Trump y Hillary lo rechazan, gobierno de México busca la ratificación del TPP : Pérez de Acha
"No debemos aceptar esta imposición de condiciones económicas y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes. Los senadores tienen que recapacitar. Y pronto," sostiene Gisela Pérez de Hacha.
TPPNUEVA

Por Gisela Pérez de Acha

Un nuevo tratado de libre comercio se discute en el Senado: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Estados Unidos lo impulsó, y fue negociado en secreto con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.

A pesar de que Claudia Ruiz-Massieu e Idelfonso Guajardo aseguran que el TPP va a beneficiar a México, los datos y el contenido del tratado nos dicen otra cosa. La realidad es que pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad en internet. En el fondo, se trata de un acuerdo que se disfraza como un tema “comercial” pero privilegia los intereses de compañías multinacionales, dándoles poder por encima de los gobiernos mismos.

México ya firmó el tratado el pasado 4 de febrero en Nueva Zelanda, y ahora está pendiente de ratificar en el Senado. Sin embargo, los legisladores no puedan cambiar una coma del texto negociado: la respuesta será “sí” o “no”, sin condiciones. Con las elecciones de Estados Unidos en el horizonte, la ratificación del tratado se complica. Los próximos meses son cruciales para definir el destino del TPP, y con éste, nuestras libertades.

¿Por qué el TPP es tan peligroso?

Para empezar, la ganancia económica si ratificamos el acuerdo, es mínima. El propio Banco Mundial pronosticó que con la implementación del tratado, el crecimiento para países que forman parte del TLCAN, como México, sería de apenas un 0.6%.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP fortalece a las empresas multinacionales por encima de nuestros intereses como país. El problema empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto), las compañías extranjeras pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7).

Cualquier disputa de este estilo se resolvería en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

TPP1

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el zika. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca y tienen que esperar ocho años para curarse: es literal, un tema de vida o muerte.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el TPP obliga a México a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tpp2

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Esto implica que los autores y creadores de música, libros o películas puedan tener la exclusividad sobre sus creaciones no solo mientras vivan, sino que ese beneficio se extienda a sus herederos, hijos y nietos. A la larga, solo las élites podrán pagar por contenido cultural que debería estar al alcance de todos. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Youtube y Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “viole” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. Si no lo hacen, son también responsables de la “violación”. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Por ejemplo, en México, Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar sus metidas de pata al decir que “León es un Estado”. Casos como este podrían replicarse con el TPP.

DMCA

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

El momento político

Para que el acuerdo entre en vigor, hay dos opciones. Primero, que los doce miembros completen el proceso de ratificación al interior de sus países. Entonces el TPP entraría en vigor dos meses después de que todos los hayan hecho. Sin embargo, la oposición al tratado alrededor del mundo ha sido fuerte, por lo que esta primera ruta no es tan viable.

Si algún país se queda fuera, la segunda opción es que el TPP entre en vigor si al menos seis países lo ratifican, siempre y cuando representen el 85% del PIB total entre los doce miembros. Como Estados Unidos y Japón representan el 80%, el tratado básicamente depende de ellos. Es una movida política.

Por eso el proceso electoral en Estados Unidos es tan importante. Y aquí, el TPP ha salido muy raspado. El senador Bernie Sanders –ex candidato a la presidencia por el Partido Demócrata– calificó al tratado como “desastroso” diciendo que afectaría a la clase media, e implicaría cientos de pérdidas de trabajos. El propio Donald Trump dijo que China, Japón y México estaban “matando” el comercio de Estados Unidos gracias a los malos deals que negociadores “estúpidos” habían hecho. Ya al final hasta Hillary Clinton, quien había promovido el acuerdo cuando fue Secretaria de Estado, se unió al coro diciendo que había que “aniquilar el TPP”.

En cambio en nuestro país, el Secretario de Economía tiene prisa por aprobar el TPP. El Instituto de Estrategia Económica de Washington ha estimado que se podrían perder hasta 30,000 empleos, pero parece no importar. A la par, las presiones políticas al Senado aumentan mientras el Consejo Coordinador Empresarial exige acelerar la ratificación del tratado.

Pero que quede claro: el TPP no debe aprobarse. No tiene ningún sentido ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos. Sin la consulta ni participación de ciudadanos o sociedad civil, el proceso además es antidemocrático. Solo gobiernos y lobistas participaron en el proceso de negociación que culminó en el texto final.

No debemos aceptar esta imposición de condiciones económicas y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes. Los senadores tienen que recapacitar. Y pronto.



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