Enfrentar desigualdad y pobreza debe ser prioridad en el Presupuesto 2016, pero no lo es: 60 organizaciones
Cuestionan que la iniciativa presupuestal enviada por Hacienda para el 2016 no está construida para combatir el rezago como prioridad y plantean seis puntos para corregir esa situación.
Las propuestas de expertos adiputados para "enfrentar la pobreza y la desigualdad" (Texto íntegro)
(Foto: Archivo / Cuartoscuro)

Representantes de más de 60 organizaciones plantearon este martes, en la Cámara de Diputados, que enfrentar la perpetuación de la desigualdad y la pobreza debe ser el eje, la prioridad número 1 del Presupuesto 2016, pero la iniciativa de la Secretaría de Hacienda “no está construida con esa lógica”.

Al presentar seis puntos para corregir esa situación, los representantes de las organizaciones señalaron:

Venimos en representación de un grupo de organizaciones muy distintas, con presencia y trabajo en muy diferentes ámbitos de la vida social, cívica, pública y cultural de nuestro país. Más de 60 organizaciones que, no obstante nuestras diferencias, ante la evidencia, compartimos la visión de que la desigualdad y la pobreza son problemas inmensos y, en realidad, la fuente de la que emanan muchos otros lastres y deformaciones del presente mexicano.

Por eso, para nosotros, enfrentar la perpetuación de la desigualdad y pobreza tendría que ser el eje, la prioridad número uno, el objetivo que recorra toda la lógica del Presupuesto en el año 2016, todavía más ahora, que los datos de nuestras instituciones más confiables (INEGI y CONEVAL) han mostrado que en los últimos años la pobreza creció y el ingreso de los mexicanos disminuyó.

Por desgracia, la iniciativa presupuestal enviada por Hacienda no está construida con esa lógica. No ubica a la pobreza ni a la desigualdad como su prioridad.
Lo que hemos venido a exponerles, señoras y señores diputados, son seis puntos que pueden corregir –así sea en parte- esta situación: colocar en el centro de la confección presupuestal, enfrentar a fondo la pobreza y la desigualdad.

Loa representantes que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se reunieron con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y señalaron que es urgente que las y los legisladores mexicanos respondan al justificado agravio que tiene la sociedad mexicana en esta materia. “Ningún mandato público podrá cumplirse a cabalidad, mientras la corrupción y la impunidad sigan medrando sobre el uso de los dineros y las atribuciones públicas”, señalaron los grupos de la sociedad civil.

Entre los representantes que participaron en la mesa de diálogo se encuentran Enrique Provencio, Instituto de Estudios para la Transición Democrática; Mauricio Merino, Red por la Rendición de cuentas; Edna Jaime de México Evalúa, Enrique Cárdenas de Centro de Estudios Espinosa Yglesias: Maite Azuela, DHP (Dejemos de Hacernos Pendejos) y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de ACFP.

Texto íntegro leído por el académico Mauricio Merino em representación de las organizaciones civiles:

México D.F. a 3 de noviembre de 2015.
 
Señoras y señores Legisladores:

Queremos agradecer de modo muy sincero, su hospitalidad y su presencia esta mañana. Su disposición a escucharnos y la voluntad de diálogo para explorar alternativas –precisamente- en estos momentos difíciles, momentos en los que a ustedes les corresponderá definir y votar el primer presupuesto a la baja que ocurre en el siglo XXI mexicano. De hecho, estamos ante el primer recorte en 20 años, probablemente estructural, para el mediano plazo y que viene de la mano de nuestro declive petrolero.  

Gracias al Diputado Jesús Zambrano, Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, por su interés y su implicación personal para la celebración de este encuentro. Nuestra gratitud.

Nos presentamos: venimos en representación de un grupo de organizaciones muy distintas, con presencia y trabajo en muy diferentes ámbitos de la vida social, cívica, pública y cultural de nuestro país. Más de 60 organizaciones que, no obstante nuestras diferencias, ante la evidencia, compartimos la visión de que la desigualdad y la pobreza son problemas inmensos y, en realidad, la fuente de la que emanan muchos otros lastres y deformaciones del presente mexicano.

Por eso, para nosotros, enfrentar la perpetuación de la desigualdad y pobreza tendría que ser el eje, la prioridad número uno, el objetivo que recorra toda la lógica del Presupuesto en el año 2016, todavía más ahora, que los datos de nuestras instituciones más confiables (INEGI y CONEVAL) han mostrado que en los últimos años la pobreza creció y el ingreso de los mexicanos disminuyó.

Por desgracia, la iniciativa presupuestal enviada por Hacienda no está construida con esa lógica. No ubica a la pobreza ni a la desigualdad como su prioridad.

Lo que hemos venido a exponerles, señoras y señores diputados, son seis puntos que pueden corregir –así sea en parte- esta situación: colocar en el centro de la confección presupuestal, enfrentar a fondo la pobreza y la desigualdad.

Se trata de seis medidas que comparten estas características:
1)    Concitan el consenso de cientos de organizaciones muy diversas. Expresan por eso, una posibilidad de encuentro de la pluralidad real del país.

2)    Se trata de propuestas estudiadas y debidamente fundamentadas. Cuentan con el rigor técnico necesario de organizaciones que se han especializado en muy distintos campos y que ahora lo ponen al servicio de este documento.

3)    Son medidas para tomar ahora, medidas que no resuelven ipso facto todos los problemas, pero que si constituyen un punto de inflexión, una nueva trayectoria en la manera en que se distribuyen y se aplican los recursos públicos en México.

Lo subrayamos: son seis propuestas que modifican seriamente las prioridades del paquete presupuestal y empiezan a colocar a la desigualdad y la pobreza como el centro de la preocupación y de las decisiones nacionales.

De modo que, si la Legislatura anterior será recordada por el cúmulo de reformas estructurales, nosotros quisiéramos ver a la presente legislatura -a ustedes- como la Legislatura que porta e impulsa la agenda de la justicia: de la justicia social, de los derechos humanos y del combate a la impunidad y la corrupción.

Esta Legislatura puede ser recordada así, con la condición de que empiece hoy, porque no hay tiempo y porque los problemas de la justicia, de la pobreza y de la desigualdad, son inmensos. Y a eso hemos venido.
Con ánimo de transmitir, con la mayor claridad nuestras propuestas, queremos formular 6 preguntas que invitan a la reflexión y a definiciones precisas. En caso que sus respuestas sean afirmativas, en un ánimo constructivo y de colaboración, les hemos venido a ofrecer soluciones y redacciones específicas para iniciar los cambios desde ahora, en la discusión y aprobación del Presupuesto 2016.
Distinguidos Legisladores:

Para hacer frente a la desigualdad y la pobreza y su perpetuación:
1.    ¿Están de acuerdo en trascender los esquemas clientelistas y el uso parcial, en ocasiones electoral, de los programas sociales?

2.    ¿Están de acuerdo en contribuir a la mejora del ingreso de los trabajadores más pobres, no en el futuro incierto, sino desde ahora?

3.    ¿Están de acuerdo en priorizar la inversión productiva, la infraestructura material, social, en las zonas con mayor rezago, en lugar de pagar deuda adelantada?

4.    ¿Están de acuerdo en reducir privilegios de los actores políticos y como una señal de cohesión y solidaridad, destinar los recursos a programas con impacto social?

5.    ¿Están de acuerdo en que la cobertura universal de salud sea una política real para erradicar esa carencia en los próximos 3 años?

6.    ¿Están de acuerdo en concluir el ciclo de reformas frente a la corrupción y por la rendición de cuentas, indispensables para lograr resultados en cualquier acción de política pública?

En caso que la respuesta sea afirmativa -y en verdad esperamos que sí lo sea- consideramos que esta Cámara tiene las facultades y los instrumentos para lograrlo.
1.    Padrón y Datos Abiertos

Para trascender los enfoques clientelistas y el uso electoral de los programas sociales, el primer paso es generar información transparente del destino de los recursos de los programas y dar el paso definitivo para contar con un padrón único, nacional, de beneficiarios como lo establece la Ley General de Desarrollo Social.
El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación en el artículo 26 puede incluir el mandato al Ejecutivo Federal de establecer la obligación de que los programas sociales transparenten el destino y aplicación de los recursos en formato de datos abiertos. De esa manera además contribuirán a cumplir los compromisos asumidos por México en la Alianza por el Gobierno Abierto, cuya cumbre se acaba de celebrar la semana pasada.
En el artículo 25 del Decreto del Presupuesto 2016 se puede incluir el mandato para establecer ya el padrón único para los programas sociales de transferencias en efectivo y en especie, así como para aquellos programas de subsidios a las personas y a los hogares.
Como un siguiente paso, se puede aprobar una reforma a la Ley General de Desarrollo Social para establecer el padrón único como la vía obligatoria de asignación de subsidios y transferencias a hogares y personas, así como los criterios para garantizar el acceso efectivo, la transparencia y mecanismos de vigilancia ciudadana.
2.    Liberar el salario mínimo y cambiar la forma en que se decreta cada año.

Para contribuir al aumento del ingreso de los trabajadores más pobres del país, (casi tres millones en el sector formal, más otros cuatro en el informal), esta Cámara puede aprobar de inmediato la Minuta aprobada por el Senado para desindexar el salario mínimo.
Puede formarse una Comisión de seguimiento para que las legislaturas en los estados trabajen duro y ese cambio fundamental, quede aprobado en noviembre de este año.
De modo tal que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en diciembre, no tenga excusas para iniciar el proceso de recuperación salarial y establezca que el salario mínimo para 2016 sea superior a la línea de pobreza fijada por CONEVAL. Este incremento aunque insuficiente, sería el primer paso para empezar la recuperación gradual del salario mínimo y el cumplimiento con lo establecido en el art. 123 de la Constitución.
Les informamos que las organizaciones ciudadanas que impulsamos estas propuestas estaremos exigiendo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijar para 2016 el salario mínimo por encima de los $86.40 que es la línea de pobreza fijada por CONEVAL. (Dato a septiembre 2015)
Un salario mínimo de $87 para 2016 es una medida posible, con nuestra estructura productiva y en estas condiciones macroeconómicas.
3.    Invertir la ganancia cambiaria.

Para promover la inversión productiva en las zonas de mayor rezago social y una vez aprobadas las medidas de transparencia y rendición de cuentas que aprobó el Senado en la Ley de Ingresos, resulta indispensable revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda que mandata que las ganancias cambiarias del Banco de México se destinen en un cien por ciento al pago anticipado de deuda.
Para decirlo en palabras llanas: el hecho de que BANXICO haya comprado dólares de 11 o 12 pesos durante años, y ahora haya vendido una gran cantidad a 15 y 16 pesos, representa una ganancia que debe ser bien dirigida y bien invertida.
La intención de pagar deuda anticipada carece de racionalidad económica. En condiciones de estrechez de ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses bajos no es racional, ni eficiente, ni recomendable.

Queremos dejarlo muy claro: no estamos proponiendo no pagar la deuda, estamos proponiendo no pagarla anticipadamente con los recursos extraordinarios generados por la ganancia cambiaria obtenida por el Banco de México.

Tampoco se pueden usar esos recursos para gasto corriente o para gasto suntuario. Tampoco proponemos crear estructuras que produzcan nuevas presiones de gasto futura. Su inversión en infraestructura productiva y social, en aquellas zonas de rezago social, en un fondo con especial vigilancia de esta Cámara y de la sociedad, puede sentar un precedente virtuoso de cómo generar fondos de equidad y combate a la desigualdad de manera eficaz y transparente.
Para ello se requiere reformar la propuesta de la Secretaría de Hacienda a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que pretende obligar a usar estos recursos de la ganancia cambiaria forzosamente al pago anticipado de deuda.

4.    Reducir privilegios de actores políticos

Para enviar un claro mensaje de solidaridad y de cohesión social, proponemos reducir las prerrogativas de los actores políticos y destinar esos recursos a programas de impacto social. Para eso se requiere por una parte, una reforma al art. 41, fracción II, inciso A de la Constitución en la que se establezca que el financiamiento público a los partidos políticos se fije multiplicando la nueva unidad de medición y actualización –la unidad que sustituye al salario mínimo para definir otros precios que no sean salarios- por el número total de votos válidos de la elección anterior.
Eso modifica la tendencia incremental de los recursos a los partidos políticos, dado que la actual redacción fija que el financiamiento se calcula multiplicando por el número de electores en el padrón electoral.  Modificar el factor y alinearlo a los votos válidos además genera incentivos a los partidos en su conjunto para convencer a los electores de ejercer su derecho y reducir el abstencionismo.
En otro tenor: también se requiere adicionar en el artículo 17 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación la estricta prohibición de pagos extraordinarios de cualquier índole a los mandos superiores de todas las entidades de gobierno y públicas.  Aguinaldos superiores a 40 días, bonos extraordinarios, compensaciones por desempeño, fondos de gestión y otros pagos diferentes al salario y las prestaciones regulares del conjunto de la administración pública deben ser erradicados en un contexto de tanta pobreza y tal desigualdad.
Los recursos liberados por estas reformas se pueden destinar a inversiones de gran impacto social, como la cobertura en salud y la mejora de la infraestructura de las escuelas, especialmente aquellas que carecen de baños, agua potable, salones y equipamiento mínimo, como lo ha documento el censo escolar reciente.

5.    Garantizar el derecho a la salud para todos (universal)

Si están de acuerdo en iniciar la construcción de un “piso” de derechos sociales básicos para toda la población, un primer paso al alcance es promover el logro de la cobertura universal de salud para toda la población, en los próximos 3 años.
La cobertura universal de salud fue un mandato de la Reforma a la Ley General de Salud de 2003 que debió cumplirse en 2010.  En la reciente medición de la pobreza de CONEVAL, se muestra que aún hay 20 millones de compatriotas, 18% de la población, que no tiene acceso a servicios.

Destinar una parte de los recursos liberados de la eliminación de los privilegios de los altos mandos y del financiamiento a los partidos, para ampliar la cobertura de salud es una medida posible, en el marco institucional vigente y en cumplimiento de disposiciones que fueron aprobadas hace ya 12 años.

Resulta importante subrayar además que la Secretaría de Salud debe cumplir con las obligaciones de transparencia para que los recursos transferidos a los servicios estatales garanticen la atención efectiva de la población.

6. Concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción.

Nada de lo anterior podrá lograrse, mientras el país siga atado a un marco jurídico y organizacional que ha tolerado la apropiación y la desviación de los recursos públicos sin oponer una política nacional de rendición de cuentas, capaz de garantizar que los programas presupuestarios cumplan con sus cometidos, que no sean utilizados para otros fines que los establecidos por la representación popular, que se ejerzan con la más absoluta transparencia, sin excusas ni pretextos y que anulen la impunidad ante los hechos de corrupción. Es urgente que las y los legisladores mexicanos respondan al justificado agravio que tiene la sociedad mexicana en esta materia. Ningún mandato público podrá cumplirse a cabalidad, mientras la corrupción y la impunidad sigan medrando sobre el uso de los dineros y las atribuciones públicas.

***

Señoras y señores legisladores: esta es la agenda de justicia, posible, para trabajarse en las siguientes semanas –no meses, semanas- y que empezaría a modificar el rostro desfigurado de nuestro país.

Por nuestra parte, estamos listos para participar y aportar en este debate con las propuestas específicas de nuestras organizaciones especializadas, conforme Uds. las requieran y para lo cual, esperamos se abra un canal de comunicación ágil y enfocado en esta agenda.

La Legislatura a la que ustedes pertenecen puede empezar habiendo historia con estas y otras medidas, claras, específicas, sin ambigüedades.
La desigualdad y la pobreza no pueden seguir siendo los problemas que -algún día- se resolverán como resultado de las reformas estructurales.  Ante su persistencia por falta de movilidad social es imperante actuar de inmediato, con visión de futuro.

Creemos que ha llegado la hora de cambiar las prioridades, instalar un punto de inflexión en el Presupuesto, y emitir un mensaje real, material, de solidaridad y de cohesión social, como el que le urge a la nación.

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