En asesinato de Moisés Sánchez, un año de impunidad: Artículo 19
La ausencia de instituciones que garanticen efectivamente los derechos humanos, así como la impunidad que de ello deriva, son un aliciente para que casos como el de Moisés Sánchez Cerezo se repitan, indica la organización no gubernamental.
moises sanchez
(Foto: .articulo19.org)

Moisés Sánchez Cerezo, quien ejercía el periodismo en Veracruz, fue ‘levantado’ por al menos seis sujetos armados de su domicilio en la localidad de El Tejar, municipio de Medellín de Bravo. Horas después – según el dicho del único presunto autor material sujeto a proceso- sería asesinado bajo circunstancias que apuntan a una venganza por su periodismo de denuncia como causa del crimen.

Hasta la fecha no han sido garantizadas verdad, justicia y reparación para su familia, tras más de un año del suceso, el dos de enero de 2014, estableció la organización Artículo 19, que este lunes hace un recuento de lo acontecido y señala que “tanto autoridades estatales como federales han intervenido sin que a la fecha se hayan esclarecido los hechos y mucho menos procesado a todos los responsables”.

“El luto permanece en nuestra familia después presenciar el horror de que un comando armado se lleve a la pareja de toda tu vida… ser testigo del secuestro de tu abuelito… desgarrar la garganta exigiendo que regresen con vida a tu hermano… imaginar el calvario de contemplar la más bestial tortura hacia tu hijo… frente al cuerpo extinto de tu padre, contemplar despedazada toda esperanza…”, dijo Jorge Sánchez, hijo de Moisés.

Desde los primeros días, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa trató de desacreditar el ejercicio periodístico de Moisés como móvil del crimen. “Era un taxista” señaló el mandatario, perdiendo de vista que su labor informativa era complementada con otras actividades económicas, recuerda la organización no gubernamental.

Ante la indignación social, el entonces Procurador, hoy titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), dio golpes de efecto mediático que a la postre resultarían nocivos en el proceso de búsqueda de justicia y verdad.

Bajo esta lógica, tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del Ayuntamiento de Medellín; arraigó a 13 de los policías municipales de Medellín; presentó públicamente a Clemente Noé Rodríguez Martínez como homicida confeso una vez que fue encontrado el cuerpo de Moisés y señaló públicamente al alcalde Omar Cruz Reyes –derivado de la propia confesión de Noé. Posteriormente, con total falta de sigilo, anunció que ejercería acción penal contra el edil previa solicitud de desafuero al Congreso local.

A pesar de ello, el pasado 17 de noviembre, el ex alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta participación en la desaparición y posterior homicidio de Moisés Sánchez Cerezo. Anteriormente, 4 de noviembre, Martín López Meneses, quien fuera escolta del mismo ex alcalde y también subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo —acusado de ordenar, a petición del ex alcalde, la desaparición y homicidio del periodista— también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad, al ser procesado en prisión preventiva.

Las razones centrales que han derivado en la obtención de amparos a favor de los supuestos implicados en el homicidio del periodista, precisamente apuntan a la falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía General de Veracruz. El testimonio del presunto homicida confeso es de “oídas” (no le consta que tales funcionarios dieran la orden de asesinar a Moisés) y las declaraciones de funcionarios municipales sujetos al arraigo resultaron favorables para exculparlos de su participación en los hechos delictivos.

Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, abrió su propia indagatoria desde el 7 de enero, pero se ha negado rotundamente a ejercer su facultad de atracción. Desde una perspectiva contraria a derechos humanos y bajo una comprensión limitada del periodismo, se ha desacreditado la labor informativa de Moisés Sánchez como móvil del delito.

Tanto en el fuero común como en el federal graves omisiones afectan las investigaciones, como la pérdida de elementos de prueba fundamentales como videos de cámaras de C4 ubicadas en el trayecto de los perpetradores; y la falta de identificación pronta del resto de los autores. También se ha omitido realizar con prontitud diligencias clave como localización de testigos que pueden aportar datos sólidos sobre los perpetradores, análisis de llamadas y cruces de las mismas, levantamiento y análisis de huellas en armas y automóviles, entre otras.

Asimismo, ambas instituciones ministeriales incurrieron en graves fallas en la aplicación de protocolos procedimientos diligentes de localización y búsqueda de Moisés desde las primeras horas de la desaparición de Moisés Sánchez hasta que dieron con su paradero –por la mencionada confesión- el 24 de enero de 2014.

Para Artículo 19, la duplicidad de actuaciones en ambas Fiscalías ha prolongado y obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, imparcial, independiente, eficaz y exhaustiva, para conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez. Prueba de ello es que hasta la fecha, al menos 6 personas involucradas en los hechos continúan sin ser identificadas por las autoridades ministeriales, encontrándose prófugas de la justicia.

El  Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, – en otro golpe mediático- anunció al abogado Ricardo Javier Carrillo Almeida como Fiscal Especial para el caso de Moisés Sánchez. Este nombramiento no es garantía para el esclarecimiento de los hechos, mientras no exista voluntad por parte de las autoridades ministeriales para realizar una investigación realmente efectiva.

Por su parte,  tanto la Comisión Nacional como la estatal de Derechos Humanos han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones a derechos humanos de Moisés y su familia. No ha sido relevante para tales instituciones que existen elementos suficientes y consistentes para señalar las graves falencias en las investigaciones de la FGE y la FEADLE.

Por último, las medidas de seguridad otorgadas a la familia Sánchez por la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, se han reducido injustificadamente y han significado una carga económica los beneficiarios.

En este sentido, Artículo 19 considera que pese a la intervención de las instituciones encargadas de procurar justicia, proteger periodistas e investigar violaciones a derechos humanos, lejos de lograrse un abordaje integral de la problemática que representa el caso concreto, ha generado condiciones que colocan en mayor estado de vulnerabilidad a las víctimas.





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