Fallo de la Corte argentina abre la puerta a impunidad de cómplices de la dictadura
El máximo tribunal argentino decidió aplicar una ley conocida como "2x1" que reduce los días en prisión de un condenado por crímenes cometidos en la dictadura.
(Foto: Twitter/ @abuelasdifusion)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina decidió reducir la pena de cárcel a Luis Muiña, condenado por ser cómplice de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

La decisión lo dejaría en libertad y lo mismo podría pasar con otros condenados por crímenes similares.

El fallo consistió en volver a considerar aplicable la ley 24.390, conocida popularmente como 2×1, que reduce el cómputo de los días en prisión al contar al doble cada uno de los días que el condenado hubiera pasado en prisión preventiva. La ley “2×1” estuvo vigente entre 1994 y 2001 y se encuentra actualmente derogada.

Luis Muiña fue detenido en 2007 y condenado en 2011 por ser coautor del delito de “privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones”, cometido contra trabajadores del Hotel Posadas, algunos de los cuales continúan desaparecidos.

En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 realizó el cómputo de los días que debía permanecer en prisión, tomando en cuenta la ley “2×1” y determinó que el condenado saliera de prisión hasta el 11 de noviembre de 2016; la Corte Suprema de Justicia confirmó ese fallo el miércoles 3 de mayo.

Organismos de derechos humanos repudian el fallo

Las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos repudiaron la decisión de la Corte Suprema, pues “abre la puerta a la impunidad de los genocidas“, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Con respecto a la ley “2×1”, dijeron que “hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos”.

“La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír”.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo alertaron que el fallo “abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema”.

Éste es el documento del fallo de la corte:

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