Cancelan audiencia de fiscal por queja contra jueces de caso Cuitzeo
Ignacio Mendoza, defensor de los acusados, afirma que Sosa debió cancelar la audiencia al ser notificado de la queja en su contra.
Foto: Especial

Por: Laura Castellanos/ @lcastellanosmx

La queja interpuesta contra el juez Alejandro Sosa Maya, ante el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, por parte de los cinco acusados de la matanza de Cuitzeo, dio por cancelada la audiencia del lunes 3 de abril, pese a la presencia del Fiscal Especial de Atención para Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán, Alfredo Becerril Almazán.

En dicha audiencia la defensa de Juan Carlos Arreygue, ex edil del municipio de Álvaro Obregón, buscaba acreditar la nulidad del cateo realizado por Becerril a su rancho Santa Fe, el 26 de agosto de 2016, por no haber sido autorizado para hacerla por parte del juez Noé Reyes Millán, como lo informó Aristegui Noticias.

Sin embargo, la defensa de Arreygue y de los cuatro ex policías municipales acusados, de idéntica manera había introducido quejas contra tres jueces de primera instancia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la región de Morelia, entre ellos Sosa y Reyes, por considerar que omitían y validaban actos ilegales cometidos por la fiscalía de Becerril durante el debido proceso.

Ignacio Mendoza, defensor de los acusados, en entrevista telefónica, afirma que Sosa debió cancelar la audiencia al ser notificado de la queja en su contra por “haber conflicto de interés porque la ley es clara: el impartidor de justicia debe de ser imparcial”.

La fiscalía acusa a Arreygue y a Víctor Hugo González Espinosa, Humberto Sosa Ávalos, J. Sacramento Nava Alvarado, e Isaid Reynaldo Rosales Medrano, de haber ejecutado a 10 hombres que aparecieron calcinados el 30 de julio de 2016 en una zona rural del municipio de Cuitzeo, a una hora de la ciudad de Morelia, como parte de la Causa penal 381/2016.

En contraparte, los cinco imputados, afirman que Becerril está encubriendo a un subalterno, el policía ministerial Marco Antonio Flores.

Entre los actos ilegales que según el abogado defensor Ignacio Mendoza, ha cometido la fiscalía, están el cateo al rancho del 26 de agosto, en el que presuntamente se encontraron dos cargadores de calibre 10 milímetros, y otro más hecho el mismo día a una camioneta Chevrolet propiedad de la familia Arreygue en el que supuestamente se encontraron 2 balas de igual calibre.

En el documento de queja contra el juez Sosa, dirigido a Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Consejo del Poder Judicial del estado, con fecha del 27 de marzo, la defensa argumenta que al primero le solicitaron nulificar el cateo a la camioneta porque el Ministerio Público cometió violaciones “a las formalidades del cateo” y del derecho humano a la “legalidad, seguridad jurídica, audiencia, fundamentación y motivación”.

Sin embargo, dice el documento, en posesión de la reportera: “Alejandro Sosa Maya declaró improcedente la solicitud alegando falta de información por parte de la defensa”.
Según la carpeta de investigación, uno de los 10 cadáveres presentó rastros balísticos de calibre 10 milímetros. De dos se ignora el calibre, y de los siete restantes la causa de la muerte que refieren los exámenes forenses es “indeterminada”.

Mendoza dice que esos dos cargadores y las dos balas son las únicas evidencias materiales contra Arreygue.

Detalla que la queja contra el juez Sosa motivó que la audiencia en la que comparecerá Becerril no tenga programación definida: “Hasta que un superior del juez decida si él está en condiciones de seguir actuando en el asunto”.

El defensor dijo que también fue suspendida por tiempo indefinido la Audiencia Intermedia, de descargo de pruebas, programada para el 5 de abril.

El otro juez contra el que interpusieron queja es el juez Juan Salvador Alonso Mejía, precisa Mendoza. Agrega que los jueces podrían hacerse acreedores de una suspensión o una inhabilitación.

La reportera solicitó una entrevista con el juez Sosa Maya al área de Comunicación Social del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

También contactó a la oficina de Comunicación Social de la PGJ para solicitar una entrevista con Becerril, sin embargo la respuesta vía mail recibida fue que prefieren “esperar a que se desarrolle el debido proceso”.

Becerril ya había sido citado a comparecer en audiencia en dos ocasiones previas pero no había asistido.

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