INAI exhibe al Ejército: sí tiene cifras sobre civiles muertos y debe entregarlas
La regulación del uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea ordena elaborar un informe detallado de cada ocasión en que los soldados abren fuego contra civiles: Areli Cano Guadiana.
Culiacan-Balacera-5
CULIACÁN, SINALOA, 20ABRIL2015.- Un fuerte enfrentamiento entre presuntos secuestradores y elementos de la policía ministerial del estado , dejo como saldo 3 personas sin vidas y uno mas detenido. Los hechos ocurrieron en la colonia Cañadas en la calle Sierra Tarahumara, la balacera duro aproximadamente una hora en una casa de seguridad donde se encontraba una persona privada de su libertad, al lugar arribaron elementos del ejercito mexicano y elementos de la marina para brindar apoyo ademas peritos y ministerio publico recolectaron decenas de casquillos de grueso calibre los cuales realizan las investigaciones correspondientes. FOTO: RASHIDE FRIAS / CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a informar desde abril de 2014 cuántos civiles han muerto en operativos donde participan soldados, argumentando que no tiene la obligación de llevar el registro, aunque sus protocolos obligan a tener los datos.

Sin embargo, una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reveló que el Ejército sí cuenta con estos números e incluso algunos los ha publicado en boletines de prensa.

El equipo de Aristegui Noticias ha presentado al menos cinco solicitudes de información sobre esta estadística y desde el 6 de abril de 2014, la respuesta del Ejército ha sido la misma: declarar la inexistencia de los datos, argumentando que no tiene la obligación de contar cuántos civiles han muerto en sus operativos y recomendando preguntar a la Procuraduría General de la República.

El 3 de junio de 2015, el pleno del INAI aprobó el recurso de revisión RDA 1759/15, en el que la comisionada Areli Cano Guadiana estableció que la “directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea” ordena a las fuerzas armadas elaborar un informe detallado de cada ocasión en que los soldados abren fuego contra civiles.

Lo mismo indica el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas: “Cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civiles o militares muertos o heridos (los soldados procederán a) Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza”.

Estos argumentos ya se habían considerado en recursos de revisión anteriores y se había ordenado a Sedena buscar y entregar los datos; sin embargo, la respuesta del Ejército siempre fue declarar la inexistencia de los datos.

En este caso, la comisionada Areli Cano revisó el portal web de la Secretaría: el 5 de mayo de 2015 el Ejército publicó un boletín sobre el ataque a un helicóptero en el marco del operativo “Jalisco”.

Luego de detallar y lamentar el número de elementos fallecidos en la operación, se informa que “Durante los hechos perdieron la vida nueves agresores, asegurándose quince armas largas(…)”.

Esta publicación revela que el Ejército sí anota cuántos civiles han muerto en sus operaciones. Fueron 13 meses, desde abril de 2014 a mayo de 2015, en los que el Ejército escondió la información pública.

En palabras de la comisionada: “De la información localizada, es posible advertir que cuando el personal militar hace uso de la fuerza, la Secretaría de la Defensa Nacional, además de tener conocimiento de los hechos y circunstancias del evento, conocer el número de personas y militares muertos”.

El documento, avalado por todos los comisionados, establece que existen elementos suficientes para determinar que Sedena “dejó de garantizar el derecho de acceso a la información pública” al decir que no tenía los datos.

Una vez que se descubrió que Sedena sí cuenta el número de civiles que mueren en operativos donde participan soldados, el sujeto obligado dispone de 10 días para buscar y entregar los datos.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, afirmó que los sujetos obligados que buscan evadir sus obligaciones de transparencia, prefieren responder que no tienen los archivos solicitados: “la inexistencia es mucho más difícil de combatir, porque *hacen pasar como si no fuera su obligación”.

Dijo que uno de los precedentes en la materia es el caso Gomes-Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en él se señala que en Estados de impunidad y de violación de derechos humanos, la autoridad tiene la obligación de generar la información para la reconstrucción de la historia y de la memoria histórica, con el objetivo final de construir sociedades democráticas.

Sostuvo que el reto es obligar a que cada dependencia documente con precisión las actividades que realiza y que cuente con protocolos para organizar la información,  pues tienen detectado que ni los propios sujetos obligados conocen sistemáticamente sus documentos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, Sedena transparentó la estadística sobre civiles y soldados muertos o heridos en enfrentamientos. Sin embargo, a partir del 5 de abril de 2014, el Ejército decidió descontinuar la estadística, argumentando que no es su atribución.

El 2 de julio de 2014, el diario Reforma publicó que en 19 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejército había abatido a 606 civiles. El reporte tiene cifras hasta el mes de abril, justo la fecha en que se implementó la política de no contar más a las víctimas de la lucha contra el crimen desde Sedena.



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