El “Tilo”, un testigo crucial del caso Ayotzinapa que estuvo prófugo por más de 15 meses
Con su detención la PGR tendrá la oportunidad de reforzar sus conclusiones o de hacer caso a las recomendaciones del GIEI.
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(Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO)

 

La cabeza de Víctor Hugo Benítez Palacios, el  “Tilo”, tenía precio desde el 23 de marzo del 2016, fecha en la que la Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que llevara a su localización y captura.

Considerado testigo clave en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos  desde los días 26 y 27 de septiembre del 2014, el presunto operador del grupo criminal “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, Guerrero, fue imputado por el secuestro y la desaparición forzada de los estudiantes desde el 26 de octubre del 2014.

Días después, un juez federal emitió la primera orden de detención en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, entre otros. Pero a pesar de la importancia que tuvo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, su ficha en el sitio de los más buscados por la PGR se incluyó 15 meses después de que se librara la orden de aprehensión en su contra.

No importó que su testimonio sea la piedra angular de lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denomina la quinta versión en la narrativa de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, una versión corregida y acotada de la llamada “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam.

Sí, en lugar de 43 cuerpos quemados en el Basurero de Cocula como sostenía la primera conclusión de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la indagatoria de la PGR apunta ahora que sólo un grupo de estudiantes fue asesinado e incinerado en ese lugar. Otro grupo de 17 normalistas, habría sido trasladado y desaparecido en una ubicación hasta ahora desconocida, según la nueva versión oficial.

Además, Víctor Hugo Benítez Palacios o Víctor Hugo Palacios Benítez es parte de la narrativa que se utilizó para tratar de criminalizar a los 43 jóvenes desaparecidos  a través de filtraciones periodísticas en las que se advertía que los jóvenes provenientes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” habían llegado a Iguala, Guerrero, infiltrados por el grupo criminal “Los Rojos”, antagonista de “Guerreros Unidos”.

Detenido el pasado 30 de junio en Cuernavaca, Morelos, el “Tilo” es considerado por la PGR como líder de “Los Peques” o “Los Tilos”, un brazo armado del grupo delictivo “Guerreros Unidos” que operaba en Iguala y Cocula. Su cuartel general era un autolavado denominado “Los Peques” y la mayoría de sus integrantes eran hermanos y primos de Víctor Hugo Benítez Palacios. Hoy su ficha en el sitio web www.recompensas.gob.mx aparece con la leyenda detenido.

Por estar imputado en un caso de delincuencia organizada, el juez federal que deberá tomar su declaración preparatoria, cuenta con un plazo máximo de 192 horas para definir su situación jurídica.

La quinta versión de la PGR, una advertencia del GIEI

Antes de que fueran obligados a retirarse del país, los expertos del GIEI lanzaron la advertencia de que la PGR comenzaba a construir una quinta versión sobre lo ocurrido en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014, con un saldo de 43 estudiantes desaparecidos y seis personas asesinadas, entre ellas, tres estudiantes más.

Los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que la quinta versión de la PGR se comenzó a construir un día después de que ellos dieran a conocer el peritaje de José Torero en el cual se concluye que en el basurero de Cocula no existió un evento de fuego controlado para poder incinerar los cuerpos de 43 personas en el basurero de Cocula, misma tesis a la que arribaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) meses después.

A pesar de que el ex procurador Jesús Murillo Karam continúa defendiendo su investigación, realizada de la mano con el titular de Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; los encargados actuales de la PGR matizaron la versión de que se encendió una megapira en el basurero de Cocula para desaparecer los restos de los 43 normalistas en unas cuantas horas de la noche.

La narrativa de esta nueva versión reconoce que si bien es cierto que no existen pruebas sobre el traslado, asesinato e incineración de los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula, hay suficientes testimonios en el sentido de que un grupo de normalistas sí fue privado de su libertad y trasladado a un lugar distinto de Cocula, ubicación que hasta el momento no ha sido detectada por las autoridades.

“El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente de la presentación del Informe Ayotzinapa, Tomas Zerón de Lucio afirmó ‘nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes”, señala el Segundo Informe del GIEI.

Tras recordar las palabras de Zerón, los expertos internacionales agregan: “Esta afirmación se contradice con lo que había sostenido en enero de ese año cuando informó públicamente de la detención de Felipe Rodríguez Salgado, alias Cepillo o Terco, y afirmó que esta persona habría sido jefe de sicarios de la organización criminal y habría participado “en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas (…)”.

Para construir la versión acotada de la “verdad histórica”, el GIEI advierte que existen declaraciones contradictorias de los principales testimonios utilizados por la PGR para dar el viraje. Incluso, destaca que en el caso de Gildardo López Astudillo, considerado por la indagatoria como jefe de plaza de “Guerreros Unidos” en Iguala, hay declaraciones totalmente opuestas luego de su detención el 17 de septiembre del 2015.

Conocido como “El Cabo “Gil”, esta persona rindió su primera declaración a las 06:30 horas en presencia de un funcionario del GIEI y de un abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. En ese momento, negó cualquier tipo de participación o pertenencia a “Guerreros Unidos”.

Sin embargo, en una segunda declaración ministerial, a la que ya no se invitó a los abogados de las víctimas ni tampoco a los expertos del GIEI, rendida a las 21:30 horas de ese mismo día, supuestamente reconoció que sí era parte de ese grupo criminal y negó que él hubiera dado la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes, inculpando a un tercero y reiterando la versión de que los normalistas venían armados.

Posteriormente, ante un juez federal se retracta de su segunda declaración y alega tortura, por lo que el GIEI ha solicitado que se le aplique el Protocolo de Estambul, señalando que el imputado si presentaba algunas lesiones y que no tiene elementos para dar por veraz o falso el argumento de la tortura que esgrime “El Cabo Gil”.

“Frente a un detenido que tiene una declaración que cambia completamente la versión inicial de los hechos, no se realiza ninguna exploración de dichos hechos, o al menos no se consigna en dicha declaración”, lamentan los expertos de la CIDH.

Dar más valor a testimonios contradictorios, incluso de los propios imputados, para construir una narrativa de los hechos acorde con la oficial, primero la “verdad histórica” y ahora la quinta  versión, es un problema constante en la investigación de la PGR, por lo que la credibilidad de la misma está en duda.

“Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo estas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio”, recalca el GIEI en su informe final del caso Ayotzinapa.

Con la detención de Víctor Hugo Benítez Palacios, “El Tilo”, la PGR tendrá la oportunidad de reforzar sus conclusiones  o de hacer caso a las recomendaciones del GIEI, mismo que antes de retirarse le solicitó a esa dependencia agotar todas las líneas de investigación que existen sobre el caso Iguala, sin privilegiar los sesgos que más se acomodan a la narrativa oficial.



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