los que se decide su futuro jurídico, “la exposición a ser torturados es muy grande, hay una gran vulnerabilidad, la mayor parte de esta gente son de escasos recursos, no están en condiciones de contratar un abogado, y los defensores públicos no cumplen su deber como deben” ya que “no hay una entrevista privada, no hay consejos sobre cómo declarar, por eso uno de los factores que posibilita este tratamiento es la ineficiencia total de la defensoría pública”, acotó Méndez.

El relator indicó que en su informe “empiezo por reconocer que México vive una situación de seguridad pública muy seria, se están produciendo cambios normativos e institucionales que aunque van en el sentido correcto, no son todavía suficientes, pero es elogiable. La situación ha empezado a ser conjurada, no está resuelta, pero parece haber decrecido, el número de quejas ha decrecido. Es difícil definir el factor que explica esto”.

Aclaró que “lamentablemente no tengo mandato para ocuparme de violaciones por parte de agentes no estatales, organizados para el crimen, eso no quiere decir que soy indiferente, todo lo contrario. Especialmente, por ejemplo, con la situación de los migrantes que están muy vulnerables a las atrocidades que cometen los grupos del crimen organizado”.

“El Estado no sólo tiene el derecho, sino la obligación de contrarrestar ese clima de violencia”, enfatizó.

La supresión de la tortura no puede hacerse por pasos, afirmó Méndez, porque  “tiene que ser una solución integral, voy a proponer una serie de medidas, que van a ser una especie de batería, todas se tienen que implementar lo antes posible. No me parece que se pueda decir esto hay que hacerlo hoy y lo otro puedo esperar”.

El relator apuntó posibles soluciones, como el reforzamiento de la defensoría pública y la independencia de la defensoría pública; la implementación del sistema acusatorio con tal que se haga con todas las garantías del debido proceso; la implementación de la Ley de víctimas, que incluye las víctimas de la tortura; así como la supresión del arraigo, porque el arraigo asimismo equivale a tortura y crea las condiciones en que la tortura es más posible.



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