Rechaza SNA pedir informe al Ejecutivo sobre espionaje, porque no se trata de corrupción
"No está ni remotamente probado", que el gobierno haya espiado a comunicadores, dijo Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
(Foto: [email protected]).

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción rechazó la propuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de pedir al Ejecutivo federal que informe sobre las denuncias de espionaje gubernamental contra periodistas y activistas.

El CPC solicitó al Comité Coordinador que hiciera un exhorto al Ejecutivo federal para que informara sobre la probable intervención de comunicaciones telefónicas desde dependencias federales hacia comunicadores y defensores de derechos humanos, con base en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El artículo señala que el CPC puede solicitar que el Comité Coordinador emita exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera aclaración pública.

Al CPC le pareció que, de comprobarse la información publicada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y organizaciones de la sociedad civil mexicanas, se habría cometido una “grave violación a los derechos fundamentales, a la vida privada de las personas”, dijo la presidenta del CPC, Jaqueline Peschard, durante la segunda sesión ordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, realizada este lunes.

La propuesta del CPC fue rechazada por cinco votos en contra y uno a favor. Los votos en contra fueron de Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación; Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, y Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal. A favor sólo se pronunció Jacqueline Peschard.

Pérez Daza argumentó que la propuesta del CPC no reunía los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el sentido de que la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad competente no constituye un hecho de corrupción.

Juan Manuel Portal, Francisco Javier Acuña, Arely Gómez se sumaron a la opinión de Pérez Daza, al igual que Chaurand, quien afirmó que “no está ni remotamente probado, ante nadie ni mucho menos ante autoridad competente” el supuesto espionaje gubernamental.

Segunda sesión ordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción:







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